Las fumigaciones con glifosato: el método de desplazamiento forzado más efectivo

Por mucho tiempo el tema de las fumigaciones con el herbicida glifosato han sido una prioridad en mi vida. El interés me llegó cuando entendí por las investigaciones de colegas y por mi propia vivencia que muchos son los factores que empujan a las poblaciones a huir de sus territorios, pero ninguno logra tener tanta eficacia para desplazar forzosamente como lo hace la llegada del glifosato.

Colombia es un país que históricamente se ha dividido en dos sectores sociales, aquellos que son ciudadanos y que tienen relevancia para los gobiernos de turno y aquellos a los que se les niega esa condición y que no son importantes ni para el gobierno, ni para los medios de comunicación, ni para la otra mitad del país. Esa parte que ha sido segregada históricamente en lo político, en lo social y en lo económico es a la que siempre se conoce como “periferia”, regiones en donde el Estado jamás ha llegado para brindar garantías sociales, pero si llega para fumigar los territorios con glifosato.

En la periferia todavía sobreviven las comunidades tradicionales – indígenas, negras y campesinas – para las que aún es relevante el bienestar colectivo, la cultura y el territorio. Son esas comunidades las que han tenido que vivir el flagelo de la guerra, del narcotráfico y de la violencia estructural en su contra. Sin embargo, con todo y lo que implica vivir entre la pobreza, las balas y las amenazas, nada resulta peor que vivir en medio de las aspersiones, una vez llegan, es inminente el desplazamiento masivo de estas comunidades.

Junto con la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense – REDHPNA y el Colectivo Orlando Fals Borda hemos encaminado una lucha jurídica por detener el regreso de las aspersiones, hemos demostrado que el gobierno nacional en su carrera desmedida por imponer el envenenamiento de los territorios como única posibilidad de luchar contra los cultivos ilícitos, ha violentado los derechos fundamentales individuales y colectivos. Pero más allá de lo que se pueda hacer en los tribunales, el tema del glifosato tiene que convertirse en un asunto humanitario de relevancia para todo el país, especialmente, es fundamental que en la defensa por la vida se involucre también el sector de la sociedad que tiene el privilegio de contar como ciudadano.

Que regresen o no las aspersiones con glifosato no es un tema de tecnicismos, ni es científico, ni político, ni jurídico, es un tema humanitario y creo que la mejor manera de entenderlo es poniéndonos por un momento en los zapatos de aquellos que habitan la periferia: ¿Qué pasaría si un día pasa por encima de nuestras casas una avioneta rociándolo todo con veneno? ¿y si luego de un tiempo descubrimos que el agua que tomamos ha sido también contaminada con glifosato? ¿Y si nuestros hijos enferman y les empiezan a salir ronchas en su piel luego de ser expuestos al herbicida? … Si eso le pasara a usted y a mí, estaríamos agotando todos nuestros esfuerzos para impedir que siga ocurriendo. Entonces, ¿por qué no resulta igualmente preocupante cuando le pasa a nuestras comunidades indígenas, afros o campesinas?

Una vez llega el glifosato a los territorios, se instala en la mesa, en la ropa, en cada rincón de la casa y termina por dañar la tierra, el cuerpo y la vida. Por eso, las comunidades tienen que salir huyendo, porque en el territorio no queda nada.

Llevamos más de 40 años apostándole a disminuir los cultivos ilícitos con el uso del herbicida sin tener ningún resultado ¿Qué tal si, por primera vez, le exigimos al gobierno nacional que le brinde oportunidades económicas a la gente y mecanismos de vida digna en vez de acorralarlos al máximo envenenando sus territorios?

Pidámosle que cumpla los Acuerdos de Paz y que invierta en los programas de sustitución antes de imponer políticas tan deshumanizantes como el glifosato porque usted, yo y todos los seres humanos que habitamos este territorio merecemos una oportunidad para vivir en paz.

*Mujer, hija de pueblos campesinos e indígenas. Abogada y Socióloga. Magister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Por mucho tiempo el tema de las fumigaciones con el herbicida glifosato han sido una prioridad en mi vida. El interés me llegó cuando entendí por las investigaciones de colegas y por mi propia vivencia que muchos son los factores que empujan a las poblaciones a huir de sus territorios, pero ninguno logra tener tanta eficacia para desplazar forzosamente como lo hace la llegada del glifosato.

Colombia es un país que históricamente se ha dividido en dos sectores sociales, aquellos que son ciudadanos y que tienen relevancia para los gobiernos de turno y aquellos a los que se les niega esa condición y que no son importantes ni para el gobierno, ni para los medios de comunicación, ni para la otra mitad del país. Esa parte que ha sido segregada históricamente en lo político, en lo social y en lo económico es a la que siempre se conoce como “periferia”, regiones en donde el Estado jamás ha llegado para brindar garantías sociales, pero si llega para fumigar los territorios con glifosato.

En la periferia todavía sobreviven las comunidades tradicionales – indígenas, negras y campesinas – para las que aún es relevante el bienestar colectivo, la cultura y el territorio. Son esas comunidades las que han tenido que vivir el flagelo de la guerra, del narcotráfico y de la violencia estructural en su contra. Sin embargo, con todo y lo que implica vivir entre la pobreza, las balas y las amenazas, nada resulta peor que vivir en medio de las aspersiones, una vez llegan, es inminente el desplazamiento masivo de estas comunidades.

Junto con la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense – REDHPNA y el Colectivo Orlando Fals Borda hemos encaminado una lucha jurídica por detener el regreso de las aspersiones, hemos demostrado que el gobierno nacional en su carrera desmedida por imponer el envenenamiento de los territorios como única posibilidad de luchar contra los cultivos ilícitos, ha violentado los derechos fundamentales individuales y colectivos. Pero más allá de lo que se pueda hacer en los tribunales, el tema del glifosato tiene que convertirse en un asunto humanitario de relevancia para todo el país, especialmente, es fundamental que en la defensa por la vida se involucre también el sector de la sociedad que tiene el privilegio de contar como ciudadano.

Que regresen o no las aspersiones con glifosato no es un tema de tecnicismos, ni es científico, ni político, ni jurídico, es un tema humanitario y creo que la mejor manera de entenderlo es poniéndonos por un momento en los zapatos de aquellos que habitan la periferia: ¿Qué pasaría si un día pasa por encima de nuestras casas una avioneta rociándolo todo con veneno? ¿y si luego de un tiempo descubrimos que el agua que tomamos ha sido también contaminada con glifosato? ¿Y si nuestros hijos enferman y les empiezan a salir ronchas en su piel luego de ser expuestos al herbicida? … Si eso le pasara a usted y a mí, estaríamos agotando todos nuestros esfuerzos para impedir que siga ocurriendo. Entonces, ¿por qué no resulta igualmente preocupante cuando le pasa a nuestras comunidades indígenas, afros o campesinas?

Una vez llega el glifosato a los territorios, se instala en la mesa, en la ropa, en cada rincón de la casa y termina por dañar la tierra, el cuerpo y la vida. Por eso, las comunidades tienen que salir huyendo, porque en el territorio no queda nada.

Llevamos más de 40 años apostándole a disminuir los cultivos ilícitos con el uso del herbicida sin tener ningún resultado ¿Qué tal si, por primera vez, le exigimos al gobierno nacional que le brinde oportunidades económicas a la gente y mecanismos de vida digna en vez de acorralarlos al máximo envenenando sus territorios?

Pidámosle que cumpla los Acuerdos de Paz y que invierta en los programas de sustitución antes de imponer políticas tan deshumanizantes como el glifosato porque usted, yo y todos los seres humanos que habitamos este territorio merecemos una oportunidad para vivir en paz.

*Mujer, hija de pueblos campesinos e indígenas. Abogada y Socióloga. Magister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda