Por Lucas Marín Llanes

Desde el discurso de posesión del presidente Petro la política de drogas y la regulación de la cocaína han estado sobre la mesa de discusión. A esto se suma su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presentación del informe de la Comisión Global de Política de Drogas la semana pasada, el memorando que construimos desde la sociedad civil y la academia con recomendaciones al Gobierno Nacional y los proyectos de ley o acto legislativo en trámite para reformar la política de drogas.

Si bien hay consenso entre las voces reformistas sobre los beneficios netos de la regulación de las drogas, este proceso exige analizar cada eslabón del mercado, hoy ilegal. En el caso colombiano, desde la academia y la sociedad civil, se ha estudiado con rigor y profundidad el cultivo de coca y a los cultivadores. Las conclusiones son contundentes. La única actividad económica que permite garantizar la subsistencia en estas comunidades es la coca por las barreras al desarrollo rural presentes en la mayoría de territorios del país. Por lo tanto, las recomendaciones de política se enfocan en resolver estos problemas estructurales, mejorar sus condiciones socioeconómicas y, sin duda, erradicar los cultivos es insuficiente e inconveniente.

En el otro extremo del mercado, los estudios del comportamiento del consumo y sus determinantes en Colombia han sido limitados por la escasez de información y datos. Sin embargo, a partir de experiencias internacionales hemos llegado a recomendaciones de política y a algunos acuerdos. Por ejemplo, la política de drogas debe buscar la reducción del consumo problemático de sustancias a través de tratamientos y un enfoque de salud pública. Además de violar los derechos humanos, la represión y la criminalización del consumo no han reducido el uso de sustancias psicoactivas. En cuanto a los consumos no problemáticos, con mayor disenso, se ha planteado un enfoque de salud pública, estrategias de gestión del placer para el consumo adulto y de prevención en menores de edad para reducir la probabilidad de consumos problemáticos en el futuro. Sin embargo, entre el cultivo y el consumo de sustancias psicoactivas no conocemos los detalles del funcionamiento de este mercado.

En primer lugar, la transformación a pasta base y clorhidrato en laboratorios distribuidos en diferentes regiones. En seguida, su transporte a las cabeceras municipales o a los puertos de distribución. Por último, la comercialización y venta de cocaína o basuco. ¿Qué sabemos de estos procesos? ¿Quiénes son los actores en estos eslabones de la cadena? ¿Cómo operan y cuál es su estructura? ¿Cuál es su relación con los grupos armados? ¿Cuáles son las recomendaciones de política pública para reformar la política de drogas en este nivel? Hay pocas respuestas a estas preguntas. A pesar de contar con esfuerzos académicos rigurosos para entender algunas organizaciones criminales hechos por Ana Arjona, Gustavo Duncan, Santiago Tobón, entre otros, desconocemos la mayoría de estructuras actuales, sus dinámicas, actores, mercados e incentivos. Entender a profundidad estas etapas del mercado es esencial para cumplir con el objetivo de reducir la violencia a través de la regulación, teniendo en cuenta es uno de los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las instituciones en la ilegalidad.

Además: “El legado del prohibicionismo es la muerte de muchos inocentes”: Ernesto Zedillo

El problema es que en Colombia no es legítimo tener discusiones o acercarse a personas relacionadas con la comercialización ni con la distribución de sustancias psicoactivas desde ningún sector, especialmente desde la política y las instituciones públicas. Hay hipótesis sobre la causa de esta ilegitimidad. Por un lado, es posible que sea el resultado de una posición moral frente al tráfico de drogas. Esta línea argumentativa no es convincente porque ha habido procesos de negociación o sometimiento con organizaciones en las que una o la mayoría de sus actividades era el tráfico de drogas. Por el otro, nuestro trauma colectivo frente a las personas que comercializan drogas se puede explicar por el narcoterrorismo de los años ochenta y noventa, su proximidad a la población urbana y civil, y la corrosión causada en las instituciones del Estado.

Por el contrario, hay países en los que no existen estas barreras, incluso en los mayores promotores de la guerra contra las drogas, como Estados Unidos que negocia la intensidad de las condenas, protege y permite que comerciantes de sustancias psicoactivas se queden allá. Para avanzar en el conocimiento sobre estas etapas de la cadena de producción de sustancias psicoactivas y explorar una nueva política de drogas en estos eslabones tenemos que dejar atrás el moralismo hipócrita frente a quienes únicamente comercian con drogas.

En la narrativa de la reforma a la política de drogas hay buenos malos y malos malos. Evidentemente el propósito de esta expresión no es generalizar sobre la bondad de las personas en este mercado, su único objetivo es mostrar la hipocresía de la narrativa que cataloga a unos actores del mercado de sustancias psicoactivas como criminales y a otros como vulnerables. Considero que una de las principales causas para la mayoría de personas vinculadas a cualquier eslabón de la cadena de producción de drogas es la falta de oportunidades: es la misma falta de oportunidades que explica el involucramiento de un campesino en la zona rural de Piamonte en el cultivo de coca a la vinculación de un joven de un barrio marginado de las ciudades capitales en una organización comercializadora de cocaína y basuco. En mi opinión, no es una combinación de características de las personas y su autoselección lo que explica el surgimiento de las estructuras comercializadoras. Por el contrario, pienso que el contexto social, económico, cultural y político explica la probabilidad de pertenecer a las organizaciones generadoras de violencia, independientemente de las características intrínsecas de las personas.

La reforma a la política de drogas y su implementación no pueden perder de vista que el objetivo de la regulación es que los actuales actores del mercado operen en la legalidad, no la creación de un nuevo mercado. En ese sentido, el campesino y el joven de la ciudad, así como los jefes de su organización, son actores que deben hacer parte del proceso de regulación y, si realmente queremos reformar la política de drogas, debemos conocerlos para plantear medidas efectivas. Esta posición es debatible y el propósito no es sugerir que el tratamiento legal para todos los actores de la cadena de producción de cocaína sea el mismo; sin embargo, es un llamado a incluir a los comercializadores y distribuidores de sustancias como interlocutores necesarios para quienes debemos proponer un nuevo enfoque. La apertura al conocimiento y al diálogo con los participantes de estas etapas invisibilizadas es necesaria para reformar la política de drogas, regular su producción y acercarnos a la paz total.