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La memoria es una de las herramientas más poderosas con las que cuenta la humanidad, pues permite la organización de recuerdos para dar sentido y narrar el pasado, definiendo en gran medida grandes cuestiones como de dónde venimos o quiénes somos. Es también donde las diferentes versiones sobre el ayer se encuentran y disputan la posibilidad de contar el relato más creíble y difundido.
Comúnmente, esto depende del lugar que ocupa en la sociedad y la cercanía (o lejanía) respecto al poder de quien recuerda. Por esto, la posición del exrector Fernando Sánchez Torres, frente a las memorias del 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional, merece siempre atención.
Fue uno de los protagonistas del contexto en el que ocurrieron los hechos en su calidad de rector de la universidad. Sánchez además ha sido decano de Medicina, director del Hospital San Juan de Dios, representante de los exrectores en el Consejo Superior Universitario, columnista permanente de El Tiempo y “liberal de tiempo completo”, como él mismo afirma.
Desde esta posición, el pasado 11 de junio publicó en su columna de El Tiempo una nota titulada “La verdad falseada”, en la que niega la experiencia de víctimas y sobrevivientes de los terribles hechos de mayo de 1984.
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El privilegio de su posición se esgrime desde el primer párrafo: “Lo hago con la autoridad que me da haber sido testigo de excepción de aquellos desafortunados hechos, pues para entonces yo era el rector”. No obstante que, como la propia columna lo señala, el mismo 16 de mayo se encontraba en Suiza en una sesión de la Organización Mundial de la Salud. Tomándole la palabra, el doctor Sánchez sería el primer testigo que no presenció los hechos.
En su versión de lo ocurrido cuenta un “feroz enfrentamiento”, que dejó el saldo de 22 policías heridos y 123 detenidos, de los cuáles 37 habrían sido guerrilleros amnistiados. Además, ubica la muerte el 14 de mayo de su colega Luis Armando Muñoz. Todo esto en un contexto marcado por “episodios periódicos de violencia a cargo de elementos matriculados en la extrema izquierda”, entre estos, cuenta amenazas que recibió en su momento del ELN.
En la investigación adelantada por Archivos del Búho sobre los acontecimientos, además del mismo número de policías heridos, otros elementos relevantes salen a la luz.
Empezando por la tortura y el asesinato del líder estudiantil Jesús León Patiño, razón original por la cual se convocaron acciones de denuncia y protesta el 16 de mayo de 1984. De manera que más que un enfrentamiento, el 16 de mayo de 1984 parte del interés de denunciar y reflexionar respecto a un crimen.
Por otro lado, también se destaca la detención, tratos crueles y torturas practicadas contra 81 personas, algunas de ellas víctimas de violencia sexual, y un caso en el que un agente del F-2 perforó un pulmón de uno de los detenidos.
Hay registros de 46 estudiantes heridos por la intervención de la policía y por lo menos 5 de ellos de gravedad por armas de fuego de los que en 3 casos no se conoce su destino. Uno de los heridos, según la prensa, fue remitido al hospital de la Hortúa donde finalmente murió (El Bogotano, 17 de mayo de 1984, portada).
En otro caso, el estudiante Yesid Bazurto fue herido con dos tiros y sorprendentemente sobrevivió, según su testimonio para la investigación Reventando Silencios: “Cuando me doy cuenta, me faltan las fuerzas, me alcanza la Policía y ya en el piso se acerca un agente, me coloca las botas en el pecho, saca un revólver y me dispara. Yo siento un fogonazo a la altura de mi pómulo derecho y allí se queda un plomo del disparo que él me hace”. El tiro disparado fue a la cabeza, la intención era claramente la de matar.
La intervención de la Fuerza Pública implicó también la destrucción de los edificios de residencias y de los bienes de los estudiantes residentes, sin que esto tuviera algún vínculo racional con las protestas. Las ventanas de los edificios de Residencias Femeninas o Alberto Álava fueron completamente rotas, al igual que radios, televisores, libros y cajas.
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Llama la atención que, pese a la ampliación de la información sobre lo ocurrido, a partir de testimonios, investigaciones y producciones audiovisuales, el relato de Sánchez se mantiene invariable desde hace varias décadas. Tanto así que en su columna parafrasea y usa textualmente párrafos de otras referencias que ha hecho del tema con más de 20 años de añejamiento, como En honor a la verdad, una nota publicada en mayo de 2003 en UN periódico, y Honor y dolor de haber sido rector, parte de un libro publicado en 2017.
Resultaría interesante leer nuevamente su opinión después de leer y escuchar otras versiones, como las que es posible encontrar en el libro Reventando Silencios: Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional, publicado por el equipo de investigación Archivos del Búho, o el especial documental de El Espectador El día que la represión y el conflicto se tomaron la Universidad Nacional.
Es necesario que las instituciones y sus representantes aborden con responsabilidad las consecuencias del conflicto armado en las universidades.
Según datos del profesor Wilson Gómez, de la Universidad del Tolima, al menos 846 estudiantes han sido asesinados o desaparecidos en Colombia entre 1929 y 2019, 123 de estos fueron asesinados o desaparecidos en Bogotá.
Además de los datos del profesor Gómez, junto a otras fuentes como la base de datos de Archivos del Búho y el informe que la UN le entregó a la Comisión de la Verdad, se han identificado 87 estudiantes de la Universidad que fueron víctimas de asesinato o desaparición forzada a causa o en consecuencia del conflicto armado o la violencia política.
Durante los 20 meses que duró la rectoría del doctor Sánchez Torres, dos estudiantes fueron desaparecidos de manera forzada y 4 fueron asesinados: Rafael Guillermo Prado Useche, Edilbrando Joya Gómez (desaparecidos en el marco de la desaparición colectiva de 1982, Caso Colectivo 82), Rafael Bejarano, Yesid González, Jesús Humberto León Patiño y William Mayorga (asesinados). A pesar de que en su narrativa el exrector sólo destaca la violencia ejercida por organizaciones de izquierda, 5 de estos casos fueron de responsabilidad de paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas, y sólo 1, William Mayorga, fue víctima de la guerrilla.
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Como representante de la principal institución de educación del país, el doctor Sánchez tuvo y tiene una responsabilidad con estas vidas y la manera de atenderla no es el olvido o el silencio. Su posición de privilegio no puede seguir siendo usada para el ocultamiento y la negación de la experiencia de quienes vivieron uno de los episodios más dolorosos de su vida ese miércoles 16.
La posibilidad de transitar a formas de conmemoración de otro tipo, que deje atrás las formas violentas, parte de que las autoridades universitarias tomen posiciones abiertas a las memorias, se comprometan como instituciones garantizar el derecho a la memoria y la verdad, tanto de víctimas y sobrevivientes, como de la comunidad universitaria misma, afectada estructuralmente a partir de estos acontecimientos violentos.
En pleno 2024 es claro que el olvido y el silencio no transitan el mismo camino que la paz, y en cambio son factores de persistencias de las violencias. Nuestro país ha pagado caro el intento en más de una ocasión.