Hace 40 años, al igual que ahora, el país vivía la inminencia de unas elecciones presidenciales, luego de cuatro años de una fuerte violencia estatal en contra de organizaciones sociales, especialmente después del paro nacional de 1977. Un momento clave para entender cómo la fuerza pública fue clave en la creación del paramilitarismo.
El domingo 30 de mayo de 1982 se cerraba una tensa campaña electoral que convirtió al conservador Belisario Betancur en jefe de Estado del país. Las cifras de violencia venían subiendo durante los meses previos a las elecciones de Congreso de marzo de ese año, y en las semanas previas a la votación presidencial.
Por ejemplo, un día antes de las votaciones, el 29 de mayo, fueron asesinadas nueve personas en Puerto Boyacá, en una de las varias masacres que se perpetraron en el Magdalena Medio en contra de líderes sociales y campesinos acusados de auxiliar a la guerrilla. Estos crímenes muestran el rastro que dejó el Estado en su recorrido para pasar de la represión directa de la fuerza pública a la creación de grupos paramilitares.
A medida que transcurrían los primeros meses del 82, se hacía más probable que Betancur ganara las elecciones, enfrentado a los liberales, divididos entre el intento de reelección de Alfonso López Michelsen y la primera candidatura a la presidencia de Luis Carlos Galán y su Nuevo Liberalismo. Belisario puso en el centro de la campaña su propuesta de comenzar negociaciones con las múltiples guerrillas que habían surgido desde mediados de los sesenta y buscar una paz definitiva.
La inminente victoria del candidato conservador agitó a un amplio sector de los militares del país, que llevaban casi dos décadas recibiendo una fuerte doctrina contrainsurgente y cuatro años ejerciendo una violenta represión contra dirigentes de izquierda, cobijados por el Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio César Turbay, que cerraba su gobierno en 1982. Los asesinatos, desapariciones y torturas que venían en un aumento lento desde 1978, se dispararon ese semestre, especialmente en el Magdalena Medio, un fortín político de la izquierda, que se había organizado desde principios de los setenta en un partido llamado Unión Nacional de Oposición (UNO).
Fue en ese momento en el que nació con fuerza uno de los principales mitos sobre el nacimiento del paramilitarismo. Las masacres continuaron en otros municipios de la región, como Cimitarra y Santa Helena y se extendieron al Nordeste de Antioquia, a municipios como Amalfi y Remedios. Como no pasaba desde los sesenta, volvieron a aparecer actos de sevicia contra las víctimas, que en muchos casos fueron torturadas antes de ser asesinadas, junto a grafitis en los que los homicidas firmaban en las paredes de los ranchos con las letras ‘MAS’.
Como se ha contado una y otra vez, el MAS o Muerte A Secuestradores, nació a finales de 1981, cuando los narcotraficantes del Cartel de Medellín le declararon la guerra al M-19 por el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de los capos Ochoa Vásquez. El cautiverio duró cerca de tres meses, hasta febrero de 1982, cuando fue liberada por sus captores.
En ese momento, los que los narcotraficantes habían llamado MAS desapareció como organización dentro del Cartel de Medellín. Ese nombre fue rápidamente reencauchado por miembros de la fuerza pública aliados con empresarios y políticos del Magdalena Medio y el Nororiente antioqueño. Según han documentado varios investigadores y organizaciones de derechos humanos, militares y policías, guiados por civiles cometían la mayoría de masacres a nombre del MAS.
Según la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, la masacre del 29 de mayo fue perpetrada directamente por miembros del Ejército. Lo mismo ocurrió con otra matanza el 18 de julio de ese mismo año, en la que fueron asesinadas ocho personas en Remedios, Antioquia.
Otra masacre más fue perpetrada el 5 de agosto en los caseríos de El Tigre y Lagartos, en lo que hoy son los límites entre los municipios de Amalfi y Lagartos, fue perpetrada directamente por militares, guiados por hombres de Fidel Castaño. Estos crímenes en particular sirvieron para construir el mito de la venganza paramilitar de Fidel Castaño, en contra de los asesinos de su padre, según documentó la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras recicladas.
En 1983 el procurador general, Carlos Jiménez Gómez le entregó al presidente Betancur un informe sobre el MAS en el que señalaba que de las 163 personas investigadas, 59 eran miembros activos de las Fuerzas Armadas y otro tanto, no determinado, eran militares y policías retirados. Gran parte de los militares involucrados pertenecían a los Batallones Bomboná, en Puerto Berrío y Bárbula en Puerto Boyacá.
La publicación de la investigación de la Procuraduría coincidió con el comienzo de las llamadas ‘escuelas paramilitares’ en Puerto Boyacá. Desde ese momento, lo que la Comisión de la Verdad ha llamado el ‘entramado paramilitar’, del que hacían parte políticos, agentes del Estado, empresarios y narcotraficantes, comenzaron a formar grupos de civiles entrenados para matar.
La estrategia cambió, y con los nuevos grupos paramilitares, la presencia de los agentes del Estado en la perpetración de estos crímenes se diversificó. Aunque miembros de la fuerza pública siguieron cometiendo crímenes directamente, en otros casos aparecían como cómplices o coautores en distintas formas, de los ‘paras’ o ‘masetos’.
Seguramente la Comisión de la Verdad aportará detalles sobre este camino que recorrió el Estado en la formación del paramilitarismo con su fin. Han pasado ya cuatro décadas y aún el establecimiento que ha hecho parte de este entramado, se niega con vehemencia a admitir sus responsabilidades.