La restitución de tierras y el papel de los líderes sociales

Por Camilo Ramírez Herrera*

Durante el 2017 la cobertura periodística respecto a la política de restitución de tierras en el país estuvo más orientada a visibilizar las constantes amenazas y homicidios contra líderes sociales que exigen al Estado, entre otras cosas, la aplicación efectiva de este programa en sus territorios. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas lleva una cuenta de 105 homicidios. Es preciso recordar, que durante el primer año de su implementación también se presentó un pico en la victimización de campesinos solicitantes de tierras. Quizás el cambio en la actual coyuntura radica en que los ataques durante este año han tenido como escenario principal algunas zonas concretas del Pacífico colombiano. El pacífico nariñense y el Urabá chocoano tuvieron gran resonancia por los casos de los Consejos Comunitarios de Alto Mira - Frontera y La Larga Tumaradó respectivamente.

Desafortunadamente, el tono de las controversias sobre si se trata de un fenómeno “sistemático” o “generalizado” no ha permitido dilucidar los procesos sociales y económicos en los que se enmarcan estos ataques. Un análisis profundo debería señalar que las amenazas y homicidios contra líderes se presentan en una mayor proporción en regiones donde se dan de manera simultánea tres situaciones: la implementación de políticas públicas que buscan reconocer formalmente o reparar los derechos de las comunidades étnicas o campesinas a sus tierras y al territorio, el surgimiento de tensiones frente al modelo de desarrollo rural impuesto y un proceso de transición de actores armados a la reinserción o el reacomodamiento de otras fuerzas ilegales. ¿Es simple coincidencia que un porcentaje importante de estos crímenes se concentre en zonas con estas particularidades?

Detengámonos en el primer grupo de situaciones. El gobierno Santos impulsó algunas acciones respecto a los conflictos por la tierra en Colombia. Algunas ya existentes en el marco normativo como la formalización de predios rurales, otras nuevas como la restitución de tierras, aunque todas ellas con algunas limitaciones. De todas formas, estas iniciativas han visibilizado los distintos conflictos en torno a la tierra, las consecuencias del abandono del campo por parte del Estado y las luchas históricas de las comunidades campesinas, indígenas y negras por sus derechos.

Las sentencias judiciales de restitución de tierras, no solamente han servido para darle seguridad jurídica a los derechos de uso y acceso a la tierra de las comunidades. Los Juzgados y Tribunales también están proyectando órdenes complementarias para buscar que los retornos de las poblaciones sean sostenibles. En los casos que reconocen a comunidades indígenas y afros como víctimas, las 9 sentencias hoy existentes han ordenado a varias instituciones del Estado que intervengan en estos territorios en la lucha contra la presencia de cultivos de uso ilícito y los proyectos de minería ilegal y criminal. También enfatiza en que la Fuerza Pública proporcione de manera permanente las condiciones de seguridad en estos territorios y sus entornos. No es extraño entonces que a nivel local subsistan resistencias a los procesos de restitución. Aunque hay que precisar que la red de actores e intereses que se sienten amenazados con estas decisiones judiciales es amplia, heterogénea y con diversos niveles de influencia en ámbitos políticos y económicos.

Sin un análisis diferenciado, consciente de las historias locales de poblamiento y las características particulares de las economías legales e ilegales que tienen estos territorios, es imposible comprender la multiplicidad de factores de riesgo que se ciernen sobre las comunidades y líderes solicitantes de tierras. La Fiscalía General ha reconocido en la última semana que es posible que haya alguna sistematicidad en la oleada de crímenes contra líderes sociales y pobladores rurales. Ojalá que las investigaciones y los datos en los que se basan estas afirmaciones no solo se detengan en identificar los responsables materiales de los homicidios, es decir, sicarios y agentes intermediarios de la violencia. Sino en detectar las estructuras económicas ilegales y redes de intereses regionales que potencian esta violencia. Es importante destacar que a pesar que en algunas regiones como el Cauca la tasa global de homicidios disminuyó en los últimos años, los ataques dirigidos a los líderes sociales se incrementaron. Lo anterior nos aclara que se trata de ataques selectivos y no necesariamente vinculados a las lógicas de la criminalidad común.

Con todo y las serias dudas en torno a la seguridad de los líderes de tierras, también se deben exaltar algunos impactos positivos que los procesos de restitución han traído a estos territorios. En primer lugar, sentencias como la del  Alto Andágueda que benefició a un Resguardo de indígenas Embera Katio en el Chocó y la de Renacer Negro que restituyó a más de 700 familias afrodescendientes este Consejo Comunitario en Timbiquí Cauca, han propiciado que el Estado empiece a cumplir sus funciones en la provisión de bienes y servicios básicos a estas comunidades que históricamente habían sido excluidas de cualquier inversión pública. Estas comunidades además de haber sido afectadas por el conflicto armado durante décadas, acumulan profundas carencias en términos de derechos básicos como la salud, la vivienda y la educación. Las órdenes de estas sentencias buscan que ese déficit histórico se empiece a subsanar mediante la intervención de las instituciones públicas. El esfuerzo iniciado en estos años deberá mantenerse durante mucho tiempo.

Aún hay mucho que aprender. El despliegue de programas y proyectos por parte de entidades del orden nacional y departamental, también ha evidenciado que el tan mencionado enfoque diferencial aún no se vea reflejado en la planeación y ejecución de acciones concretas. En este sentido, las instituciones han tenido que ajustar en muchos aspectos sus programas. Un insumo fundamental para que esos cambios se puedan llevar a cabo son los saberes y reflexiones que los líderes de estas comunidades llevan a las instancias de diálogo con el Estado para mejorar los impactos de estos proyectos. He aquí la importancia de estos hombres y mujeres que ejercen liderazgos en sus territorios. No son solamente mensajeros de las necesidades de sus comunidades, sino que su conocimiento aporta de muchas formas en el mejoramiento de estos programas y a largo plazo en la gerencia pública del posconflicto.

La agenda de construcción de paz debe recoger los aprendizajes que se desprenden de los procesos de restitución. Uno de los más importantes es reconocer el aporte que los líderes sociales rurales tienen en la reconstrucción de las regiones golpeadas por la violencia. Como se evidencia en muchas experiencias locales, las políticas públicas tienen mejores resultados cuando involucran en su ejecución escenarios de diálogo directo a los pobladores, ajustando más fácilmente sus desaciertos y acercando los complicados lenguajes burocráticos a los requerimientos concretos de los territorios. La eliminación física de los líderes sociales, principales interlocutores del estado en las regiones, podría debilitar aún más la gestión gubernamental en territorios con precaria institucionalidad. Antes que estigmatizarlos, los funcionarios del Estado deben construir con ellos la transformación que requieren los territorios.

*Politólogo. Consultor política de desarrollo rural y restitución de tierras.

Por Camilo Ramírez Herrera*

Durante el 2017 la cobertura periodística respecto a la política de restitución de tierras en el país estuvo más orientada a visibilizar las constantes amenazas y homicidios contra líderes sociales que exigen al Estado, entre otras cosas, la aplicación efectiva de este programa en sus territorios. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas lleva una cuenta de 105 homicidios. Es preciso recordar, que durante el primer año de su implementación también se presentó un pico en la victimización de campesinos solicitantes de tierras. Quizás el cambio en la actual coyuntura radica en que los ataques durante este año han tenido como escenario principal algunas zonas concretas del Pacífico colombiano. El pacífico nariñense y el Urabá chocoano tuvieron gran resonancia por los casos de los Consejos Comunitarios de Alto Mira - Frontera y La Larga Tumaradó respectivamente.

Desafortunadamente, el tono de las controversias sobre si se trata de un fenómeno “sistemático” o “generalizado” no ha permitido dilucidar los procesos sociales y económicos en los que se enmarcan estos ataques. Un análisis profundo debería señalar que las amenazas y homicidios contra líderes se presentan en una mayor proporción en regiones donde se dan de manera simultánea tres situaciones: la implementación de políticas públicas que buscan reconocer formalmente o reparar los derechos de las comunidades étnicas o campesinas a sus tierras y al territorio, el surgimiento de tensiones frente al modelo de desarrollo rural impuesto y un proceso de transición de actores armados a la reinserción o el reacomodamiento de otras fuerzas ilegales. ¿Es simple coincidencia que un porcentaje importante de estos crímenes se concentre en zonas con estas particularidades?

Detengámonos en el primer grupo de situaciones. El gobierno Santos impulsó algunas acciones respecto a los conflictos por la tierra en Colombia. Algunas ya existentes en el marco normativo como la formalización de predios rurales, otras nuevas como la restitución de tierras, aunque todas ellas con algunas limitaciones. De todas formas, estas iniciativas han visibilizado los distintos conflictos en torno a la tierra, las consecuencias del abandono del campo por parte del Estado y las luchas históricas de las comunidades campesinas, indígenas y negras por sus derechos.

Las sentencias judiciales de restitución de tierras, no solamente han servido para darle seguridad jurídica a los derechos de uso y acceso a la tierra de las comunidades. Los Juzgados y Tribunales también están proyectando órdenes complementarias para buscar que los retornos de las poblaciones sean sostenibles. En los casos que reconocen a comunidades indígenas y afros como víctimas, las 9 sentencias hoy existentes han ordenado a varias instituciones del Estado que intervengan en estos territorios en la lucha contra la presencia de cultivos de uso ilícito y los proyectos de minería ilegal y criminal. También enfatiza en que la Fuerza Pública proporcione de manera permanente las condiciones de seguridad en estos territorios y sus entornos. No es extraño entonces que a nivel local subsistan resistencias a los procesos de restitución. Aunque hay que precisar que la red de actores e intereses que se sienten amenazados con estas decisiones judiciales es amplia, heterogénea y con diversos niveles de influencia en ámbitos políticos y económicos.

Sin un análisis diferenciado, consciente de las historias locales de poblamiento y las características particulares de las economías legales e ilegales que tienen estos territorios, es imposible comprender la multiplicidad de factores de riesgo que se ciernen sobre las comunidades y líderes solicitantes de tierras. La Fiscalía General ha reconocido en la última semana que es posible que haya alguna sistematicidad en la oleada de crímenes contra líderes sociales y pobladores rurales. Ojalá que las investigaciones y los datos en los que se basan estas afirmaciones no solo se detengan en identificar los responsables materiales de los homicidios, es decir, sicarios y agentes intermediarios de la violencia. Sino en detectar las estructuras económicas ilegales y redes de intereses regionales que potencian esta violencia. Es importante destacar que a pesar que en algunas regiones como el Cauca la tasa global de homicidios disminuyó en los últimos años, los ataques dirigidos a los líderes sociales se incrementaron. Lo anterior nos aclara que se trata de ataques selectivos y no necesariamente vinculados a las lógicas de la criminalidad común.

Con todo y las serias dudas en torno a la seguridad de los líderes de tierras, también se deben exaltar algunos impactos positivos que los procesos de restitución han traído a estos territorios. En primer lugar, sentencias como la del  Alto Andágueda que benefició a un Resguardo de indígenas Embera Katio en el Chocó y la de Renacer Negro que restituyó a más de 700 familias afrodescendientes este Consejo Comunitario en Timbiquí Cauca, han propiciado que el Estado empiece a cumplir sus funciones en la provisión de bienes y servicios básicos a estas comunidades que históricamente habían sido excluidas de cualquier inversión pública. Estas comunidades además de haber sido afectadas por el conflicto armado durante décadas, acumulan profundas carencias en términos de derechos básicos como la salud, la vivienda y la educación. Las órdenes de estas sentencias buscan que ese déficit histórico se empiece a subsanar mediante la intervención de las instituciones públicas. El esfuerzo iniciado en estos años deberá mantenerse durante mucho tiempo.

Aún hay mucho que aprender. El despliegue de programas y proyectos por parte de entidades del orden nacional y departamental, también ha evidenciado que el tan mencionado enfoque diferencial aún no se vea reflejado en la planeación y ejecución de acciones concretas. En este sentido, las instituciones han tenido que ajustar en muchos aspectos sus programas. Un insumo fundamental para que esos cambios se puedan llevar a cabo son los saberes y reflexiones que los líderes de estas comunidades llevan a las instancias de diálogo con el Estado para mejorar los impactos de estos proyectos. He aquí la importancia de estos hombres y mujeres que ejercen liderazgos en sus territorios. No son solamente mensajeros de las necesidades de sus comunidades, sino que su conocimiento aporta de muchas formas en el mejoramiento de estos programas y a largo plazo en la gerencia pública del posconflicto.

La agenda de construcción de paz debe recoger los aprendizajes que se desprenden de los procesos de restitución. Uno de los más importantes es reconocer el aporte que los líderes sociales rurales tienen en la reconstrucción de las regiones golpeadas por la violencia. Como se evidencia en muchas experiencias locales, las políticas públicas tienen mejores resultados cuando involucran en su ejecución escenarios de diálogo directo a los pobladores, ajustando más fácilmente sus desaciertos y acercando los complicados lenguajes burocráticos a los requerimientos concretos de los territorios. La eliminación física de los líderes sociales, principales interlocutores del estado en las regiones, podría debilitar aún más la gestión gubernamental en territorios con precaria institucionalidad. Antes que estigmatizarlos, los funcionarios del Estado deben construir con ellos la transformación que requieren los territorios.

*Politólogo. Consultor política de desarrollo rural y restitución de tierras.