El nombre de Patrick Ball no dice mucho a los colombianos, incluidos algunos periodistas, académicos e investigadores sociales enfocados en temas de conflicto armado y paz. Sin embargo, sus pergaminos y ejecutorias son lo suficientemente notorias como para que, si alguien digita su nombre en buscadores populares como Google, Baidu, Bing, Yandex o Yahoo Search, aparezcan miles de referencias de él.
Este PhD de la Universidad de Michigan y actual director de investigación del Human Rights Data Analysis Group, ha dedicado su vida a la recolección y analítica de datos en procesos de construcción de verdad y memoria en el cierre de conflictos sociales y armados en Latinoamérica (El Salvador, Guatemala y Perú), África (Etiopía, Sudáfrica, Sierra Leona, Liberia, República Democrática del Congo y Chad), Europa (Kosovo) y Asia (Siria y Timor Oriental).
Verbigracia, Ball participó en calidad de perito experto en la investigación que adelantaron las autoridades mexicanas para esclarecer la masacre de los 43 de Ayotzinapa y en sonadas causas como las del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) contra los expresidentes serbios Slobodan Milosevic y Milan Milutinović y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala contra el general José Efraín Ríos Montt.
Su experiencia lo trajo a Colombia para apoyar las tareas que realizarían los diferentes componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), resultante del Acuerdo Final entre las Farc-EP y el gobierno Santos. El énfasis era la recolección fiable de información que requerirían la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
Una fuente me aseguró que los responsables de que Ball aterrizara en Colombia fueron los actuales comisionados de la verdad Alejandro Valencia Villa y Carlos Martín Beristain. Con ellos se habría conocido durante el mandato de la comisión de la verdad de Guatemala y confluido en ejercicios similares en Perú y en Ayotzinapa.
Aún no he logrado establecer la naturaleza de su contrato, el valor de este y cuál fue la fuente de financiación ‒que, al parecer, se apalancó en recursos de cooperación internacional‒, pero lo cierto es que Ball y su logaritmo para recopilar y organizar metadatos o información sobre violaciones de derechos humanos, de forma precisa y segura, causó sensación en la JEP. De hecho, se me aseguró que él, por ejemplo, sería el responsable de que el Tribunal para la Paz haya pasado de la cifra de 2.248 víctimas de homicidio en persona protegida (léase “falsos positivos”) a 6.402.
Todo parece indicar que el programa de Ball es capaz de recoger, seleccionar y ponderar información que reposa en bancos de datos oficiales (Fiscalía, Medicina Legal y Registraduría), cruzarlos entre sí y, por ejemplo, cotejarlos con los reportes de prensa. En esta especie de “minería de datos” es posible identificar modus operandi y confrontar esta variable con otras de modo, tiempo y lugar.
Pero todo parece indicar que la luna de miel de Ball y sus metadatos terminó de manera abrupta en Colombia cuando fue requerido por la Comisión, a fin de que la narrativa contenida en el Informe Final ‒el cual se prevé saldrá a la luz el próximo martes 28 de junio‒, tuviera un robusto respaldo en las cifras.
Se dice que Valencia Villa fue quien habló maravillas del trabajo del experto estadounidense y le dijo a Francisco De Roux, presidente de la Comisión, que requerían de sus servicios. También se dice que, tiempo después, Valencia Villa no tuvo mayores reparos en tildar a Ball de timador y charlatán, exigiendo, además, que su trabajo no fuera tenido en cuenta, hecho que demostraría una vez más quien tiene el sartén por el mango en el organismo transicional.
Las discrepancias habrían comenzado porque Ball hablaba de “estimados” y Valencia Villa exigía datos que validaran sus imaginarios. Luego, porque estos datos habrían disparado exponencialmente las noticias criminales atribuidas a las Farc en relación con los agentes del Estado. Finalmente, la estadística no concordaba con los relatos o con las investigaciones realizadas por terceros que alimentaran el Informe Final (verdad outsourcing o por encargo, motivo de otra columna).
Un ejemplo es el de Casabianca, Tolima, donde se dice que en las montañas circundantes están enterrados los cadáveres de miles de campesinos asesinados por el Estado desde los años sesenta. La estadística sólo encontró la muerte de una menor en circunstancias afines, luego de que la Fuerza Aérea repeliera un hostigamiento de las Farc en el casco urbano en agosto de 2006.
De ser cierta esta información que llegó a mis oídos, conviene hacerse varias preguntas a manera de colofón: ¿Por qué el trabajo de Patrick Ball fue rentable para la JEP y no para la CEV? ¿Será cierto que los metadatos de Ball controvertirían el Informe Final? ¿Es esta una prueba del sesgo de la CEV por razones ideológicas?