La polifonía de las víctimas

Situar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el centro del Acuerdo Final de 2016 fue una conquista de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los equipos negociadores escucharon sus voces e incorporaron en el Acuerdo acciones para resolver la tensión entre hacer todo lo necesario para alcanzar la paz y hacer todo lo necesario para satisfacer los derechos de las víctimas, asunto esencial a la justicia transicional. La creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición compuesto por acciones judiciales y extrajudiciales integró los esfuerzos del Estado colombiano y de las Farc-Ep por reconocer y responsabilizarse ante las víctimas por lo ocurrido durante el conflicto armado.

Dicho sistema se incorporó rápidamente a la Constitución. Se expidió una ley de amnistía que excluyó los delitos más graves, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad, fijando en esta materia el estándar más alto de protección de los derechos de las víctimas en el contexto de un acuerdo de paz. También se estableció la inmediata operación de JEP, entidad encargada de someter a la justicia a los responsables de los crímenes no amnistiados. Sin embargo, la llegada al Gobierno de quienes habían liderado el no al Acuerdo de Paz produjo tensiones en el proceso de reglamentación por la inclusión de varios “micos”, que por fortuna la Corte Constitucional no dejó pasar, y por las objeciones improcedentes a la ley estatutaria de la JEP que impidieron la rápida operación de esta jurisdicción. Una vez estuvo completo el marco normativo de la JEP, sin perjuicio de los constantes retos presupuestales, esta entidad no ha parado.

Ha sometido a la justicia a más de 13.000 exintegrantes de las Farc-Ep, de la fuerza pública y terceros civiles. En los 10 macrocasos abiertos hasta ahora, con cerca de 70.000 decisiones proferidas y mil informes recibidos, ha contado con una amplia participación de las víctimas en los procedimientos. En escenarios que terminan por agotar positivamente la expresión “hecho histórico”, al serlo con cada paso, se han recibido reconocimientos de verdad y responsabilidad de los crímenes por los victimarios, de todos los lados, lo que no habría pasado sin el Acuerdo de Paz. La JEP ha sido la mejor experiencia de justicia posible, perfectible como toda obra humana, y se ha convertido en un referente en el contexto internacional. Esta entidad ha permitido conocer de primera mano la tragedia de la absurda guerra en Colombia.

La Comisión de la Verdad también permitió esto. Con el reto de operar ante la violencia incesante y en medio de una pandemia, desarrolló un proceso titánico de escucha directa de más de 30.000 personas, entre víctimas, victimarios y otros actores, y entregó el pasado 28 de junio un Informe Final con sus hallazgos y recomendaciones. Este informe nos cuenta de primera mano la tragedia que ha sido la guerra contra la población civil, encontrando que ocho de cada 10 personas asesinadas fueron civiles que no participaban del conflicto. También relata los impactos de los crímenes y su impunidad sobre la democracia y el Estado de derecho, los actores vinculados y las dinámicas políticas, el papel del narcotráfico en la persistencia del conflicto y las resistencias de las víctimas; entre otros. Pero el informe no solo mira al pasado, sino que a partir del ejercicio de esclarecimiento propone recomendaciones para mejorar la convivencia y la no repetición, poniendo el foco en un futuro con paz. A seis años del Acuerdo la sociedad tiene la responsabilidad de conocer el informe, rechazar la violencia y ocuparse por mejorar la vida de las futuras generaciones.

Hay que persistir en la paz, como lo hacen incansablemente las familias de las personas desaparecidas en la búsqueda de sus seres queridos. En estos seis años entró en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y ha tenido el desafío de buscar a más de 100.000 personas, la cifra más alta de este delito en el mundo. Es una labor silenciosa, técnica y que se debe hacer de la mano con las víctimas. Más de 600 cuerpos recuperados y la identificación de más de 5.000 lugares en donde buscar evidencian la dificultad de la labor y la importancia de apostar con empeño en su continuidad.

Los desafíos de la justicia transicional son permanentes. El balance de estos seis años es positivo porque, a pesar de las dificultades, ha operado una institucionalidad robusta para satisfacer los derechos de las víctimas. Y ese es el tal vez el elemento más importante. La voz de las víctimas ha estado presente antes, durante y después del Acuerdo de Paz. Esta es una característica de nuestra experiencia localizada, que es significativa para el mundo. A seis años del Acuerdo, la polifonía de las víctimas debe seguir siendo el centro de su implementación.

*Coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas

Situar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el centro del Acuerdo Final de 2016 fue una conquista de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los equipos negociadores escucharon sus voces e incorporaron en el Acuerdo acciones para resolver la tensión entre hacer todo lo necesario para alcanzar la paz y hacer todo lo necesario para satisfacer los derechos de las víctimas, asunto esencial a la justicia transicional. La creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición compuesto por acciones judiciales y extrajudiciales integró los esfuerzos del Estado colombiano y de las Farc-Ep por reconocer y responsabilizarse ante las víctimas por lo ocurrido durante el conflicto armado.

Dicho sistema se incorporó rápidamente a la Constitución. Se expidió una ley de amnistía que excluyó los delitos más graves, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad, fijando en esta materia el estándar más alto de protección de los derechos de las víctimas en el contexto de un acuerdo de paz. También se estableció la inmediata operación de JEP, entidad encargada de someter a la justicia a los responsables de los crímenes no amnistiados. Sin embargo, la llegada al Gobierno de quienes habían liderado el no al Acuerdo de Paz produjo tensiones en el proceso de reglamentación por la inclusión de varios “micos”, que por fortuna la Corte Constitucional no dejó pasar, y por las objeciones improcedentes a la ley estatutaria de la JEP que impidieron la rápida operación de esta jurisdicción. Una vez estuvo completo el marco normativo de la JEP, sin perjuicio de los constantes retos presupuestales, esta entidad no ha parado.

Ha sometido a la justicia a más de 13.000 exintegrantes de las Farc-Ep, de la fuerza pública y terceros civiles. En los 10 macrocasos abiertos hasta ahora, con cerca de 70.000 decisiones proferidas y mil informes recibidos, ha contado con una amplia participación de las víctimas en los procedimientos. En escenarios que terminan por agotar positivamente la expresión “hecho histórico”, al serlo con cada paso, se han recibido reconocimientos de verdad y responsabilidad de los crímenes por los victimarios, de todos los lados, lo que no habría pasado sin el Acuerdo de Paz. La JEP ha sido la mejor experiencia de justicia posible, perfectible como toda obra humana, y se ha convertido en un referente en el contexto internacional. Esta entidad ha permitido conocer de primera mano la tragedia de la absurda guerra en Colombia.

La Comisión de la Verdad también permitió esto. Con el reto de operar ante la violencia incesante y en medio de una pandemia, desarrolló un proceso titánico de escucha directa de más de 30.000 personas, entre víctimas, victimarios y otros actores, y entregó el pasado 28 de junio un Informe Final con sus hallazgos y recomendaciones. Este informe nos cuenta de primera mano la tragedia que ha sido la guerra contra la población civil, encontrando que ocho de cada 10 personas asesinadas fueron civiles que no participaban del conflicto. También relata los impactos de los crímenes y su impunidad sobre la democracia y el Estado de derecho, los actores vinculados y las dinámicas políticas, el papel del narcotráfico en la persistencia del conflicto y las resistencias de las víctimas; entre otros. Pero el informe no solo mira al pasado, sino que a partir del ejercicio de esclarecimiento propone recomendaciones para mejorar la convivencia y la no repetición, poniendo el foco en un futuro con paz. A seis años del Acuerdo la sociedad tiene la responsabilidad de conocer el informe, rechazar la violencia y ocuparse por mejorar la vida de las futuras generaciones.

Hay que persistir en la paz, como lo hacen incansablemente las familias de las personas desaparecidas en la búsqueda de sus seres queridos. En estos seis años entró en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y ha tenido el desafío de buscar a más de 100.000 personas, la cifra más alta de este delito en el mundo. Es una labor silenciosa, técnica y que se debe hacer de la mano con las víctimas. Más de 600 cuerpos recuperados y la identificación de más de 5.000 lugares en donde buscar evidencian la dificultad de la labor y la importancia de apostar con empeño en su continuidad.

Los desafíos de la justicia transicional son permanentes. El balance de estos seis años es positivo porque, a pesar de las dificultades, ha operado una institucionalidad robusta para satisfacer los derechos de las víctimas. Y ese es el tal vez el elemento más importante. La voz de las víctimas ha estado presente antes, durante y después del Acuerdo de Paz. Esta es una característica de nuestra experiencia localizada, que es significativa para el mundo. A seis años del Acuerdo, la polifonía de las víctimas debe seguir siendo el centro de su implementación.

*Coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas