Más de un lustro de negociaciones privadas y públicas, en el que organizaciones nacionales e internacionales sostuvieron conversaciones con el equipo negociador, pareció no ser suficiente para sentar las bases para una entrega verificable por cualquier persona ajena al círculo conformado por las entidades a cargo del proceso. Todo lo contrario. Después de los primeros reportes de entregas, la única información pública disponible se ha reducido a generalidades como: zonas de recepción, algunos números –recientemente– y el nombre de un nuevo programa de reintegración (en el que no queda del todo claro cuáles son las diferencias con el programa que ha existido por años en el Icbf).
Colombia lleva décadas en modo ‘ensayo y error’ en la reintegración de excombatientes, menores y mayores de edad. La desmovilización colectiva de la guerrilla más antigua del mundo –nuestra Farc–, vuelve a ser una oportunidad de oro para ‘hacerlo mejor’. La desmovilización colectiva más reciente de la que tenemos referencia en el país, la de los grupos paramilitares durante el gobierno del ahora senador Álvaro Uribe Vélez, tuvo un sinnúmero de falencias y malas prácticas que, con los años, han ido saliendo a la luz. Una de ellas fue, justamente, la no entrega de los niños y niñas reclutados por estos grupos y su devolución ‘por la puerta de atrás’, siguiendo indicaciones del mismo equipo negociador.
En este momento hay voluntad e interés de todas las partes involucradas, y la legitimidad del proceso de entrega de los ex guerrilleros aún menores de edad no se pone en duda. Sin embargo, como colombiana, defensora de derechos humanos y periodista (en ese orden), quisiera recordar la necesidad de la transparencia en los procesos, sobre todo de este que aún está en curso, y de la posibilidad de que, de una manera protegida, cada uno de los niños y niñas que está siendo parte de la desmovilización histórica de esta guerrilla, deje de ser solo un número: que cuente. Que cada uno de ellos cuente como persona, con sus historias más allá de la restitución de derechos, del enfoque del trauma, de la mirada como víctimas.
El exceso de proteccionismo borra del mapa a una población entera, hace a estos niños y niñas invisibles. Ya las Farc, con el reclutamiento, hicieron lo propio, al no reconocer el rol que jugaron al interior del grupo y al callar las voces de aquellos que, en su intento de fuga, fueron sometidos a consejos de guerra y ejecutados. Nadie debate que hay que protegerlos, evitar ponerlos en peligro y garantizar sus derechos en consideración de que los ‘derechos de los niños priman sobre los de los demás’, pero construir un muro impenetrable alrededor de la población menor de edad que está dejando esta guerrilla, como se ha hecho históricamente en el país con las personas desvinculadas a cuenta gotas de los grupos armados, no solo no contribuye a la comprensión o, al menos, al debate sobre una realidad tan vieja como nuestras violencias, sino que además facilita que los enemigos del proceso generen mal ambiente y zozobra respecto a la legitimidad del proceso.
Más de un lustro de negociaciones privadas y públicas, en el que organizaciones nacionales e internacionales sostuvieron conversaciones con el equipo negociador, pareció no ser suficiente para sentar las bases para una entrega verificable por cualquier persona ajena al círculo conformado por las entidades a cargo del proceso. Todo lo contrario. Después de los primeros reportes de entregas, la única información pública disponible se ha reducido a generalidades como: zonas de recepción, algunos números –recientemente– y el nombre de un nuevo programa de reintegración (en el que no queda del todo claro cuáles son las diferencias con el programa que ha existido por años en el Icbf).
Colombia lleva décadas en modo ‘ensayo y error’ en la reintegración de excombatientes, menores y mayores de edad. La desmovilización colectiva de la guerrilla más antigua del mundo –nuestra Farc–, vuelve a ser una oportunidad de oro para ‘hacerlo mejor’. La desmovilización colectiva más reciente de la que tenemos referencia en el país, la de los grupos paramilitares durante el gobierno del ahora senador Álvaro Uribe Vélez, tuvo un sinnúmero de falencias y malas prácticas que, con los años, han ido saliendo a la luz. Una de ellas fue, justamente, la no entrega de los niños y niñas reclutados por estos grupos y su devolución ‘por la puerta de atrás’, siguiendo indicaciones del mismo equipo negociador.
En este momento hay voluntad e interés de todas las partes involucradas, y la legitimidad del proceso de entrega de los ex guerrilleros aún menores de edad no se pone en duda. Sin embargo, como colombiana, defensora de derechos humanos y periodista (en ese orden), quisiera recordar la necesidad de la transparencia en los procesos, sobre todo de este que aún está en curso, y de la posibilidad de que, de una manera protegida, cada uno de los niños y niñas que está siendo parte de la desmovilización histórica de esta guerrilla, deje de ser solo un número: que cuente. Que cada uno de ellos cuente como persona, con sus historias más allá de la restitución de derechos, del enfoque del trauma, de la mirada como víctimas.
El exceso de proteccionismo borra del mapa a una población entera, hace a estos niños y niñas invisibles. Ya las Farc, con el reclutamiento, hicieron lo propio, al no reconocer el rol que jugaron al interior del grupo y al callar las voces de aquellos que, en su intento de fuga, fueron sometidos a consejos de guerra y ejecutados. Nadie debate que hay que protegerlos, evitar ponerlos en peligro y garantizar sus derechos en consideración de que los ‘derechos de los niños priman sobre los de los demás’, pero construir un muro impenetrable alrededor de la población menor de edad que está dejando esta guerrilla, como se ha hecho históricamente en el país con las personas desvinculadas a cuenta gotas de los grupos armados, no solo no contribuye a la comprensión o, al menos, al debate sobre una realidad tan vieja como nuestras violencias, sino que además facilita que los enemigos del proceso generen mal ambiente y zozobra respecto a la legitimidad del proceso.