La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) puede tener muchos defectos y seguro podría mejorarse mucho más si se tienen en cuenta algunas decisiones que muestran interpretaciones preocupantes en relación con el Derecho Internacional Humanitario, propias de concepciones descontextualizadas, igual sucede con el mal negociado tema de la extradición pasiva, fruto de presiones e improvisaciones.
Pero la JEP, y esto hay que decirlo sin tapujos, es prueba del terrible fracaso de la justicia ordinaria para cumplir con los estándares de lucha contra la impunidad en la era de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con hechos sucedidos en la guerra. A la JEP también es cierto no se le ve hasta ahora como un tribunal de reconciliación y paz por tantos problemas que nos aquejan como sociedad polarizada y enferma y por los trasplantes hechos de los peores defectos de la justicia ordinaria; el origen de ciertos magistrados; problemas de corrupción; filtraciones especiales y la politización a través de la presión de ciertos stakeholders, sobre todo extranjeros.
Pero esa JEP respecto a los agentes de estado uniformados (porque los demás agentes estatales terminaron evadiendo la rendición de cuentas no entendiendo el boomerang frente a la jurisdicción universal por ejemplo) resulta ser más garantista que esa justicia penal ordinaria de la cual se quejaron por décadas, pues basta revisar los textos de asociaciones como Acore, Acorpol, entre otras y sus sentidas y justas quejas. Esa justicia ordinaria además no entendía de DIH, ni de derecho operacional, ni mucho menos de doctrina militar. Y ni que decir de los reclamos militares durante años contra la Procuraduria General de la Nación por el denominado "Síndrome de la Procuraduria".
Hoy hay más de mil doscientos militares beneficiados por la JEP y en cercanía de sus familiares, bajo condicionamientos serios y acompañados por la comunidad internacional. Estos militares y policías, como los del sonado caso de la masacre de Mondoñedo, están dispuestos a pasar la página contribuyendo a entender la guerra negada. Estuvieron estos militares y policías otrora detenidos en la guerra y cometieron errrores, otros horrores y están dispuestos a reconocer si es del caso lo que pasó en los términos hoy establecidos constitucionalmente, y ahora que fue sancionada la Ley estatutaria de la JEP todos esperamos que produzcan decisiones de fondo con eficacia y efectividad.
Por otro lado, el Sistema Integral ha permitido que la sociedad y la comunidad internacional conozca el drama de miles de miembros de las FFAA víctimas de la guerra, de los veteranos olvidados por el Estado y la sociedad durante décadas y el dolor de sus familias. Todo lo anterior no lo hubiera garantizado la justicia ordinaria, ni la contenciosa administrativa con tantos yerros sobre la responsabilidad estatal por el conflicto armado, ni mucho menos instancias administrativas o legislativas. Es hora de que la JEP demuestre que puede, pero más allá es hora también de que la justicia ordinaria se actualice y entienda que la guerra continúa y todos los hechos relacionados con el conflicto armado luego del primero de diciembre del 2016 son de su competencia. Este escenario paradójico no lo hemos no entendido, ahora contamos con dos escenarios judiciales diferentes que tendrán que trabajar de la mano y de forma imbricada, pues la JEP seguramente empezará a fijar parámetros e interpretaciones que servirán en todo caso para resolver graves problemas que se siguen suscitando.
*Profesor titular Universidad Católica. Asesor y consultor internacional.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) puede tener muchos defectos y seguro podría mejorarse mucho más si se tienen en cuenta algunas decisiones que muestran interpretaciones preocupantes en relación con el Derecho Internacional Humanitario, propias de concepciones descontextualizadas, igual sucede con el mal negociado tema de la extradición pasiva, fruto de presiones e improvisaciones.
Pero la JEP, y esto hay que decirlo sin tapujos, es prueba del terrible fracaso de la justicia ordinaria para cumplir con los estándares de lucha contra la impunidad en la era de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con hechos sucedidos en la guerra. A la JEP también es cierto no se le ve hasta ahora como un tribunal de reconciliación y paz por tantos problemas que nos aquejan como sociedad polarizada y enferma y por los trasplantes hechos de los peores defectos de la justicia ordinaria; el origen de ciertos magistrados; problemas de corrupción; filtraciones especiales y la politización a través de la presión de ciertos stakeholders, sobre todo extranjeros.
Pero esa JEP respecto a los agentes de estado uniformados (porque los demás agentes estatales terminaron evadiendo la rendición de cuentas no entendiendo el boomerang frente a la jurisdicción universal por ejemplo) resulta ser más garantista que esa justicia penal ordinaria de la cual se quejaron por décadas, pues basta revisar los textos de asociaciones como Acore, Acorpol, entre otras y sus sentidas y justas quejas. Esa justicia ordinaria además no entendía de DIH, ni de derecho operacional, ni mucho menos de doctrina militar. Y ni que decir de los reclamos militares durante años contra la Procuraduria General de la Nación por el denominado "Síndrome de la Procuraduria".
Hoy hay más de mil doscientos militares beneficiados por la JEP y en cercanía de sus familiares, bajo condicionamientos serios y acompañados por la comunidad internacional. Estos militares y policías, como los del sonado caso de la masacre de Mondoñedo, están dispuestos a pasar la página contribuyendo a entender la guerra negada. Estuvieron estos militares y policías otrora detenidos en la guerra y cometieron errrores, otros horrores y están dispuestos a reconocer si es del caso lo que pasó en los términos hoy establecidos constitucionalmente, y ahora que fue sancionada la Ley estatutaria de la JEP todos esperamos que produzcan decisiones de fondo con eficacia y efectividad.
Por otro lado, el Sistema Integral ha permitido que la sociedad y la comunidad internacional conozca el drama de miles de miembros de las FFAA víctimas de la guerra, de los veteranos olvidados por el Estado y la sociedad durante décadas y el dolor de sus familias. Todo lo anterior no lo hubiera garantizado la justicia ordinaria, ni la contenciosa administrativa con tantos yerros sobre la responsabilidad estatal por el conflicto armado, ni mucho menos instancias administrativas o legislativas. Es hora de que la JEP demuestre que puede, pero más allá es hora también de que la justicia ordinaria se actualice y entienda que la guerra continúa y todos los hechos relacionados con el conflicto armado luego del primero de diciembre del 2016 son de su competencia. Este escenario paradójico no lo hemos no entendido, ahora contamos con dos escenarios judiciales diferentes que tendrán que trabajar de la mano y de forma imbricada, pues la JEP seguramente empezará a fijar parámetros e interpretaciones que servirán en todo caso para resolver graves problemas que se siguen suscitando.
*Profesor titular Universidad Católica. Asesor y consultor internacional.