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Debemos recordar que el plebiscito para refrendar los acuerdos lo gano el No por un estrecho margen, ante lo cual los reclamos política y “estadísticamente” validos de quienes se oponían a los acuerdos eran legítimos. Por otra parte, yendo en contra de ese hecho político, a través de la refrendación parlamentaria y la aprobación y negación de múltiples iniciativas se terminó desdibujando la esencia del acuerdo que fue apoyada también de manera masiva por la mitad de los colombianos.
No se trata en esta columna de reivinidcar a unos o a otros. Se trata es de despertar una voz de alerta frente al monopolio que terminan teniendo los políticos frente a las decisiones que, como los acuerdos de paz, en teoría nos involucraban a todos los colombianos, incluso a la guerrilla de las FARC.
¿Cuál ha sido entonces, a mi juicio, el problema de fondo, de la implementación de los acuerdos? Precisamente, lo señalado previamente, y es que la paz que se terminó implementando no ni la de los que apoyábamos el Sí, ni la paz con los reparos de quienes, algunos genuinamente, apoyaban el No.
Al revisar lo aprobado se percata que la impunidad, caballo de batalla de unos, sigue vigente, pero sobre todo para los terceros que hicieron parte del conflicto. Cuando se observa la reparación y los procesos de construcción de memoria, al menos oficiales, las victimas brillan por su ausencia, una vez más desmitificando la premisa de “las víctimas son el centro del conflicto”. La reticencia a aprobar cualquier iniciativa del punto de tierras, los múltiples obstáculos para la participación política, especialmente de las víctimas, y los absurdos impedimentos para poner a andar una verdadera justicia transicional, lo que evidencia es que los intereses de los poderosos, gran parte de ellos cómplices o participantes directos o indirectos del conflicto, primaros sobre los intereses de toda la sociedad.
Este panorama debe generarnos una gran inquietud frente al proceso electoral que está en curso en Colombia. En medio de una democracia, participativa en el papel, pseudo representativa en la realidad, la conformación del próximo congreso será determinante para la continuidad de la implementación de los acuerdos de paz, y sobre todo para el rescate del espíritu original del acuerdo, plural, democratizador y participativo.
La batalla política y legal se va a seguir dando en el Congreso y por eso hemos visto como los diferentes partidos han ido conformando sus listas con personalidades de alto nivel y con muchas otras de dudosa reputación y oscuros intereses.
Nuestra responsabilidad como ciudadanos, más allá del mecánico ejercicio del derecho al voto, es ser conscientes de que en este proceso electoral está en juego el futuro de la paz en el país. Compartamos o no, las ideas políticas nuevas que entran al escenario, es menester de una democracia defender su derecho a participar y existir, sin que esto represente un riesgo para la democracia en si misma.
La implementación de los acuerdos, ha tenido imperfecciones, obstáculos y dificultades. El conformar un congreso decente, comprometido realmente, puede ser un impulso para lograr en realidad la paz que todos los colombianos hemos anhelado durante mucho tiempo.
Independiente de quien sea el próximo presidente del país, el poder contar con un congreso comprometido en la defensa de la paz, alejado de los intereses políticos y electorales que vienen enturbiando la implementación de los acuerdos es fundamental.
Todavía estamos a tiempo de conocer a los candidatos, sus posiciones frente a los acuerdos, y tomar en consciencia, la decisión más importante.