Las minas antipersonal en Colombia, armas silenciosas que impiden el desarrollo

Este año, el Domingo de Pascua coincide con la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización sobre las Minas Antipersonal. El 8 de diciembre de 2005, la Asamblea General de la ONU declaró al 4 de abril como el día en el cual se llama la atención sobre estas armas silenciosas y devastadoras que amenazan la seguridad, la salud y la vida de la población; y se reafirma el compromiso de los Estados de eliminar estos artefactos que se han convertido en un obstáculo para el desarrollo social y económico de los países.

La conmemoración de este año tiene un sentido particular para Colombia. En febrero de 2021, el país alcanzó un lamentable hito al registrar oficialmente la víctima de mina antipersonal número 12.000, según las estadísticas que desde 1990 maneja el Estado Colombiano. Esta triste marca hace de Colombia el segundo país con el mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, superado solamente por Afganistán.

Aunque el número de víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar en el país se redujo sistemáticamente entre 2006 y 2017 (año en el cual se registraron 57 personas afectadas), esta cifra ha aumentado progresivamente en los últimos tres años, llegando a 167 víctimas en 2020. Es preocupante que, según los registros oficiales, desde 2018 el 57% de las víctimas han sido civiles, afectando también a mujeres, menores de edad, comunidades indígenas y afrodescendientes. Es precisamente por situaciones como esta que las minas han sido prohibidas como método de guerra por diferentes convenios internacionales que componen el Derecho Internacional Humanitario. Las minas no discriminan y, en consecuencia, causan daño tanto a civiles como a combatientes.

No obstante, a pesar de ser un arma prohibida internacionalmente que viola el Derecho Internacional Humanitario, grupos armados organizados continúan instalando minas antipersonal improvisadas en Colombia. En 2020, 41 municipios con presencia activa de grupos armados vieron la instalación de minas en sus zonas rurales, lo cual no sólo implica que sus habitantes se enfrentan a diario con el riesgo de sufrir un accidente, sino que también ven limitado el uso productivo de sus tierras y el acceso a servicios básicos como la educación o la salud. Esto afecta sus medios de subsistencia, pone en peligro la vida de la población e impide el desarrollo de los territorios.

En estos lugares en los que las condiciones de seguridad y la presencia de grupos armados organizados no permiten la llegada del desminado humanitario, la única herramienta disponible

para la protección de la población civil es la Educación en el Riesgo de Minas y el fomento de comportamientos seguros entre las comunidades, con la esperanza de evitar nuevos accidentes.

De los 1,122 municipios de Colombia, 712 han sido afectados en algún momento por la presencia de las minas antipersonal. A la fecha, el sector de la acción contra minas en Colombia ha liberado el 40% de estos territorios, un logro alcanzado en parte gracias a la desmovilización de las FARC-EP, lo cual ha permitido que el desminado humanitario pueda desarrollarse en zonas anteriormente inaccesibles por este conflicto.

Así, el desminado humanitario se constituye en una herramienta indispensable para la efectiva restitución de las tierras para fines productivos, evitando que sean usadas nuevamente como escenarios de conflicto. Cuando se logra este objetivo, la Acción Integral Contra Minas contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de sus aportes en áreas claves como la mejora en el acceso a servicios de salud y educación, la reducción de la pobreza y la consolidación de la paz, entre otros.

Pese a las dinámicas de conflicto en curso, en 2020 el Gobierno de Colombia renovó su compromiso ante la Convención de Ottawa de ser un país libre de minas, extendiendo el plazo para su cumplimiento hasta el 31 diciembre de 2025. Aún falta mucho por hacer, pero es clave el reconocimiento que existe en el país sobre el problema de las minas antipersonal para apoyar la acción humanitaria, sin dejar a nadie atrás. Como el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó hace 4 años: “Una paz sin la acción contra minas es una paz incompleta”.

*Director de Programa del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia.

Este año, el Domingo de Pascua coincide con la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización sobre las Minas Antipersonal. El 8 de diciembre de 2005, la Asamblea General de la ONU declaró al 4 de abril como el día en el cual se llama la atención sobre estas armas silenciosas y devastadoras que amenazan la seguridad, la salud y la vida de la población; y se reafirma el compromiso de los Estados de eliminar estos artefactos que se han convertido en un obstáculo para el desarrollo social y económico de los países.

La conmemoración de este año tiene un sentido particular para Colombia. En febrero de 2021, el país alcanzó un lamentable hito al registrar oficialmente la víctima de mina antipersonal número 12.000, según las estadísticas que desde 1990 maneja el Estado Colombiano. Esta triste marca hace de Colombia el segundo país con el mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, superado solamente por Afganistán.

Aunque el número de víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar en el país se redujo sistemáticamente entre 2006 y 2017 (año en el cual se registraron 57 personas afectadas), esta cifra ha aumentado progresivamente en los últimos tres años, llegando a 167 víctimas en 2020. Es preocupante que, según los registros oficiales, desde 2018 el 57% de las víctimas han sido civiles, afectando también a mujeres, menores de edad, comunidades indígenas y afrodescendientes. Es precisamente por situaciones como esta que las minas han sido prohibidas como método de guerra por diferentes convenios internacionales que componen el Derecho Internacional Humanitario. Las minas no discriminan y, en consecuencia, causan daño tanto a civiles como a combatientes.

No obstante, a pesar de ser un arma prohibida internacionalmente que viola el Derecho Internacional Humanitario, grupos armados organizados continúan instalando minas antipersonal improvisadas en Colombia. En 2020, 41 municipios con presencia activa de grupos armados vieron la instalación de minas en sus zonas rurales, lo cual no sólo implica que sus habitantes se enfrentan a diario con el riesgo de sufrir un accidente, sino que también ven limitado el uso productivo de sus tierras y el acceso a servicios básicos como la educación o la salud. Esto afecta sus medios de subsistencia, pone en peligro la vida de la población e impide el desarrollo de los territorios.

En estos lugares en los que las condiciones de seguridad y la presencia de grupos armados organizados no permiten la llegada del desminado humanitario, la única herramienta disponible

para la protección de la población civil es la Educación en el Riesgo de Minas y el fomento de comportamientos seguros entre las comunidades, con la esperanza de evitar nuevos accidentes.

De los 1,122 municipios de Colombia, 712 han sido afectados en algún momento por la presencia de las minas antipersonal. A la fecha, el sector de la acción contra minas en Colombia ha liberado el 40% de estos territorios, un logro alcanzado en parte gracias a la desmovilización de las FARC-EP, lo cual ha permitido que el desminado humanitario pueda desarrollarse en zonas anteriormente inaccesibles por este conflicto.

Así, el desminado humanitario se constituye en una herramienta indispensable para la efectiva restitución de las tierras para fines productivos, evitando que sean usadas nuevamente como escenarios de conflicto. Cuando se logra este objetivo, la Acción Integral Contra Minas contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de sus aportes en áreas claves como la mejora en el acceso a servicios de salud y educación, la reducción de la pobreza y la consolidación de la paz, entre otros.

Pese a las dinámicas de conflicto en curso, en 2020 el Gobierno de Colombia renovó su compromiso ante la Convención de Ottawa de ser un país libre de minas, extendiendo el plazo para su cumplimiento hasta el 31 diciembre de 2025. Aún falta mucho por hacer, pero es clave el reconocimiento que existe en el país sobre el problema de las minas antipersonal para apoyar la acción humanitaria, sin dejar a nadie atrás. Como el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó hace 4 años: “Una paz sin la acción contra minas es una paz incompleta”.

*Director de Programa del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia.