¿Liberalización o mercado regulado? El debate en la India y la experiencia en Colombia

Por Milton Alberto Valencia Hererra

En este momento los pequeños agricultores de la India completan tres meses de protestas contra las medidas legislativas introducidas por el gobierno del primer ministro Narendra Modi. Nueva Delhi, la capital del país, completa varias semanas prácticamente sitiada por los bloqueos en las autopistas de acceso, las protestas, en ocasiones, congregan a más de cien mil personas. ¿Qué está pasando y por qué es interesante compararlo con el caso colombiano?

El año pasado el parlamento Indio aprobó tres leyes que presentan un panorama incierto para el sistema tradicional del Mandi. Los Mandis son mercados regulados por el Comité del mercado de productos agrícolas (Agricultural Produce Market Committee) de cada uno de los estados de la India. En estos mercados los precios, las condiciones de venta y el almacenamiento se encuentran regulados, por lo que se garantiza siempre un precio mínimo de compra. Esto permite a los pequeños agricultores contar con un ingreso estable y realizar una planeación financiera de los próximos cultivos.

Las leyes aprobadas se presentan como una oportunidad para los agricultores de vender sus productos libremente. Aunque mantienen la posibilidad de recurrir al Mandi, los pequeños productores temen que a largo plazo las estrategias adoptadas por los agentes del libre mercado lleven a los gobiernos estatales a desmantelar los Mandis. ¿Cómo? Al liberalizar el comercio los operadores privados ofrecerán mejores precios que los Mandis, forzando el cierre por su poca concurrencia. Luego, a través de acuerdos entre los operadores o utilizando su posición dominante en el mercado, se disminuirán los precios forzando a los agricultores a vender a un precio inferior al que ofrecía el Mandi. Entonces, ¿por qué liberalizar el mercado?

Los objetivos del gobierno de Modi son: atraer mayor inversión en infraestructura y tecnología, mejorar los ingresos y aumentar la productividad. Sin embargo, estudios como los de Michael Lipton muestran que la liberalización de la agricultura no mejora los ingresos de los agricultores. De hecho, produce el efecto contrario al propiciar la acumulación de grandes extensiones de tierra en lo que Lipton llama relación inversa: a mayor tamaño del predio mejor productividad. Y esta es la segunda razón de las protestas: los pequeños agricultores temen perder sus tierras como consecuencia de los bajos precios y los costos que deben asumir para mantener su producción.

Este punto es clave. Según datos de USAID en los últimos años el porcentaje de hogares rurales sin tierra -en la India- ha disminuido en un 10%. De los hogares rurales con tierra, el 74% se compone de “agricultores marginales” (con predios entre 0.002 y 1 hectárea), que serán los más afectados con la liberalización que busca implantar el gobierno.

Pero más allá de lo que acontece en la India, creo que las políticas económicas que busca implantar el gobierno indio son similares a las adoptadas con la apertura económica en Colombia. De un Estado con medidas de protección e instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), que fijaba precios mínimos para comprar cosechas, pasamos progresivamente a un sistema de libre circulación de bienes en el que los hogares rurales campesinos sobreviven con cultivos de pancoger que no comercializan. Con la entrada en vigencia de diversos TLC, la situación se agudizó para campesinos y pequeños agricultores. Recordemos la situación de la papa en Boyacá hace unos meses.

Los cultivos locales se han corporativizado y se concentran en plantaciones de palma africana, café, caña de azúcar, cacao y banano tipo exportación. En ese sentido, las políticas agrícolas en Colombia son otro ejemplo para validar la tesis de Lipton. Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 resultan reveladores. De las 5.311.937 hectáreas sembradas en el país, 41,2% corresponden a cultivos agroindustriales (café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, soya, algodón).

De las 2.186.389 hectáreas sembradas con cultivos agroindustriales, 38,4% corresponden al cultivo de café con 839.661 ha, 25% a la palma africana con 546.085 ha y 13,7% de caña para azúcar con 299.407 ha. En contraste, los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2014 muestran que el área destinada a cultivos agroindustriales era del 20%. Es decir que en 5 años aumentó casi en un 20%.

Finalmente, aunque existen pocos datos sobre la cantidad de cultivos agroindustriales en comparación con el total de área sembrada antes de la apertura económica, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lleva estadísticas desde 1987 de la superficie cosechada con los principales productos agrícolas. Mientras que productos destinados a la exportación aumentaron considerablemente su extensión, como el banano que pasó de 24.900 ha en 1987 a 49.307 ha en 2017 y el cacao que pasó de 104.790 ha en 1987 a 181.383 ha en 2017, productos como el ajonjolí, el sorgo, el trigo y la cebada disminuyeron a consecuencia de las importaciones hasta en un 98%. Estos cultivos, que son transitorios, son similares a los cultivos de corto plazo que negocian los pequeños agricultores de la India en los Mandis. En contraste, el banano y el cacao son cultivos permanentes que requieren de un capital considerable para asumir los costos mientras el cultivo inicia su ciclo productivo. Y aquí viene un dato que es la prueba reina de la acumulación inversa de la que habla Lipton: el área cultivada de palma africana creció de 51.560 ha en 1987 a 527.139 ha en 2017, un 1022%.

Solo resta esperar que los agricultores de la India no se conviertan en las próximas víctimas de la acumulación inversa producto de las políticas de liberalización del mercado.