La respuesta a la crisis democrática está en una ruralidad con enfoque de género
Por Laura Macías*.
Esta columna tiene una dedicatoria muy especial a esas mujeres que resisten todos los días, que no se rinden, que luchan contra este sistema que a diario las menosprecia y discrimina a ellas y a sus hermanas. Gracias a ustedes mujeres de espíritu fuerte.
El mundo enfrenta actualmente una crisis democrática que tiene como una de sus muchas explicaciones el olvido histórico de la ruralidad. Mientras que las ciudades han sido motor de un desarrollo impresionante en los últimos dos siglos, el avance rural se ha visto rezagado. La cuenta, de ese constante abandono, la estamos pagando hoy con la elección de gobernantes que representan una amenaza a los valores democráticos.
Y si la ruralidad ha sido olvidada, las mujeres rurales han sido prácticamente invisibilizadas y silenciadas. La ruralidad debe mirarse también con lentes feministas, pues la tierra es un mecanismo efectivo para alcanzar la justicia de género.
Esta intersección entre género y ruralidad es quizás uno de los temas más complejos de abordar no solo en Colombia, sino en el mundo. Generalmente, aquellas mujeres que tienen los micrófonos para defender la causa feminista –muy válida sin duda alguna- viven en espacios urbanos -donde sin dejar de reconocer por un segundo la discriminación que viven en sus entornos- existe mayor acceso a servicios públicos. Esto traducido en más oferta de infraestructura, de educación y salud, y sobre todo mayores oportunidades de empleo.
El acceso a salud y educación impacta directamente en las posibilidades de empleo de una mujer, esto último sin duda repercute en su nivel de empoderamiento económico, y por ende a que sea menos propensa a sufrir de violencia en su ciclo de vida. En Colombia, por ejemplo, la diferencia porcentual en el índice de desempleo entre hombres y mujeres en una ciudad como Bogotá, es de solo 2%, mientras que en la Costa Pacífica esta diferencia aumenta a casi 10%, según la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, en 2017.
Esto no quiere decir que la solución esté en que las mujeres en las zonas rurales migren a las ciudades, por el contrario, las soluciones están en que las políticas públicas y leyes, como la ley de víctimas y restitución de tierras, consideren al género como una categoría social indispensable. El Acuerdo de Paz de la Habana menciona explícitamente a la tierra como un método para contribuir a la justicia de género, porque esta, en la ruralidad, es la oportunidad de empoderar económicamente a las mujeres.
Sin embargo, más allá de las leyes, el sistema público tiene que empezar a pensar de una manera holística en las mujeres, y muy especialmente en aquellas en el campo. Por ejemplo, los sistemas fiscales y de impuestos son un mecanismo, que cuando es abordado con enfoque de género, puede contribuir a nivelar la brecha entre hombres y mujeres.
En algunas zonas rurales de India, las familias reciben exención de impuestos cuando la tierra está a nombre de las mujeres. Esto ha generado que más de ellas sean propietarias, lo que inmediatamente impacta en su poder negociación dentro del hogar, y contribuye a nivelar las asimetrías en las relaciones dentro del núcleo familiar.
No obstante, estos programas aún no escalan a nivel mundial a pesar de su demostrada efectividad; en el mundo las mujeres son propietarias únicamente del 20% de la tierra, según cifras del Foro Económico Mundial. En Colombia, a pesar de los esfuerzos de abordar con enfoque de género la reforma rural propuesta en el Acuerdo de Paz, la no interacción entre las diferentes instituciones y temáticas sigue predominando en la forma de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas referentes a la inclusión de las mujeres. Se debe articular todo el sistema público para alcanzar el objetivo, de lo contrario seguirán siendo medidas aisladas y de bajo impacto.
La respuesta a la actual crisis democrática es la inclusión de aquellos y aquellas que han sido excluidos de los procesos de desarrollo, y esas “aquellas” son en gran medida las mujeres rurales.
*Esta columna expresa la opinión de la autora y no de la organización en la que trabaja.
Por Laura Macías*.
Esta columna tiene una dedicatoria muy especial a esas mujeres que resisten todos los días, que no se rinden, que luchan contra este sistema que a diario las menosprecia y discrimina a ellas y a sus hermanas. Gracias a ustedes mujeres de espíritu fuerte.
El mundo enfrenta actualmente una crisis democrática que tiene como una de sus muchas explicaciones el olvido histórico de la ruralidad. Mientras que las ciudades han sido motor de un desarrollo impresionante en los últimos dos siglos, el avance rural se ha visto rezagado. La cuenta, de ese constante abandono, la estamos pagando hoy con la elección de gobernantes que representan una amenaza a los valores democráticos.
Y si la ruralidad ha sido olvidada, las mujeres rurales han sido prácticamente invisibilizadas y silenciadas. La ruralidad debe mirarse también con lentes feministas, pues la tierra es un mecanismo efectivo para alcanzar la justicia de género.
Esta intersección entre género y ruralidad es quizás uno de los temas más complejos de abordar no solo en Colombia, sino en el mundo. Generalmente, aquellas mujeres que tienen los micrófonos para defender la causa feminista –muy válida sin duda alguna- viven en espacios urbanos -donde sin dejar de reconocer por un segundo la discriminación que viven en sus entornos- existe mayor acceso a servicios públicos. Esto traducido en más oferta de infraestructura, de educación y salud, y sobre todo mayores oportunidades de empleo.
El acceso a salud y educación impacta directamente en las posibilidades de empleo de una mujer, esto último sin duda repercute en su nivel de empoderamiento económico, y por ende a que sea menos propensa a sufrir de violencia en su ciclo de vida. En Colombia, por ejemplo, la diferencia porcentual en el índice de desempleo entre hombres y mujeres en una ciudad como Bogotá, es de solo 2%, mientras que en la Costa Pacífica esta diferencia aumenta a casi 10%, según la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, en 2017.
Esto no quiere decir que la solución esté en que las mujeres en las zonas rurales migren a las ciudades, por el contrario, las soluciones están en que las políticas públicas y leyes, como la ley de víctimas y restitución de tierras, consideren al género como una categoría social indispensable. El Acuerdo de Paz de la Habana menciona explícitamente a la tierra como un método para contribuir a la justicia de género, porque esta, en la ruralidad, es la oportunidad de empoderar económicamente a las mujeres.
Sin embargo, más allá de las leyes, el sistema público tiene que empezar a pensar de una manera holística en las mujeres, y muy especialmente en aquellas en el campo. Por ejemplo, los sistemas fiscales y de impuestos son un mecanismo, que cuando es abordado con enfoque de género, puede contribuir a nivelar la brecha entre hombres y mujeres.
En algunas zonas rurales de India, las familias reciben exención de impuestos cuando la tierra está a nombre de las mujeres. Esto ha generado que más de ellas sean propietarias, lo que inmediatamente impacta en su poder negociación dentro del hogar, y contribuye a nivelar las asimetrías en las relaciones dentro del núcleo familiar.
No obstante, estos programas aún no escalan a nivel mundial a pesar de su demostrada efectividad; en el mundo las mujeres son propietarias únicamente del 20% de la tierra, según cifras del Foro Económico Mundial. En Colombia, a pesar de los esfuerzos de abordar con enfoque de género la reforma rural propuesta en el Acuerdo de Paz, la no interacción entre las diferentes instituciones y temáticas sigue predominando en la forma de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas referentes a la inclusión de las mujeres. Se debe articular todo el sistema público para alcanzar el objetivo, de lo contrario seguirán siendo medidas aisladas y de bajo impacto.
La respuesta a la actual crisis democrática es la inclusión de aquellos y aquellas que han sido excluidos de los procesos de desarrollo, y esas “aquellas” son en gran medida las mujeres rurales.
*Esta columna expresa la opinión de la autora y no de la organización en la que trabaja.