9 Oct 2021 - 10:04 p. m.

La verdad frente al espejo

Hace un par de semanas el coronel retirado del Ejército, José Obdulio Espejo, quien aparece recurrentemente como fuente experta en Derecho Internacional Humanitario en varios medios de comunicación, publicó en su columna de Colombia+20, un texto en el que señaló a la comisionada de la Verdad, Lucía González, de canalizar recursos internacionales para “magnificar” excesos ficticios o reales de la fuerza pública. El oficial retirado usó como ejemplo un mural pintado en el municipio de Casabianca, Tolima, en el que aparece un helicóptero del Ejército disparando a la población civil para mostrar, según él, cómo la Comisión de la Verdad, “mitifica hechos para deconstruir la verdad”.

Espejo, al igual que otros oficiales en retiro, han aumentado sus ataques y señalamientos, desprestigiando los hallazgos de la Comisión de la Verdad y la JEP e insiste en que las acusaciones a la fuerza pública están sobredimensionadas. Revisemos el caso que expone el coronel, para mostrar cómo ha sido la participación de militares y policías en estos hechos del conflicto armado.

Para comenzar, Espejo narra cómo la Fuerza Aérea repelió una toma guerrillera en el pequeño pueblo de Casabianca, en el norte del Tolima, en agosto de 1986 (en realidad el hecho ocurrió en 2006), en el que una niña recibió un disparo en la cabeza desde uno de los helicópteros de la operación. El oficial retirado insiste en llamar la muerte de la menor un “daño incidental”, ya que los guerrilleros de las FARC ingresaron a la casa de la víctima y desde ahí, le dispararon a las aeronaves.

Espejo insiste en que es una acción enmarcada dentro del Derecho Internacional Humanitario y que la población, guiada por la Comisión de la Verdad, exagera con el mural. Me pregunto, ¿hasta qué punto es ético que militares disparen desde un helicóptero, bajo cualquier circunstancia, a una vivienda de un pueblo en medio de la toma? ¿La idea era proteger a la población o acabar a como diera lugar con los guerrilleros? Es innegable la barbarie de las FARC, que usaron a la población como escudo, pero ¿esto justificaba este tipo de respuesta por parte de la fuerza pública?

Este es un tema central en el discurso de varios militares retirados que insisten, con naturalidad, en justificar acciones que atentaron contra civiles con tal de triunfar en la lucha contrainsurgente.

La niña se llamaba Claudia Patricia Gallego Vallejo y tenía apenas 11 años. Según reportó el periódico El Tiempo en ese entonces, sus padres dejaron su parcela en una vereda para que su hija, la menor de la familia, pudiera estudiar en la escuela del pueblo. La misma noticia publicada por El Tiempo describe el dolor de la familia y de la comunidad del municipio por la muerte de la menor y el miedo por el enfrentamiento.

Y esta es otra situación, que parece no entender el coronel Espejo. En su columna, sugiere que es desproporcionado el reclamo de la comunidad en el mural ya que según él, esta fue “la única acción de guerra de envergadura que registran los anales de la historia de Casabianca”. No sé si el coronel sepa cuántas personas del pueblo se desplazaron después de los combates de ese día y la muerte de la niña. Tampoco sé por qué desconoce los hechos que dejaron 110 personas asesinadas, siete personas desaparecidas y seis secuestradas en ese municipio según el registro de la Unidad de Víctimas.

Entre estos crímenes está el del campesino Gustavo Giraldo, atacado en su finca en la vereda Llanadas en Casabianca y rematado en una ambulancia por paramilitares en mayo de 2002. Como lo contaron las sentencias de Justicia y Paz del Bloque Tolima y el Frente Omar Isaza, miembros de la fuerza pública colaboraron activamente con los ‘paras’ del norte del Tolima para cometer crímenes en la región.

Los habitantes de Casabianca, como los de los municipios vecinos fueron víctimas del ELN desde principios de los noventa y de las FARC al finalizar la misma década. Como lo señala el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, de los grupos precursores al Bloque Tolima, varias poblaciones de ese departamento terminaron estigmatizadas como guerrilleras por la presencia de estos grupos. A finales de los noventa y los primeros años después del 2000 llegó la fuerza pública seguida por los paramilitares.

Más allá de mitificar hechos para deconstruir la verdad, lo que se observa en estos ejercicios culturales es que sirven como espacios en donde la población puede expresar todo el dolor y la resiliencia que han tenido ante los hechos violentos que han sufrido. No se busca exagerar la responsabilidad de la fuerza pública, sino de mostrar una parte de la historia que no se ha contado y hacerlo a muchas voces, desde la población, y no solamente como se ha hecho desde siempre, desde la versión oficial. No se trata de decir cuál fue el peor victimario, simplemente, es un asunto de aceptar responsabilidades para aportar a una verdad más incluyente.

Comparte: