Lecciones de soluciones para población desplazada en las ciudades refugio del Putumayo
Los impactos de un conflicto armado no cesan con el silenciamiento de los fusiles de los actores involucrados, aunque el Acuerdo de Paz recién ratificado abra un camino de esperanza en el sentido que tales vulneraciones no se repitan. El desplazamiento forzado es una de ellas, cuyas consecuencias han sufrido más de 7 millones de personas en Colombia por varias décadas.
El departamento del Putumayo es una de las zonas con mayor densidad de población desplazada. Dos de sus municipios se han convertido en los refugios más importantes en esta región: Mocoa y Puerto Asís. Los números hablan por sí solos: Mocoa tiene una población total de 42.882 habitantes según el DANE (fuentes extraoficiales hablan de 80 mil), 36.941 de estas personas son población víctima de desplazamiento de acuerdo al Registro Único de Víctimas con corte a septiembre de 2016. Puerto Asís, por su parte, cuenta con una población desplazada de 31.237 personas según el mismo Registro, versus una población de 60.792 habitantes teniendo en cuenta la proyección poblacional DANE año 2016.
Si la población desplazada en Mocoa representa un 46 % de sus habitantes y en Puerto Asís el 34%, ¿en dónde se ubican y cuáles son las condiciones en las que viven? La Corte Constitucional abordó esta complejidad en el Auto 373 de 2016 al revelar una alta concentración de población desplazada en asentamientos humanos informales, donde “sus habitantes están expuestos a una situación de desprotección excesiva: las comunidades asentadas en los territorios se exponen a situaciones que atentan contra su integridad, están sujetos a desalojos forzados, estigmatización social, exclusión, pobreza extrema y riesgos derivados de permanecer en zonas que no cuentan con las garantías mínimas para su subsistencia”. Si a lo dicho por la Corte le sumamos la inseguridad jurídica de la tierra, que excluye del ordenamiento territorial y del desarrollo local a la población desplazada, el panorama es desalentador.
Junto a este análisis, la Corte Constitucional ordenó al Estado “una mayor presencia en los asentamiento a través de: (a) la identificación de los mismos; (b) su inclusión en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para reconocer sus vulnerabilidad y necesidades; (c) el desarrollo de reubicaciones con plenas garantías en casos en los que estos asentamientos se encuentren en zonas de riesgo; y (d) la garantía de servicios públicos básicos o un mínimo de sociales, económicos y culturales a la población allí asentada, especialmente, en lo concerniente a la seguridad jurídica sobre los predios y bienes que han venido siendo objeto de posesión y ocupación”.
Frente a este mayor desafío en Putumayo, ACNUR acompaña a las comunidades desplazadas y a las autoridades e instituciones públicas en la consolidación e implementación de una política de soluciones duraderas para la población desplazada. Definimos soluciones como un proceso de respuestas progresivas de restablecimiento de derechos y de superación de la vulnerabilidad de la población ligada a su condición de desplazamiento.
La experiencia en soluciones del ACNUR ha tenido como prioridad la formalización de asentamientos, acceso a servicios públicos, mejora de la calidad educativa, infraestructura social y un fuerte componente de empoderamiento ciudadano para la exigibilidad de derechos. En Mocoa, en la comunidad de San Isidro, trabajamos con la población ubicada en un terreno adjudicado por INCODER, allí se implementó un Plan de Reubicación entre 2008 y 2011, el cual aseguró la disposición de tierra, vivienda, servicios públicos, medios de vida, empoderamiento social e infraestructuras para la comunidad. En el mismo municipio, en la comunidad de Nueva Esperanza, integrada por 228 familias, se avanza significativamente en el acceso a servicios públicos, infraestructura educativa y comunitaria, legalización de los predios y construcción de ciudadanía.
A partir de estas experiencias concretas, ratificamos la convicción que la puesta en marcha de una política pública orientada a dar respuesta a los derechos de la población es fundamental para la integración definitiva y digna de las comunidades desplazadas en las ciudades.
Por consiguiente, los retos que establece el Auto de la Corte son competencias prácticas de las autoridades locales para integrar los asentamientos a la ciudad e implican el trabajo coordinado de las instituciones locales, regionales y nacionales. Igualmente las comunidades deben estar organizadas y preparadas para influenciar en las autoridades locales hacia el desarrollo de políticas públicas y el uso de marcos jurídicos para la abogacía de sus derechos.
Como decía el filósofo Norberto Bobbio, si estamos en el tiempo de los derechos, y en tiempo de la paz, los asentamientos con mayor concentración de población desplazada deben ser una prioridad en la recomposición de la vida digna de las víctimas.
*Escrito por Harold Juajibioy, Oficial de Protección, ACNUR Mocoa.
Los impactos de un conflicto armado no cesan con el silenciamiento de los fusiles de los actores involucrados, aunque el Acuerdo de Paz recién ratificado abra un camino de esperanza en el sentido que tales vulneraciones no se repitan. El desplazamiento forzado es una de ellas, cuyas consecuencias han sufrido más de 7 millones de personas en Colombia por varias décadas.
El departamento del Putumayo es una de las zonas con mayor densidad de población desplazada. Dos de sus municipios se han convertido en los refugios más importantes en esta región: Mocoa y Puerto Asís. Los números hablan por sí solos: Mocoa tiene una población total de 42.882 habitantes según el DANE (fuentes extraoficiales hablan de 80 mil), 36.941 de estas personas son población víctima de desplazamiento de acuerdo al Registro Único de Víctimas con corte a septiembre de 2016. Puerto Asís, por su parte, cuenta con una población desplazada de 31.237 personas según el mismo Registro, versus una población de 60.792 habitantes teniendo en cuenta la proyección poblacional DANE año 2016.
Si la población desplazada en Mocoa representa un 46 % de sus habitantes y en Puerto Asís el 34%, ¿en dónde se ubican y cuáles son las condiciones en las que viven? La Corte Constitucional abordó esta complejidad en el Auto 373 de 2016 al revelar una alta concentración de población desplazada en asentamientos humanos informales, donde “sus habitantes están expuestos a una situación de desprotección excesiva: las comunidades asentadas en los territorios se exponen a situaciones que atentan contra su integridad, están sujetos a desalojos forzados, estigmatización social, exclusión, pobreza extrema y riesgos derivados de permanecer en zonas que no cuentan con las garantías mínimas para su subsistencia”. Si a lo dicho por la Corte le sumamos la inseguridad jurídica de la tierra, que excluye del ordenamiento territorial y del desarrollo local a la población desplazada, el panorama es desalentador.
Junto a este análisis, la Corte Constitucional ordenó al Estado “una mayor presencia en los asentamiento a través de: (a) la identificación de los mismos; (b) su inclusión en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para reconocer sus vulnerabilidad y necesidades; (c) el desarrollo de reubicaciones con plenas garantías en casos en los que estos asentamientos se encuentren en zonas de riesgo; y (d) la garantía de servicios públicos básicos o un mínimo de sociales, económicos y culturales a la población allí asentada, especialmente, en lo concerniente a la seguridad jurídica sobre los predios y bienes que han venido siendo objeto de posesión y ocupación”.
Frente a este mayor desafío en Putumayo, ACNUR acompaña a las comunidades desplazadas y a las autoridades e instituciones públicas en la consolidación e implementación de una política de soluciones duraderas para la población desplazada. Definimos soluciones como un proceso de respuestas progresivas de restablecimiento de derechos y de superación de la vulnerabilidad de la población ligada a su condición de desplazamiento.
La experiencia en soluciones del ACNUR ha tenido como prioridad la formalización de asentamientos, acceso a servicios públicos, mejora de la calidad educativa, infraestructura social y un fuerte componente de empoderamiento ciudadano para la exigibilidad de derechos. En Mocoa, en la comunidad de San Isidro, trabajamos con la población ubicada en un terreno adjudicado por INCODER, allí se implementó un Plan de Reubicación entre 2008 y 2011, el cual aseguró la disposición de tierra, vivienda, servicios públicos, medios de vida, empoderamiento social e infraestructuras para la comunidad. En el mismo municipio, en la comunidad de Nueva Esperanza, integrada por 228 familias, se avanza significativamente en el acceso a servicios públicos, infraestructura educativa y comunitaria, legalización de los predios y construcción de ciudadanía.
A partir de estas experiencias concretas, ratificamos la convicción que la puesta en marcha de una política pública orientada a dar respuesta a los derechos de la población es fundamental para la integración definitiva y digna de las comunidades desplazadas en las ciudades.
Por consiguiente, los retos que establece el Auto de la Corte son competencias prácticas de las autoridades locales para integrar los asentamientos a la ciudad e implican el trabajo coordinado de las instituciones locales, regionales y nacionales. Igualmente las comunidades deben estar organizadas y preparadas para influenciar en las autoridades locales hacia el desarrollo de políticas públicas y el uso de marcos jurídicos para la abogacía de sus derechos.
Como decía el filósofo Norberto Bobbio, si estamos en el tiempo de los derechos, y en tiempo de la paz, los asentamientos con mayor concentración de población desplazada deben ser una prioridad en la recomposición de la vida digna de las víctimas.
*Escrito por Harold Juajibioy, Oficial de Protección, ACNUR Mocoa.