Lecciones de la formalización: una historia que aprender
Por: Natalia Abril Bonilla y María Camila Jiménez Nicholls*
En un escenario de posacuerdo, donde se está configurando toda una nueva institucionalidad agraria, el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras es crucial porque tiene a su cargo el ordenamiento social de la propiedad rural. Es decir, que además de la adjudicación de baldíos, tarea que recibió del extinto Incoder, la Agencia también se encarga de la formalización de los predios de propiedad privada ¿Pero cuáles son sus retos? La investigación que actualmente desarrolla el Observatorio sobre la implementación de programas de formalización en Colombia, ya deja ver algunas fallas en el pasado que de ser tenidas en cuenta pueden ser útiles para no cometer los mismos errores en el presente.
Descentralizar el Estado o centralizar las regiones ha sido la díada por excelencia en la ejecución de las políticas de tierras. La infraestructura y composición que tiene hoy la ANT para funcionar en toda Colombia, surge, en parte, por una prevención a que se politice de la misma forma que sucedió con el antiguo INCORA e INCODER. Estas antiguas entidades funcionaban como un fortín de políticos regionales y, en ocasiones, permitieron que algunos de sus funcionarios fueran cómplices en casos de despojo a través de actos administrativos (caducidad administrativa, revocatorias y readjudicaciones).
En ese escenario de cooptación de las instituciones en las regiones, la ANT se presenta como entidad nacional centralizada cuya organización también trae nuevas dificultades. En varias Zonas de Reserva Campesina, no hay una oficina de la ANT, pero sí funcionarios que representan y hacen el trabajo de la Agencia en el territorio. Pero la falta de una oficina debidamente equipada en estas zonas puede influir de manera negativa en el desarrollo de sus funciones, por ejemplo, en algo tan simple como el envío de la copia original de su cuenta de cobro, cuando la oficina de envíos más cercana queda a varias horas de su lugar de trabajo. Más allá de estas limitaciones prácticas, es preocupante que las funciones de la Agencia de atender y generar soluciones a los problemas históricos de las comunidades recaigan sobre los hombros de una sola persona y no de una oficina de funcionarios con más recursos para generar efectivas soluciones.
Con respecto a la ejecución del programa de formalización, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Jamundí, Valle del Cauca, dijeron estar agradecidos por haberles informado sobre el número de títulos que se habían entregado. Además, en la Alcadía de Urumita, La Guajira y de Jamundí nos pidieron que, de ser posible, les informemos cuando tuviéramos más información acerca del programa, porque han estado desconectados del mismo. Una situación que evidencia, de cierta forma, una desarticulación entre entidades nacionales y locales que resulta en un gasto de esfuerzos y recursos.
Otra falla es la falta de una “memoria institucional” de los programas pasados. Al hablar con distintos exfuncionarios del Ministerio de Agricultura e INCODER se ha evidenciado que la información de los programas en el cual trabajaron hoy en día hace parte de los archivos personales. Y esto es un problema que debe ser abordado si no queremos que los contratistas de la ANT, como los funcionarios de las Zonas de Reserva Campesina, dejen la información que recogieron en un closet o una USB.
La memoria, el seguimiento y la información correspondiente al trabajo de cualquier agencia del Estado debe estar disponible y guardada en las mismas instituciones. Esto ayuda a la transparencia y a la rendición de cuentas en la ejecución de cualquier plan o proyecto. Además permite generar una evaluación efectiva, que para el caso de la formalización son escasas o incompletas. Por ejemplo, en aquellos programas realizados en esta materia en la década de los 90, no hay información certera sobre resultados en la implementación y ejecución de la política, pues lo poco que se conoce está en la memoria de quienes trabajaron en ellos ¿Cómo es posible que haya información que data de la colonia, pero no información clara, concisa y verificable de un programa de formalización que pasó hace apenas 20 años?
¿Por qué es importante hablar de esto para en un contexto de posacuerdo? Es indispensable que la nueva institucionalidad agraria, cuyas funciones son determinantes para la construcción de paz, pueda aprender de sus experiencias anteriores, que aunque a veces parezcan obvias, solo se pueden realizar si se producen cifras, indicadores y resultados verificables por parte de todas las instituciones. Más aún, para que las mismas entidades, la academia y la sociedad civil puedan hacer evaluaciones y recomendaciones que brinden conocimiento en herramientas y metodologías útiles para una verdadera transformación del país.
*Investigadoras Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad
Por: Natalia Abril Bonilla y María Camila Jiménez Nicholls*
En un escenario de posacuerdo, donde se está configurando toda una nueva institucionalidad agraria, el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras es crucial porque tiene a su cargo el ordenamiento social de la propiedad rural. Es decir, que además de la adjudicación de baldíos, tarea que recibió del extinto Incoder, la Agencia también se encarga de la formalización de los predios de propiedad privada ¿Pero cuáles son sus retos? La investigación que actualmente desarrolla el Observatorio sobre la implementación de programas de formalización en Colombia, ya deja ver algunas fallas en el pasado que de ser tenidas en cuenta pueden ser útiles para no cometer los mismos errores en el presente.
Descentralizar el Estado o centralizar las regiones ha sido la díada por excelencia en la ejecución de las políticas de tierras. La infraestructura y composición que tiene hoy la ANT para funcionar en toda Colombia, surge, en parte, por una prevención a que se politice de la misma forma que sucedió con el antiguo INCORA e INCODER. Estas antiguas entidades funcionaban como un fortín de políticos regionales y, en ocasiones, permitieron que algunos de sus funcionarios fueran cómplices en casos de despojo a través de actos administrativos (caducidad administrativa, revocatorias y readjudicaciones).
En ese escenario de cooptación de las instituciones en las regiones, la ANT se presenta como entidad nacional centralizada cuya organización también trae nuevas dificultades. En varias Zonas de Reserva Campesina, no hay una oficina de la ANT, pero sí funcionarios que representan y hacen el trabajo de la Agencia en el territorio. Pero la falta de una oficina debidamente equipada en estas zonas puede influir de manera negativa en el desarrollo de sus funciones, por ejemplo, en algo tan simple como el envío de la copia original de su cuenta de cobro, cuando la oficina de envíos más cercana queda a varias horas de su lugar de trabajo. Más allá de estas limitaciones prácticas, es preocupante que las funciones de la Agencia de atender y generar soluciones a los problemas históricos de las comunidades recaigan sobre los hombros de una sola persona y no de una oficina de funcionarios con más recursos para generar efectivas soluciones.
Con respecto a la ejecución del programa de formalización, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Jamundí, Valle del Cauca, dijeron estar agradecidos por haberles informado sobre el número de títulos que se habían entregado. Además, en la Alcadía de Urumita, La Guajira y de Jamundí nos pidieron que, de ser posible, les informemos cuando tuviéramos más información acerca del programa, porque han estado desconectados del mismo. Una situación que evidencia, de cierta forma, una desarticulación entre entidades nacionales y locales que resulta en un gasto de esfuerzos y recursos.
Otra falla es la falta de una “memoria institucional” de los programas pasados. Al hablar con distintos exfuncionarios del Ministerio de Agricultura e INCODER se ha evidenciado que la información de los programas en el cual trabajaron hoy en día hace parte de los archivos personales. Y esto es un problema que debe ser abordado si no queremos que los contratistas de la ANT, como los funcionarios de las Zonas de Reserva Campesina, dejen la información que recogieron en un closet o una USB.
La memoria, el seguimiento y la información correspondiente al trabajo de cualquier agencia del Estado debe estar disponible y guardada en las mismas instituciones. Esto ayuda a la transparencia y a la rendición de cuentas en la ejecución de cualquier plan o proyecto. Además permite generar una evaluación efectiva, que para el caso de la formalización son escasas o incompletas. Por ejemplo, en aquellos programas realizados en esta materia en la década de los 90, no hay información certera sobre resultados en la implementación y ejecución de la política, pues lo poco que se conoce está en la memoria de quienes trabajaron en ellos ¿Cómo es posible que haya información que data de la colonia, pero no información clara, concisa y verificable de un programa de formalización que pasó hace apenas 20 años?
¿Por qué es importante hablar de esto para en un contexto de posacuerdo? Es indispensable que la nueva institucionalidad agraria, cuyas funciones son determinantes para la construcción de paz, pueda aprender de sus experiencias anteriores, que aunque a veces parezcan obvias, solo se pueden realizar si se producen cifras, indicadores y resultados verificables por parte de todas las instituciones. Más aún, para que las mismas entidades, la academia y la sociedad civil puedan hacer evaluaciones y recomendaciones que brinden conocimiento en herramientas y metodologías útiles para una verdadera transformación del país.
*Investigadoras Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad