Está suficientemente claro que los derechos a la reunión y manifestación son fundamentales, lo que incluye la protesta, se interrelacionan con las libertades de expresión, asociación y participación, su ejercicio es público y debe ser pacífico, las calles, plazas y parques son el escenario idóneo; así lo ha desarrollado ampliamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional conforme a los mandatos de la Carta de 1991, en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
La convocatoria ciudadana al paro nacional del pasado 21 de noviembre y las subsiguientes jornadas, cimentadas en la inconformidad social con el Gobierno Duque, con el sistema político y económico imperante, estuvieron precedidas por toda una campaña de desprestigio para contrarrestarlo, para evitar su realización. Se identifica a los promotores de las marchas como delincuentes; se relaciona la protesta con la alteración del orden público y a quienes se movilizan en las calles con vándalos; sirviéndose para ello de las redes sociales y la resonancia de algunos medios de comunicación poco objetivos. Así se creó un ambiente de zozobra, de miedo, de impotencia, lo que no pudo opacar el multitudinario sentir ciudadano, pacífico, artístico, aunque también se produjo la destrucción de bienes y se afectó la integridad de las personas, por la acción de unos cuantos violentos, todo esto y sin distinción generó una desbordada intervención de la fuerza policial.
La tragedia colombiana con final fatal se advertía por el Gobierno, por eso no se hicieron esperar los allanamientos dispuestos por la fiscalía, tan fallidos en sus resultados como las capturas sin pruebas a estudiantes; el “apoyo preventivo” de los militares en las calles; el decreto presidencial que faculta a los alcaldes para ordenar el toque de queda en aras de la “conservación del orden público y garantizar el derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”. Todo esto encierra un contrasentido, ya que los males se atribuyen a las protestas, entonces ¿se trató de prever lo previsible? o ¿se hizo lo posible para que el paro fracasara y que determinados hechos de violencia se mostraran como la regla y no como la excepción?
Hoy el momento histórico es otro, el paro no fracasó, no se debilitó, por el contrario, hay una diversidad de movimientos ciudadanos y sociales con una importante representatividad; se han iniciado las conversaciones, pero vale la pena considerar unos elementos básicos de resolución alternativa de disputas, que especialmente el presidente de la República y su Gobierno deberían tener en cuenta, para que no prime la cólera y la soberbia sino la objetividad, bajo el entendido que hay una genuina pretensión de superar los problemas sociales y económicos que demandan los ciudadanos.
Los conflictos no se eliminan, se trasforman. Dado que las causas son variadas y se han acumulado durante años, desconocer que existen razones válidas para protestar o que la inconformidad carece de sustento, es negar lo evidente. Ello implica, que la estrategia es abordar los conflictos, no ocultarlos, esquivarlos o postergarlos; siendo claro que su superación no es a corto plazo ni corresponde únicamente al actual presidente.
Hay que escuchar para poder dialogar. El dialogo es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas, posiciones o propuestas en forma alternativa; y el dialogo social comprende intercambio de información, consultas y negociación; para el caso en comento, se da entre las organizaciones, instituciones, asociaciones o grupos de personas, quienes actúan a través de sus representantes y el Gobierno, cuya finalidad es llegar a algún tipo de acuerdo.
Reconocer a las partes o interlocutores. La descalificación o la imposición sobre a quien se considera como parte legítima o válida, cuando las causas o reivindicaciones están lideradas por otras personas u organizaciones, es equívoco, aquí no opera la subjetividad sino lo fáctico. Empezar los diálogos con los representantes de los gremios, y no con los líderes o promotores del paro, fue una forma de invisibilizarlos o de restarles importancia. Forzado por las circunstancias el presidente de la República aceptó como interlocutor al Comité Nacional del Paro, pero ciertamente hay otros actores y se requiere la conformación de una Mesa Nacional de Diálogo, democrática y plural, de no ser así, se repetirán los errores, pues las grandes discusiones y decisiones se llevarán a cabo entre unos pocos, los de siempre, estando ausente o marginada la ciudadanía, la gente del común, las expresiones existentes o las nuevas quedarán ignoradas; en razón a que los conflictos son cíclicos y dinámicos, si el tratamiento es aparente, se reproducirán con mayor fuerza en otro momento.
Tener en cuenta el contexto y el sentido. Desde lo sociológico, el contexto es el ambiente, esto es el lugar y el momento que se está viviendo; y el sentido la forma como las personas intervienen en el conflicto, valoran los hechos y le dan significados. Hay una realidad latinoamericana, con problemas similares en los pueblos y Colombia no es ajena a ellos, siendo prioritaria la atención a sus particularidades como el agudo conflicto armado que padece hace muchos años, la violencia y una enorme desigualdad social. Si bien estas situaciones han estado presentes en diferentes gobiernos, el actual lleva quince meses y el presidente ha llegado a una desaprobación del 69%, lo que implica en términos de legitimidad que se requiere un proceso de autoevaluación, tomar los correctivos, ya que su gestión no tiene asentimiento popular; la lectura, interpretación y propósitos que los actores tienen sobre los hechos y situaciones generadores del paro, aunque diferentes o divergentes, son esenciales y valiosas.
La intencionalidad es determinante. A través de las formas de actuar las partes atribuyen intenciones o propósitos a la otra, no siempre ajustadas a la verdad o a la realidad y de esto dependerá que el conflicto se agrave o disminuya en sus causas y efectos, esto es la escalada o desescalada del conflicto. El Gobierno ha utilizado hasta el momento la intención evasiva, no convenir, lo que implica desinterés por las necesidades y aspiraciones ajenas; aunque se acepta que hay varios problemas para tratar, se desconoce temas esenciales, por ejemplo, el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, desdibujado con la mesa de paz con legalidad donde se inicia con propósitos que distan de su implementación pronta y efectiva; la eliminación o modificación del ESMAD; los diálogos con el ELN y otros grupos armados.
Por eso se requiere un cambio de actitud de las partes, aunque el actor con poder y decisión es el Gobierno, estas materias son vinculantes para todos; se puede optar por la intención colaboradora que busca resolver los problemas aclarando las diferencias, o la de concesiones cuando las partes ceden en peticiones o intereses (Pallares Bossa, 2003).
Por otro lado, hay unos asuntos que ciertamente corresponden a un deseo de justificación y de esquivar responsabilidades derivadas de los graves problemas que vive el país, uno de ellos es la xenofobia contra los venezolanos; considerar que la violencia o la delincuencia se debe a estas personas no solo desdice de la condición humana, es degradante, sino que políticamente es inconsecuente, más aun cuando millones de colombianos tuvieron que huir durante décadas a Venezuela por el conflicto armado y la falta de oportunidades en el territorio nacional; en ciertos países ese lastre lo cargan los colombianos, es claro que quien delinca debe ser sancionado sin que su “nacionalidad sea un agravante”.
Particular situación aconteció con la presentación de una acción popular, que entre sus pretensiones busca que los infiltrados y sus acciones vandálicas sean contrarrestados por quienes protestan; la seguridad, la persecución a los delincuentes, le corresponde a las autoridades por mandato constitucional sin necesidad de sentencias judiciales; los jueces tampoco pueden dar órdenes al presidente para que declare la conmoción interior, ya que la valoración y el cumplimiento de los requisitos para optar por este estado de excepción le está atribuido exclusivamente al presidente. Para finalizar, se sostiene, dentro de una visión alternativa, que los conflictos no deben entenderse como problemas irresolubles, sino como una oportunidad de cambio y transformación; el viraje puede ser hacía un Gobierno incluyente, que convoque.
Está suficientemente claro que los derechos a la reunión y manifestación son fundamentales, lo que incluye la protesta, se interrelacionan con las libertades de expresión, asociación y participación, su ejercicio es público y debe ser pacífico, las calles, plazas y parques son el escenario idóneo; así lo ha desarrollado ampliamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional conforme a los mandatos de la Carta de 1991, en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
La convocatoria ciudadana al paro nacional del pasado 21 de noviembre y las subsiguientes jornadas, cimentadas en la inconformidad social con el Gobierno Duque, con el sistema político y económico imperante, estuvieron precedidas por toda una campaña de desprestigio para contrarrestarlo, para evitar su realización. Se identifica a los promotores de las marchas como delincuentes; se relaciona la protesta con la alteración del orden público y a quienes se movilizan en las calles con vándalos; sirviéndose para ello de las redes sociales y la resonancia de algunos medios de comunicación poco objetivos. Así se creó un ambiente de zozobra, de miedo, de impotencia, lo que no pudo opacar el multitudinario sentir ciudadano, pacífico, artístico, aunque también se produjo la destrucción de bienes y se afectó la integridad de las personas, por la acción de unos cuantos violentos, todo esto y sin distinción generó una desbordada intervención de la fuerza policial.
La tragedia colombiana con final fatal se advertía por el Gobierno, por eso no se hicieron esperar los allanamientos dispuestos por la fiscalía, tan fallidos en sus resultados como las capturas sin pruebas a estudiantes; el “apoyo preventivo” de los militares en las calles; el decreto presidencial que faculta a los alcaldes para ordenar el toque de queda en aras de la “conservación del orden público y garantizar el derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”. Todo esto encierra un contrasentido, ya que los males se atribuyen a las protestas, entonces ¿se trató de prever lo previsible? o ¿se hizo lo posible para que el paro fracasara y que determinados hechos de violencia se mostraran como la regla y no como la excepción?
Hoy el momento histórico es otro, el paro no fracasó, no se debilitó, por el contrario, hay una diversidad de movimientos ciudadanos y sociales con una importante representatividad; se han iniciado las conversaciones, pero vale la pena considerar unos elementos básicos de resolución alternativa de disputas, que especialmente el presidente de la República y su Gobierno deberían tener en cuenta, para que no prime la cólera y la soberbia sino la objetividad, bajo el entendido que hay una genuina pretensión de superar los problemas sociales y económicos que demandan los ciudadanos.
Los conflictos no se eliminan, se trasforman. Dado que las causas son variadas y se han acumulado durante años, desconocer que existen razones válidas para protestar o que la inconformidad carece de sustento, es negar lo evidente. Ello implica, que la estrategia es abordar los conflictos, no ocultarlos, esquivarlos o postergarlos; siendo claro que su superación no es a corto plazo ni corresponde únicamente al actual presidente.
Hay que escuchar para poder dialogar. El dialogo es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas, posiciones o propuestas en forma alternativa; y el dialogo social comprende intercambio de información, consultas y negociación; para el caso en comento, se da entre las organizaciones, instituciones, asociaciones o grupos de personas, quienes actúan a través de sus representantes y el Gobierno, cuya finalidad es llegar a algún tipo de acuerdo.
Reconocer a las partes o interlocutores. La descalificación o la imposición sobre a quien se considera como parte legítima o válida, cuando las causas o reivindicaciones están lideradas por otras personas u organizaciones, es equívoco, aquí no opera la subjetividad sino lo fáctico. Empezar los diálogos con los representantes de los gremios, y no con los líderes o promotores del paro, fue una forma de invisibilizarlos o de restarles importancia. Forzado por las circunstancias el presidente de la República aceptó como interlocutor al Comité Nacional del Paro, pero ciertamente hay otros actores y se requiere la conformación de una Mesa Nacional de Diálogo, democrática y plural, de no ser así, se repetirán los errores, pues las grandes discusiones y decisiones se llevarán a cabo entre unos pocos, los de siempre, estando ausente o marginada la ciudadanía, la gente del común, las expresiones existentes o las nuevas quedarán ignoradas; en razón a que los conflictos son cíclicos y dinámicos, si el tratamiento es aparente, se reproducirán con mayor fuerza en otro momento.
Tener en cuenta el contexto y el sentido. Desde lo sociológico, el contexto es el ambiente, esto es el lugar y el momento que se está viviendo; y el sentido la forma como las personas intervienen en el conflicto, valoran los hechos y le dan significados. Hay una realidad latinoamericana, con problemas similares en los pueblos y Colombia no es ajena a ellos, siendo prioritaria la atención a sus particularidades como el agudo conflicto armado que padece hace muchos años, la violencia y una enorme desigualdad social. Si bien estas situaciones han estado presentes en diferentes gobiernos, el actual lleva quince meses y el presidente ha llegado a una desaprobación del 69%, lo que implica en términos de legitimidad que se requiere un proceso de autoevaluación, tomar los correctivos, ya que su gestión no tiene asentimiento popular; la lectura, interpretación y propósitos que los actores tienen sobre los hechos y situaciones generadores del paro, aunque diferentes o divergentes, son esenciales y valiosas.
La intencionalidad es determinante. A través de las formas de actuar las partes atribuyen intenciones o propósitos a la otra, no siempre ajustadas a la verdad o a la realidad y de esto dependerá que el conflicto se agrave o disminuya en sus causas y efectos, esto es la escalada o desescalada del conflicto. El Gobierno ha utilizado hasta el momento la intención evasiva, no convenir, lo que implica desinterés por las necesidades y aspiraciones ajenas; aunque se acepta que hay varios problemas para tratar, se desconoce temas esenciales, por ejemplo, el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, desdibujado con la mesa de paz con legalidad donde se inicia con propósitos que distan de su implementación pronta y efectiva; la eliminación o modificación del ESMAD; los diálogos con el ELN y otros grupos armados.
Por eso se requiere un cambio de actitud de las partes, aunque el actor con poder y decisión es el Gobierno, estas materias son vinculantes para todos; se puede optar por la intención colaboradora que busca resolver los problemas aclarando las diferencias, o la de concesiones cuando las partes ceden en peticiones o intereses (Pallares Bossa, 2003).
Por otro lado, hay unos asuntos que ciertamente corresponden a un deseo de justificación y de esquivar responsabilidades derivadas de los graves problemas que vive el país, uno de ellos es la xenofobia contra los venezolanos; considerar que la violencia o la delincuencia se debe a estas personas no solo desdice de la condición humana, es degradante, sino que políticamente es inconsecuente, más aun cuando millones de colombianos tuvieron que huir durante décadas a Venezuela por el conflicto armado y la falta de oportunidades en el territorio nacional; en ciertos países ese lastre lo cargan los colombianos, es claro que quien delinca debe ser sancionado sin que su “nacionalidad sea un agravante”.
Particular situación aconteció con la presentación de una acción popular, que entre sus pretensiones busca que los infiltrados y sus acciones vandálicas sean contrarrestados por quienes protestan; la seguridad, la persecución a los delincuentes, le corresponde a las autoridades por mandato constitucional sin necesidad de sentencias judiciales; los jueces tampoco pueden dar órdenes al presidente para que declare la conmoción interior, ya que la valoración y el cumplimiento de los requisitos para optar por este estado de excepción le está atribuido exclusivamente al presidente. Para finalizar, se sostiene, dentro de una visión alternativa, que los conflictos no deben entenderse como problemas irresolubles, sino como una oportunidad de cambio y transformación; el viraje puede ser hacía un Gobierno incluyente, que convoque.