A propósito de la elección y posesión del presidente Petro abundan los análisis sobre sus retos y desafíos. Mucho se habla de lo nacional, poco de lo territorial. Sin duda alguna, el centralismo, no es solo político, también lo es de la opinión. Los analistas centran su atención en reformas estructurales - justicia, laboral, salud, policía, tributaria, pensional -; así como en a temas que van desde la paz total, la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pasando por megaobras, metros, hasta soluciones definitivas al déficit financiero que afrontan los transportes articulados en todo el país. Parece que a los líderes de opinión se les olvida que fueron los habitantes de las regiones históricamente excluidas y marginadas quienes mayoritariamente votaron por Petro. Una situación parecida sucede con los-as mandatorios-as locales, al preguntárseles por sus expectativas con el gobierno central, su interés se focaliza en obras de infraestructura y fortalecimiento de las fuerzas armadas y de policía. Ausentes están de sus discursos los temas centrales que representan el deseo y el anhelo de las comunidades para vivir dignamente, para “vivir sabroso”.
Menos mal que el presidente Petro en su discurso de posesión, específicamente en su decálogo de buen gobierno, enunció dos puntos para acercar su gobierno al “pueblo” que lo eligió. En el quinto punto dice: “dialogar con todas y todos, sin excepciones, ni exclusiones”. En el siguiente, la idea de acercarse se mantiene: “la necesidad de escuchar a los y las colombianas”. En definitiva, acercarse implica que gobierno y comunidades se den la mano para reconocerse, generar propuestas y, ante todo, implementar políticas públicas que den respuestas efectivas a las secuelas que se han heredado de violencia y la guerra y, por supuesto superar el olvido histórico de diferentes gobiernos con la periferia. Esperemos, entonces que la máxima expresada por el presidente Petro de “no gobernar en la distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades”, se comience a concretar en el menor tiempo posible. De todas formas, fortalecer una democracia participativa más efectiva, más sustantiva, más inclusiva y menos farragosa, implica pensarse una estrategia innovadora que no repita las apuestas fallidas de gobiernos anteriores
Por lo pronto, mientras se define la agenda gubernamental referida a las acciones territoriales, puntualmente para el suroccidente colombiano, son diversas y múltiples las necesidades y problemáticas que viven las comunidades. En materia de la protección de líderes y lideresas sociales, como lo manifiesta el último informe de la MAPP OEA, es urgente que el nuevo gobierno avance en diversas estrategias. Este gobierno debe apuntar a la consolidación de una estrategia de protección territorial y comunitaria que retome las prácticas de autocuidado personal y colectivo que poseen las organizaciones en sus territorios. La recuperación del espacio cívico, la garantía de la seguridad y a la construcción de escenarios de diálogo intergeneracional, interétnico e interinstitucional el cual contribuya a la con la paz y la convivencia.
En relación con la implementación del Acuerdo de Paz el desafío es retomar la implementación y hacer los ajustes que se requieren para cumplir con lo pactado. Decisiones políticas, concertación territorial, adopción e implementación de medidas (legislativas y de gestión), además de recursos fiscales y económicos son requeridos para sacar el acuerdo de la pésima situación en lo que lo dejó el gobierno anterior. En ese orden de ideas, para la región y el país es prioritario:
- El desarrollo rural integral. Los PDET y su ejecución; la adjudicación de tierras a través del Fondo de Tierras mediante la recuperación de bienes baldíos indebidamente apropiados y el apoyo a planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina.
- El Plan de Zonificación Ambiental, en donde se establece un plan de acción con énfasis en los municipios PDETs. Si bien el plan comprende aspectos importantes para la protección, conservación y el desarrollo sostenible (y como resultado de ello, un cierre efectivo de la frontera agrícola con énfasis en zonas PDETs), se requiere establecer un plan aterrizado bajo indicadores, metas estimadas, calendarios y sobre todo presupuesto, de modo que la presidencia pueda garantizar y generar condiciones oportunas y estables para las personas que habitan esa zonas.
- En materia de sustitución de cultivos de uso ilícito dos retos: el primero fortalecer modelos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito para familias no priorizadas en el PNIS, especialmente en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca (zona rural alta de Jamundí) pues hay una tendencia sostenida de aumento de cultivos que, en ese municipio, se ubicó para el año 2019 en 1.319,94 ha. El segundo reto, avanzar en la ley de tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores de coca, beneficiando a alrededor de 19.422 familias cultivadoras del suroccidente.
- En relación con las garantías para la movilización social los principales retos del presidente en el marco de la defensa del derecho a la protesta, a) abstenerse estigmatizar la protesta y la movilización social; b) Crear un protocolo de medidas de seguridad en el que la que la policía y el ESMAD se comprometan a no usar armas de fuego ni armas de alcance letal e indiscriminado en las manifestaciones ciudadanas; c) Hacer recomendaciones en aras de que el sistema judicial no se convierta en un instrumento de criminalización de la protestas; d) Instalar y promover el Mecanismo Especial de Seguimiento de la Protesta Social en Colombia (MEPSC).
No se puede olvidar tampoco el conflicto por la posesión y uso de la tierra entre comunidades indígenas y empresarios de los ingenios azucareros en el Norte del Cauca. Este es un conflicto estructural, por lo tanto, requiere, no solo de una mesa de negociación y concertación entra las partes implicadas; también, se debe ir preparando todo un debate y propuestas para una reforma rural integral que busqué dar respuestas definitivas a este conflicto histórico.
Finalmente, no olvidemos que esos retos y desafíos, comprometen al gobierno de igual forma la sociedad civil debe asumir un mayor protagonismo. Por tal razón, desde Foro continuaremos, como lo hemos hecho con gobiernos anteriores, apostando a la consolidación de la democracia y la participación. Aportando ideas innovadoras para la participación ciudadana, no solo para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, sino también para su seguimiento y control social. De otra parte, haremos una evaluación y seguimiento - crítico, reflexivo y propósito - a tareas estructurales relacionadas con la participación, entre las que se encuentran el punto dos del Acuerdo de paz, la política nacional de participación ciudadana y el plan nacional de derechos humanos.
*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).