La producción de la impunidad

Por: César Augusto Muñoz M. - ASFADDES

Es contradictorio pero en casos como la violencia contra las mujeres, el asesinato de líderes sociales y la desaparición forzada, los organismos encargados de administrar justicia son productores de impunidad.

Tal es el caso de Doña Ana Lucero Giraldo Salazar, ella es madre de Wuilinton Giraldo Salazar detenido y desaparecido el sábado 28 de octubre por hombres armados en el departamento de Norte de Santander en el lugar conocido como Puerto Santander. Los verdugos se lo llevaron bajo el argumento de ser “guerrillero” y “familiar de guerrilleros”. Dos jóvenes que se transportaban con él fueron liberados. Estas personas informaron que al joven lo amarraron a un palo y que los captores manifestaron que lo matarían. Líderes de la comunidad fueron al lugar en donde se encontraba el grupo armado para rescatarlo, pero los criminales les dijeron que no lo buscaran más porque ya había sido asesinado y tirado al rio. Una historia repetida en Colombia de manera sistemática desde finales de los años 70.

(Ver: "Dejar morir")

Con la angustia infinita de quien no sabe que sucedió con su hijo, doña Lucero se dirigió el domingo a primera hora a la Fiscalía de la ciudad de Bucaramanga donde ella reside a poner la denuncia de la desaparición de su hijo. De manera despectiva, le aclararon que los domingos esa institución no trabaja. Ella es la madre de una persona reincorporada de las Farc y tía de Norbey Tellez Ropero, exguerrillero que fue asesinado en el municipio del Tarra hace dos meses. Al siguiente día ella regresa, esta vez acompañada de un funcionario de la Agencia para la Reincorporación (ARN). Al llegar, les aclaran dos temas que la Fiscalía considera fundamentales en el caso, primero, en la zona no hay paramilitares, porque estos grupos ya no existen. Y segundo, ella no puede hacer la denuncia en la Fiscalía, debe dirigirse al Gaula porque es un secuestro extorsivo. En el Gaula, le informan que no pueden activar la búsqueda porque esa zona no es de su jurisdicción, por lo tanto debe dirigirse hasta Cúcuta. Finalmente, el funcionario de la ARN exige que la Fiscalía tome la denuncia, esta vez el fiscal ordena y una secretaría decide tomar la denuncia de nuevo como secuestro extorsivo. Todo eso sucede en las horas de la mañana del día lunes 30 de octubre.

A mediodía del lunes, Pedro Trujillo Hernández Director del ETCR Carrizal e integrante del partido Farc, solicita la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente –MBU-, ASFADDES junto con los responsables de DDHH de este partido político e integrantes de Marcha Patriótica hacen seguimiento mediante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas a la activación de esta herramienta.

(Puede leer: "Memoria y saberes campesinos en Cabrera")

Esta es una muestra evidente de la producción de impunidad de las instituciones encargadas de administrar justicia. Se supone que la Fiscalía es letrada en la definición constitucional de la desaparición forzada, sabe muy bien que desde el año 2000 cuando fue tipificado este delito se creó el MBU para prevenir hechos como los de Wuilinton. El mecanismo es una herramienta para salvar vidas por eso su activación debe ser de manera inmediata siempre que se presuma que una persona ha sido desaparecida. Cualquier juez o fiscal tiene la obligación de activarlo y su propósito fundamental es proteger los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, la familia, la personalidad jurídica, la seguridad social, el acceso a la justicia, a un debido proceso y al libre desarrollo de la personalidad. Los funcionarios de la FGN además del trato despectivo con doña Lucero, le negaron a Wuilinton de manera racional la búsqueda inmediata, perdiendo así horas fundamentales para salvar su vida.

Al momento de terminar de escribir esta columna 01/11/2017 doña Lucero ya debe haber llegado a Cúcuta. No aguanta más la dolorosa espera lejos del lugar donde su hijo fue visto por última vez, no soporta más la tortura de ver cómo pasan los días sin señales de Wuilinton. A pesar de las recomendaciones, hizo maletas cogió un bus y se fue con su dolor a cuestas, arriesgando su vida para hacer lo que miles de mujeres pobres familiares de personas desaparecidas han hecho en este país luego de estrellarse con instituciones como la Fiscalía, buscar ellas mismas a sus desaparecidos, convertirse en investigadoras. El amor por sus seres queridos ausentes, las va guiando por caminos inhóspitos y peligrosos indagando por una señal de vida, una prenda, un indicio.

Todo lo que suceda con Wuilinton y doña Lucero es responsabilidad directa del Estado porque a diferencia del argumento de la Fiscalía, es claro que en la zona si hay paramilitares y se mueve en connivencia con las autoridades y también hubo o ¿hay? (eso lo deberían establecer las autoridades) Hornos crematorios donde fueron incinerados cientos de víctimas por el frente fronteras de las AUC, como lo documentó el periodista Javier Osuna. Todo eso lo sabe doña Lucero y su familia, pero ante la angustia infinita ellos como miles de familiares de desaparecidos en Colombia entienden que “cuando la oscuridad no da respuesta, cualquier luz es la esperanza de encontrar al ser querido”.