La verdad, el lenguaje y la nueva realidad social

El lenguaje, a través del discurso, es quizás una de las practicas que mejor logran construir relaciones de poder al interior de una sociedad. A través del lenguaje, nominamos y damos sentido a los objetos y a los sujetos, a las acciones y a las prácticas, de tal manera que quienes logran instalar un relato dominante o unos conceptos socialmente compartidos logran legitimar su visión de mundo y la forma como actúan en relación con otros sujetos, y en lo que más nos interesa, en relación con lo público.

Parece ser un rasgo característico de nuestra identidad el hecho de normalizar prácticas que en otras sociedades son vistas como condenables e inaceptables. Hemos dado pasos importantes para desprendernos de algunas ideas que estaban muy arraigadas, aun cuando todavía hay mucho por avanzar, como la inferioridad femenina, el trabajo infantil, la “pereza” como elemento condenatorio de la pobreza y muchas más. Sin embargo, hay dos escenarios donde ha sido imposible transformar prácticas que atadas al lenguaje y al discurso han sido imposible de desterrar, precisamente por se convierten en la retórica justificativa de las acciones de quienes han estado, están y seguramente seguirán estando en el poder en Colombia. Estas son la cultura de la violencia y la cultura del desprecio por los recursos públicos, materializadas en la normalización de la violencia como forma de relación social y la corrupción como un comportamiento, que trasciende lo político, y se instala como una práctica cultural generalizada.

El primer paso hacia dejar de normalizar estas prácticas es empezar a llamarlas por su nombre. Esta no es una labor exclusiva de los ciudadanos, de hecho, gran parte del discurso ciudadano esta permeado por los medios de comunicación, que estando en una ventaja absoluta en términos de construcción y reproducción de discurso, son los que perpetúan y validan esas ideas, etiquetas, estereotipos y formas de darle sentido a hechos que ocurren en el día a día de nuestro país.

Los políticos, en segunda medida, principales beneficiados del reinado de los eufemismos, deben dejar de ser referenciado como polémicos, víctimas, perseguidos, provocadores, cuando en realidad sus ideas y prácticas poco o nada contribuyen a la construcción de una cultura de paz.

Si queremos desterrar la practicas violentas y corruptas de nuestra cultura debemos dejar de matizar, desde el discurso, las acciones de los involucrados. Esto también requiere un giro discursivo y político de la institucionalidad política y mediática. Un empresario que aprovecha su posición y sus recursos para obtener un contrato o desfalcar al estado no es un “polémico empresario”, es un corrupto. Un político que no gobierna para bien de sus ciudadanos y toma decisiones para favorecer intereses particulares no es un “incomprendido”. Las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas no son simples “falsos positivos”, y el asesinato sistemático de líderes sociales no puede seguir siendo caricaturizado como consecuencia de “líos de faldas”

Debemos ser conscientes de la importancia del lenguaje en la definición de los asuntos y debates públicos. Y es ahí donde el elemento “verdad” se hace indispensable. Si, en aras de lograr la reconciliación vamos caminando hacia una justicia transicional, la verdad, la definición clara y sin rodeos de las prácticas, acciones y comportamientos que nos llevaron a vivir en medio de la guerra y a tolerar la corrupción como algo normal que debíamos mantener en sus “justas proporciones”, es necesaria.

El lenguaje, a través del discurso, es quizás una de las practicas que mejor logran construir relaciones de poder al interior de una sociedad. A través del lenguaje, nominamos y damos sentido a los objetos y a los sujetos, a las acciones y a las prácticas, de tal manera que quienes logran instalar un relato dominante o unos conceptos socialmente compartidos logran legitimar su visión de mundo y la forma como actúan en relación con otros sujetos, y en lo que más nos interesa, en relación con lo público.

Parece ser un rasgo característico de nuestra identidad el hecho de normalizar prácticas que en otras sociedades son vistas como condenables e inaceptables. Hemos dado pasos importantes para desprendernos de algunas ideas que estaban muy arraigadas, aun cuando todavía hay mucho por avanzar, como la inferioridad femenina, el trabajo infantil, la “pereza” como elemento condenatorio de la pobreza y muchas más. Sin embargo, hay dos escenarios donde ha sido imposible transformar prácticas que atadas al lenguaje y al discurso han sido imposible de desterrar, precisamente por se convierten en la retórica justificativa de las acciones de quienes han estado, están y seguramente seguirán estando en el poder en Colombia. Estas son la cultura de la violencia y la cultura del desprecio por los recursos públicos, materializadas en la normalización de la violencia como forma de relación social y la corrupción como un comportamiento, que trasciende lo político, y se instala como una práctica cultural generalizada.

El primer paso hacia dejar de normalizar estas prácticas es empezar a llamarlas por su nombre. Esta no es una labor exclusiva de los ciudadanos, de hecho, gran parte del discurso ciudadano esta permeado por los medios de comunicación, que estando en una ventaja absoluta en términos de construcción y reproducción de discurso, son los que perpetúan y validan esas ideas, etiquetas, estereotipos y formas de darle sentido a hechos que ocurren en el día a día de nuestro país.

Los políticos, en segunda medida, principales beneficiados del reinado de los eufemismos, deben dejar de ser referenciado como polémicos, víctimas, perseguidos, provocadores, cuando en realidad sus ideas y prácticas poco o nada contribuyen a la construcción de una cultura de paz.

Si queremos desterrar la practicas violentas y corruptas de nuestra cultura debemos dejar de matizar, desde el discurso, las acciones de los involucrados. Esto también requiere un giro discursivo y político de la institucionalidad política y mediática. Un empresario que aprovecha su posición y sus recursos para obtener un contrato o desfalcar al estado no es un “polémico empresario”, es un corrupto. Un político que no gobierna para bien de sus ciudadanos y toma decisiones para favorecer intereses particulares no es un “incomprendido”. Las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas no son simples “falsos positivos”, y el asesinato sistemático de líderes sociales no puede seguir siendo caricaturizado como consecuencia de “líos de faldas”

Debemos ser conscientes de la importancia del lenguaje en la definición de los asuntos y debates públicos. Y es ahí donde el elemento “verdad” se hace indispensable. Si, en aras de lograr la reconciliación vamos caminando hacia una justicia transicional, la verdad, la definición clara y sin rodeos de las prácticas, acciones y comportamientos que nos llevaron a vivir en medio de la guerra y a tolerar la corrupción como algo normal que debíamos mantener en sus “justas proporciones”, es necesaria.