En su discurso de posesión Iván Duque dijo que llegaba a la presidencia una nueva generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades. El tono conciliador con que el nuevo mandatario se dirigió a los colombianos fue opacado por el senador Ernesto Macías, quien pertenece al mismo partido, cuya alocución fue pendenciera, inapropiada, con permanente crítica y descalificación al Gobierno saliente, en la que además se exaltó al senador Uribe y no al nuevo presidente.
Lo anterior no sorprendió, pero si era premonitorio de lo que pasaría con el mandatario si no optaba por asumir una posición que le permitiera desligarse de su jefe político y sus copartidarios, no para enfrentarlos sino para gobernar con autonomía; cuando las personas tienen dificultad para tomar decisiones importantes, siendo sensibles a la influencia de otras personas, se presenta la llamada deficiencia de identidad, en la que los valores y objetivos se rechazan y priman sentimientos y actuaciones producidas por la inseguridad; la anterior descripción enmarca las actuaciones del presidente Duque en su primer año de gobierno respecto al Acuerdo Final de Paz y su implementación.
En la campaña el partido del presidente mantuvo posiciones contrarias con el Acuerdo Final de Paz, desde “hacerlo trizas” hasta no cumplirlo; esto se ha morigerado en el ejercicio del gobierno y la actividad congresional bajo la llamada “paz con legalidad” materializa a través de los permanentes intentos de reforma o debilitándolo con el lento proceso de implementación.
El presidente maneja dos discursos, uno en el plano internacional y otro dentro del país; en el exterior, por ejemplo en su reciente gira en Europa, afirmó que ha mostrado la determinación en avanzar y llevar adelante el proceso de paz aunque lo considera frágil, que tiene como reto garantizar a las personas que dejaron la violencia su integración plena en la legalidad con un verdadero compromiso de no reincidencia, y en respuesta a organismos internacionales como la ONU, dijo que el proceso de paz no está en peligro.
En cambio, en Colombia el discurso es otro, el Gobierno no ha aceptado que el Acuerdo de Paz es una política de Estado como lo refrendó la Corte Constitucional, ello implica cumplirlo de buena fe y de manera plena, no se trata de obligaciones de medio o sujetas a un margen de apreciación para satisfacerlas. Hay tareas pendientes como la Reforma Rural Integral que permita erradicar la pobreza en el campo, dotar a los municipios más afectados por la violencia de bienes y servicios, formalizar la pequeña y mediana propiedad rural, integrar los municipios y regiones al desarrollo; el presupuesto, los recursos, los proyectos de paz, deben focalizarse en las zonas o entidades territoriales más afectadas por el conflicto armado.
La reincorporación y la vinculación de los excombatientes a proyectos productivos marcha lentamente, conduciéndolos a actividades ilegales, a que tomen nuevamente las armas o abandonen el proceso; hoy se reclama esa nueva generación “motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado”.
Por otro lado, el jefe de Estado ha establecido una diferenciación entre la base guerrillera y quienes representan la dirigencia de la desmovilizada organización; ha prometido oportunidades y protección para los primeros, y para los segundos es notorio que hay confrontación. En términos jurídicos y políticos lo anterior resulta contradictorio e inconveniente dado que el Acuerdo de Paz y las normas de implementación definieron los procedimientos e instancias para establecer los beneficios, obligaciones y responsabilidades a los que están sujetos conforme a la ley, sin que se pueda excluir las garantías para quienes actualmente están en un partido político que se declaró en oposición.
Justamente, en materia de participación política el Gobierno Duque no ha actuado con decisión, continua pendiente la reforma política y electoral, la inmensa deuda de las 16 Circunscripciones Transitorias de Paz, las condiciones para el ejercicio del voto libre en los municipios y zonas apartadas, la protección y garantías para la conformación de partidos y movimientos políticos, la adhesión a los existentes y la financiación de las campañas, para que la igualdad y el pluralismo democrático sean posibles. El discurso de un año atrás sigue ahí “No se trata de pensar igual, no se trata de unanimismos, no se trata de eludir las sanas discrepancias que son propias de la democracia. Se trata de ser capaces de darles vida a los consensos”.
Pero donde todas las miradas, las expectativas, los temores, la solidaridad y los justos reclamos se unen, es en la seguridad. El asesinato de excombatientes de las FARC y de líderes es numeroso y alarmante, pero aún más, cuando simultáneamente hay expresiones de rechazo como las marchas o se rinde las honras fúnebres se están perpetrando otros asesinatos, la respuesta del Gobierno y de la institucionalidad está fallando, la capacidad para contrarrestar la criminalidad no ha funcionado, pero el presidente no escucha razones, mantiene a su nefasto ministro de defensa y a cuestionados miembros de la fuerza pública; la sociedad sigue a la espera de lo prometido “sancionar ejemplarmente a quienes han obrado como autores intelectuales y materiales de esos crímenes que enlutan, que duelen, que carcomen el sentimiento de amor patrio”.
Desde otra mirada, el ejecutivo ha asumido “funciones” que no le corresponden contrariando el principio de colaboración armónica entre los órganos del Estado, algunos acontecimientos ligados al proceso de paz dan cuenta de ello; dedicó mucho tiempo y esfuerzo para sindicar e increpar a “Jesús Santrich” cuyos casos son de competencia de la Corte Suprema y de la JEP quebrantando los principios que sustentan el Estado de derecho y vinculan a los altos dignatarios del gobierno ¿será que esto no tiene nada que ver con la cultura de legalidad tan pregonada por el primer mandatario?
Dentro de las frecuentes actuaciones para contrarrestar a la JEP están las objeciones por inconveniencia que presentó a la ley estatutaria, un desgaste institucional innecesario, aumentó la sensación de ataque a ese tribunal y al proceso de paz, disipándose la atención debida a las víctimas ¿esta es la sociedad buscada donde la seguridad y la justicia van de la mano? Como se suele “decir en política” en el primer año hay que corresponderle a quienes le dieron su respaldo para que llegara a la primera magistratura del país, pero una vez elegido presidente lo es para todos los colombianos, las cosas no van bien, la implementación del Acuerdo de Paz está en inminente riesgo, llegó el momento de que la nueva generación no se arrope con las viejas costumbres, de lo contrario la historia lo recordará como el desmembrador del proceso de paz.