Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La luna de miel del jurista argentino Luis Moreno Ocampo con Colombia está llegando a su fin. En las últimas semanas, el exfiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) se ha visto envuelto en una serie de escándalos de posible corrupción en el seno del más alto organismo de la justicia penal internacional.
Los enredos de Moreno Ocampo también tienen en aprietos a la actual fiscal general de la CPI, la abogada gambiana Fatua Bon Bensouda, quien ha tratado de marcar distancia con su antecesor, pero sin lograrlo.
Un cruce de correos entre los juristas, hecho que fue develado luego de una ardua investigación adelantada por la red europea de periodismo de investigación EIC -trabajo desarrollado por más de 20 periodistas y 10 técnicos de medios de Europa y África, entre estos los diarios Mediapart de Francia, Der Spiegel de Alemania y The Guardian de Inglaterra-, los tiene en aprietos.
La información periodística -cocinada en Europa y ampliada en nuestro país por el periodista Julio Sánchez Cristo en La W Radio- señala que Moreno Ocampo, al parecer, estaría utilizando las mismas técnicas del exfiscal Luis Gustavo Moreno, cuyos explosivos testimonios en la Fiscalía General de la Nación destaparon una olla podrida de corruptelas en las altas cortes colombianas.
El modus operandi sería prácticamente el mismo que empleó en Colombia nuestro exfiscal Moreno. Según parece, Moreno Ocampo se acercaba a sus potenciales víctimas, las cuales habían sido previamente amedrentadas, y les ofrecía sus servicios para sacarlas del atolladero, al parecer, asegurándoles que su conocimiento y experticia en materia de derecho penal internacional y contactos en la CPI, eran su mayor prenda de garantía.
Pero, ¿cómo entra Colombia en este carrusel? Todo parece indicar que el jurista argentino venía haciendo un quirúrgico trabajo de ablandamiento en las altas esferas del poder de nuestro país, el cual incluyó lobby de un año ante el gobierno Santos, dado el enorme interés del presidente para cerrar con éxito el proceso de paz con las Farc y dejar bien avanzadas las conversaciones con el Eln.
Ahí es donde, presuntamente, entraría la fiscal Bensouda. Ella, a través del amicus curiae ‒una figura que permite a la justicia recibir recomendaciones de expertos en diversas materias para proferir fallos o sentencias‒, sería la encargada de meterle miedo al Gobierno a través de la controvertida figura de la responsabilidad del mando o teoría de los máximos responsables, en especial como está pensada en el artículo 28 del Estatuto de Roma.
Desde esta perspectiva, miro con bastante recelo y beneficio de inventario las últimas visitas a Colombia y pronunciamientos de la fiscal africana sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc y su énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. ¿No les parece raro que ella emita juicios de valor sobre esta materia, utilice la figura del amicus curiae para escribirle a la Corte Constitucional y su amigo y colega argentino se presente en nuestro país como el Mesías para evitar a la CPI? A mí, sí.
Bajo este manto de dudas que rodean al máximo tribunal instituido en el mundo para perseguir los peores crímenes contra la humanidad, considero que la Corte debería desechar los argumentos de la fiscal general de la CPI, como quiera que el amicus curiae no es más un concepto emitido por parte de un tercero ajeno al proceso de paz y sus efectos no son vinculantes.