Katherine Ronderos
Con gran alegría las organizaciones de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz recibimos la noticia de la paridad entre mujeres y hombres en una de las instancias creadas para el cumplimiento al Acuerdo Final, que buscará sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.
Aunque 53% de mujeres puede sonar a mayoría, sigue siendo una “pequeña” mayoría, y un avance incipiente en la composición de instancias decisorias de cara al establecimiento de sanciones ante las violencias que durante el conflicto armado afectaron desproporcionalmente a las mujeres.
El balance que tuvo el Comité de Escogencia en la conformación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), refleja la necesidad de cumplir con el reto enorme de mantener la inclusión de la diversidad y pruralidad del país, no sólo con el enfoque de género, sino étnico, racial y territorial, que, además, deben contar con composición académica y profesional que esperamos se mantenga a través de todos los periodos de la JEP. Sin embargo, el camino apenas comienza y se hace más importante que nunca tener en cuenta una serie de recomendaciones que presenta este artículo para garantizar que la JEP cumpla con su objetivo y las expectativas que su labor tiene para el futuro de una paz estable y duradera para Colombia.
El conflicto armado generó toda clase de violencias contra las mujeres que todavía la sociedad colombiana no reconoce totalmente. Miembros de todos los grupos armados, estatales, paramilitares y guerrillas, han cometido abusos contra las mujeres, pero en muchas ocasiones no resulta posible para las víctimas individualizar a su agresor, ni tampoco su pertenencia a un grupo determinado. Es de urgente necesidad para la reconciliación de toda la ciudadanía y para el establecimiento de medidas de no repetición, priorizar dentro de los reglamentos de la JEP la participación de las mujeres y sus reivindicaciones, el conocimiento de todos los crímenes contra ellas, en particular aquellos relacionados con la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, ordenar las medidas de reparación, incluido el apoyo psico-social que debería implementarse desde ahora y acompañar a las victimas hasta la terminación del proceso. Para ello será necesario preveer las medidades eficaces de participación de las mujeres y que el enfoque territorial y de género no se quede sólo en el papel o en la conformación de la JEP, sino que sea una realidad para la estabilidad del proceso.
Para las mujeres que tanto sufrimiento han tenido que padecer durante la guerra, una luz de esperanza se vislumbra. Sin embargo, los cambios en las dinámicas sociales en relación con sus derechos no pueden producirse si se perpetúan prácticas de vejámenes, estereotipos y exclusiones de las que siguen siendo víctimas. Las instancias creadas a partir del acuerdo de paz, en particular la JEP, tiene en desarrollo de su mandato una importante contribución: la de evitar que en el futuro hechos de vulneración que se convirtieron en una constante social, vuelvan a repetirse, esclarecer la verdad, hacer justicia y decidir las medidas de reparación y no repetición. Es importante que, dentro de esos hechos de victimización, se tengan en cuenta las múltiples formas de discriminación contra las mujeres que durante muchos años han sido toleradas por el Estado y la sociedad.
No es suficiente con que finalmente contemos con paridad de mujeres en la JEP, o con la expedición de normas garantes de derechos para la mitad de la población colombiana; es necesario avanzar en la instalación dentro del imaginario cultural-social, de prácticas reales de empoderamiento de derechos por parte de las mujeres y de respeto de toda la sociedad. Por ello, garantizar su participación, sus voces y recoger sus experiencias en las nuevas instancias es de vital importancia.
No podrá existir una Colombia democrática y en paz sin que el sufrimiento de las mujeres víctimas del conflicto armado pueda visibilizarse y repararse, y sin la erradicación de todas las formas de violencia en su contra. Por ello, en la implementación de las nuevas instancias provenientes del acuerdo de paz, deben establecerse políticas y acciones que visibilicen el aporte de las mujeres en sus territorios, que se esclarezca lo ocurrido en sus vidas y en sus cuerpos, permitiendo así la apertura de caminos hacia la reparación integral y la no repetición.
La JEP deberá constituirse en un eslabón que posibilite la profundización de la democracia y la ciudadania para las mujeres y que rompa el techo de cristal que el sistema de justicia ha ejercido sobre ellas.
Katherine Ronderos
Con gran alegría las organizaciones de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz recibimos la noticia de la paridad entre mujeres y hombres en una de las instancias creadas para el cumplimiento al Acuerdo Final, que buscará sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.
Aunque 53% de mujeres puede sonar a mayoría, sigue siendo una “pequeña” mayoría, y un avance incipiente en la composición de instancias decisorias de cara al establecimiento de sanciones ante las violencias que durante el conflicto armado afectaron desproporcionalmente a las mujeres.
El balance que tuvo el Comité de Escogencia en la conformación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), refleja la necesidad de cumplir con el reto enorme de mantener la inclusión de la diversidad y pruralidad del país, no sólo con el enfoque de género, sino étnico, racial y territorial, que, además, deben contar con composición académica y profesional que esperamos se mantenga a través de todos los periodos de la JEP. Sin embargo, el camino apenas comienza y se hace más importante que nunca tener en cuenta una serie de recomendaciones que presenta este artículo para garantizar que la JEP cumpla con su objetivo y las expectativas que su labor tiene para el futuro de una paz estable y duradera para Colombia.
El conflicto armado generó toda clase de violencias contra las mujeres que todavía la sociedad colombiana no reconoce totalmente. Miembros de todos los grupos armados, estatales, paramilitares y guerrillas, han cometido abusos contra las mujeres, pero en muchas ocasiones no resulta posible para las víctimas individualizar a su agresor, ni tampoco su pertenencia a un grupo determinado. Es de urgente necesidad para la reconciliación de toda la ciudadanía y para el establecimiento de medidas de no repetición, priorizar dentro de los reglamentos de la JEP la participación de las mujeres y sus reivindicaciones, el conocimiento de todos los crímenes contra ellas, en particular aquellos relacionados con la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, ordenar las medidas de reparación, incluido el apoyo psico-social que debería implementarse desde ahora y acompañar a las victimas hasta la terminación del proceso. Para ello será necesario preveer las medidades eficaces de participación de las mujeres y que el enfoque territorial y de género no se quede sólo en el papel o en la conformación de la JEP, sino que sea una realidad para la estabilidad del proceso.
Para las mujeres que tanto sufrimiento han tenido que padecer durante la guerra, una luz de esperanza se vislumbra. Sin embargo, los cambios en las dinámicas sociales en relación con sus derechos no pueden producirse si se perpetúan prácticas de vejámenes, estereotipos y exclusiones de las que siguen siendo víctimas. Las instancias creadas a partir del acuerdo de paz, en particular la JEP, tiene en desarrollo de su mandato una importante contribución: la de evitar que en el futuro hechos de vulneración que se convirtieron en una constante social, vuelvan a repetirse, esclarecer la verdad, hacer justicia y decidir las medidas de reparación y no repetición. Es importante que, dentro de esos hechos de victimización, se tengan en cuenta las múltiples formas de discriminación contra las mujeres que durante muchos años han sido toleradas por el Estado y la sociedad.
No es suficiente con que finalmente contemos con paridad de mujeres en la JEP, o con la expedición de normas garantes de derechos para la mitad de la población colombiana; es necesario avanzar en la instalación dentro del imaginario cultural-social, de prácticas reales de empoderamiento de derechos por parte de las mujeres y de respeto de toda la sociedad. Por ello, garantizar su participación, sus voces y recoger sus experiencias en las nuevas instancias es de vital importancia.
No podrá existir una Colombia democrática y en paz sin que el sufrimiento de las mujeres víctimas del conflicto armado pueda visibilizarse y repararse, y sin la erradicación de todas las formas de violencia en su contra. Por ello, en la implementación de las nuevas instancias provenientes del acuerdo de paz, deben establecerse políticas y acciones que visibilicen el aporte de las mujeres en sus territorios, que se esclarezca lo ocurrido en sus vidas y en sus cuerpos, permitiendo así la apertura de caminos hacia la reparación integral y la no repetición.
La JEP deberá constituirse en un eslabón que posibilite la profundización de la democracia y la ciudadania para las mujeres y que rompa el techo de cristal que el sistema de justicia ha ejercido sobre ellas.