Las mujeres asumiendo retos para la seguridad
Por: Rosa Emilia Salamanca Gonzalez
Las mujeres somos más de la mitad de la población. Tenemos la capacidad de aportar enormes recursos, opciones y alternativas en la economía, la cultura y la política. Por eso, las mujeres necesitan condiciones de seguridad óptimas para obtener su propio crecimiento y el de la sociedad del que forman parte esencial, sin embargo, esas condiciones les son esquivas, difíciles y muchas veces negadas a las mujeres.
Infinidad de estudios –además de las evidencias empíricas- demuestran que las mujeres han sido discriminadas de múltiples maneras, han sido consideradas propiedad de las familias y objetivizadas de tal manera que su deber ser está regulado por los discursos y valores edificados por la cultura, por las divisiones y definiciones impuestas, por valores morales lejanos a la igualdad, y no por la consideración del ser humanas, que deben gozar de condiciones para ejercer en libertad y vivir en plenitud sus derechos. Este reconocimiento de la libertad y los derechos de las mujeres es aún materia de discusión y de lucha permanente.
Cada avance en el reconocimiento de la realidad humana de las mujeres es vital por pequeño que parezca, tanto para mestizas, afros, negras, raizales, campesinas, gitanas, indígenas, blancas, mujeres con orientaciones sexuales no normativas, cisgénero ( término usado en los estudios de género para describir a aquellas personas cuyo género biológico e identidad de género coinciden), trans; urbanas y rurales. Estos avances son urgentes para todas.
El Acuerdo Final ha sido un proceso en el que el movimiento de mujeres, en toda su diversidad, argumentó, influyó e incidió, demostrando el particular impacto de los conflictos armados en las mujeres y la oportunidad de transformación en sus vidas, promoviendo su participación en todas las decisiones, espacios, y procesos que se determinaron en él. Antes del año 2000, los daños hacia las mujeres se consideraban “daños colaterales”. (Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de NNUU del 2000 y resoluciones conexas) Hoy, se reconoce que son premeditados, que se convierten en armas de guerra, que buscan desmoralizar al oponente, que son parte del territorio de combate y cómo los crímenes contra ella, contra su cuerpo e integridad son crímenes de lesa humanidad.
A pesar del reconocimiento de este impacto, la situación de las mujeres en materia de inseguridad persiste. La sociedad continúa naturalizando, permitiendo y legitimando esta situación. Así, se discrimina a las mujeres antes, durante y después de los conflictos. No hay cambios sustantivos y el impacto desproporcionado continúa mostrando la conexión entre la violencia hacia las mujeres en sus parejas, sus hogares y en lo público, cuya expresión actual es el feminicidio.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo comprendido entre el 1.° de enero y el 5 de abril de este año han sido asesinadas 204 mujeres en el país, 24 de ellas a manos de sus parejas o exparejas. Mujeres comunes y corrientes, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, mujeres en trabajos comunitarios, mujeres que defienden sus derechos son amenazadas dentro y fuera de sus hogares.
Con relación al acuerdo de paz, lo logrado no se puede perder. Reza en el mismo, que se garantizará la participación de las mujeres en todos los espacios, por ello, no podemos estar ausentes de espacios como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no podemos estar ausentes de la definición de las políticas de seguridad del país.
Las mujeres requerimos condiciones específicas para afrontar y superar riesgos afianzados –e incrementados- por interseccionalidades que se expresan en la conjunción de discriminaciones que mantienen la pobreza, la exclusión y la discriminación contra comunidades, mujeres, etnias y diversidades. Es indispensable que las mujeres podamos hablar de seguridad y que obtengamos garantías de seguridad dentro y fuera de la casa, para que todo nuestro potencial y prácticas sirvan en la construcción efectiva de paz en el país.
Por: Rosa Emilia Salamanca Gonzalez
Las mujeres somos más de la mitad de la población. Tenemos la capacidad de aportar enormes recursos, opciones y alternativas en la economía, la cultura y la política. Por eso, las mujeres necesitan condiciones de seguridad óptimas para obtener su propio crecimiento y el de la sociedad del que forman parte esencial, sin embargo, esas condiciones les son esquivas, difíciles y muchas veces negadas a las mujeres.
Infinidad de estudios –además de las evidencias empíricas- demuestran que las mujeres han sido discriminadas de múltiples maneras, han sido consideradas propiedad de las familias y objetivizadas de tal manera que su deber ser está regulado por los discursos y valores edificados por la cultura, por las divisiones y definiciones impuestas, por valores morales lejanos a la igualdad, y no por la consideración del ser humanas, que deben gozar de condiciones para ejercer en libertad y vivir en plenitud sus derechos. Este reconocimiento de la libertad y los derechos de las mujeres es aún materia de discusión y de lucha permanente.
Cada avance en el reconocimiento de la realidad humana de las mujeres es vital por pequeño que parezca, tanto para mestizas, afros, negras, raizales, campesinas, gitanas, indígenas, blancas, mujeres con orientaciones sexuales no normativas, cisgénero ( término usado en los estudios de género para describir a aquellas personas cuyo género biológico e identidad de género coinciden), trans; urbanas y rurales. Estos avances son urgentes para todas.
El Acuerdo Final ha sido un proceso en el que el movimiento de mujeres, en toda su diversidad, argumentó, influyó e incidió, demostrando el particular impacto de los conflictos armados en las mujeres y la oportunidad de transformación en sus vidas, promoviendo su participación en todas las decisiones, espacios, y procesos que se determinaron en él. Antes del año 2000, los daños hacia las mujeres se consideraban “daños colaterales”. (Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de NNUU del 2000 y resoluciones conexas) Hoy, se reconoce que son premeditados, que se convierten en armas de guerra, que buscan desmoralizar al oponente, que son parte del territorio de combate y cómo los crímenes contra ella, contra su cuerpo e integridad son crímenes de lesa humanidad.
A pesar del reconocimiento de este impacto, la situación de las mujeres en materia de inseguridad persiste. La sociedad continúa naturalizando, permitiendo y legitimando esta situación. Así, se discrimina a las mujeres antes, durante y después de los conflictos. No hay cambios sustantivos y el impacto desproporcionado continúa mostrando la conexión entre la violencia hacia las mujeres en sus parejas, sus hogares y en lo público, cuya expresión actual es el feminicidio.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo comprendido entre el 1.° de enero y el 5 de abril de este año han sido asesinadas 204 mujeres en el país, 24 de ellas a manos de sus parejas o exparejas. Mujeres comunes y corrientes, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, mujeres en trabajos comunitarios, mujeres que defienden sus derechos son amenazadas dentro y fuera de sus hogares.
Con relación al acuerdo de paz, lo logrado no se puede perder. Reza en el mismo, que se garantizará la participación de las mujeres en todos los espacios, por ello, no podemos estar ausentes de espacios como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no podemos estar ausentes de la definición de las políticas de seguridad del país.
Las mujeres requerimos condiciones específicas para afrontar y superar riesgos afianzados –e incrementados- por interseccionalidades que se expresan en la conjunción de discriminaciones que mantienen la pobreza, la exclusión y la discriminación contra comunidades, mujeres, etnias y diversidades. Es indispensable que las mujeres podamos hablar de seguridad y que obtengamos garantías de seguridad dentro y fuera de la casa, para que todo nuestro potencial y prácticas sirvan en la construcción efectiva de paz en el país.