Los pueblos y liderazgos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, acorralados por la violencia

Hace menos de un mes los gritos del niño Wiwa Alán José de 7 años, retumbaron en las montañas de Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta. Todavía se escucha el eco agonizante, dicen los campesinos de la zona. Junto a él el cuerpo de Leonardo, otro Wiwa de 30 años. Murieron calcinados sin poder salir de una rustica vivienda de madera que quedó reducida a cenizas.

Algunos de los que se acercaron esa noche del viernes 8 de noviembre de 2025 hablan de un intenso olor a gasolina. La Fiscalía pese a que tiene abierta noticia criminal no avanza en la investigación, aunque en el cuerpo de Leonardo se evidencia en fotografías, un alambre sujeto a lo que quedó de uno de sus brazos.

La ONU Derechos Humanos (mayo 2025) llamó a la prevención ante la posible extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente sobre los Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka. Este artículo se enfoca en una visibilización de casos y en un dilema ético: la preservación cultural, que genera disyuntivas en las formas de interpretación.

El pasado reciente nos dice que hubo 31 casos de falsos positivos con 46 víctimas fatales y que el paso de las AUC hasta julio del 2008 dejó en 100 casos, 134 víctimas fatales y solo estamos hablando de homicidios y, sin tocar a los Wayuu y a los Yukpa, que tienen alguna relación con este macizo montañoso. De hecho, hay que empezar a hablar del posible genocidio al pueblo Wayuu, que por ser quienes tienen la mayor población, sus crímenes pasan desapercibidos.

El 10 agosto de 2024, fue asesinado el líder indígena Arhuaco y estudiante de ingeniería civil, Wilfrido Segundo Izquierdo, en Santa Marta. Un mes después, desaparecieron al líder Kogui, Daniel Nolavita, en Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta. El cuerpo fue encontrado por los mismo indígenas luego de varios días quienes lo exhumaron y lo sepultaron de acuerdo con sus usos y costumbres y, otro mes después, asesinaron al mamo Arhuaco Julio Zalabata Luque, en Pueblo Bello, Cesar.

En febrero de ese mismo año, de las veredas de el Limón y Carrizal y en zona del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, desplazaron más de 300 Koguis, Wiwas y Kankuamos, por los combates en la parte alta entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Ejercito Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo). Combates que se prolongaron durante todo el 2024 y el 2025 y confinaron a las comunidades indígenas del Limón, Carrizal, la Laguna, Juamaka, Simimke, Marokaso y La Mukura, Sinka, Bernaka, Surimena y Potrerito. Fue tanto el asedio que los Mamus impartieron la orden de no dar ningún tipo de información. Igual ninguna autoridad legalmente constituida del Estado fue al resguardo a ver por lo menos que había pasado con ellos.

Pero las muertes no pararon ahí, en octubre de 2025 fue asesinada una joven Wiwa María Maestres Nieves, de 18 años. La asesinaron delante de su madre. Los violentos también segaron la vida de Luis Eduardo Cisneros, del resguardo indígena Ette-Ennaka. Cisneros era un reconocido líder y defensor de Derechos Humanos y hace apenas unos días, asesinaron a la etnoeducadora y mujer Wiwa, Elisabeth Nieves Mojica. Entraron a su casa en la noche; luego de tumbar la puerta, la sacaron entre gritos e insultos y le dispararon.

Pero los asesinatos no son el único proceso que afecta la cultura y las decisiones autónomas de los pueblos indígenas. El guardar silencio frente a temas graves y no encontrar apoyo de quienes siempre van allá para la foto y darse su “roce” cultural es altamente peligroso, pero es comprensible: han violado niñas y la decisión es castigarlas a ellas y moverlas de la comunidad, pero se deja allí al violador y no se dice nada sobre él porque ejerce violencias.

Han usado la ropa tradicional de los indígenas para pasar desapercibidos y moverse entre las montañas; ingresan a sus casas para protegerse del asedio del ejercito y obligan a los indígenas a cargar muertos, heridos, llevarles provisiones y servirles de guías. Han restringido la movilidad de quienes tienen un vínculo espiritual con las montañas y los lugares sagrados, que han sido, profanados.

Algunas organizaciones indígenas han enviado cartas a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para que las incluyan en estos diálogos de paz y nunca han recibido una respuesta. De hecho el paisaje cultural del que habla Galeano es para ellos la presencia de actores armados, que poco a poco van naturalizando y moldeando la interacción en ese paisaje. Prueba de ello, es que días antes del asesinato de la etnoeducadora hubo combates entre paramilitares en esa zona y ni siquiera la prensa los registró.

Las luchas internas también son un problema serio entre ellos. El avance de la evangelización radicaliza los procesos comunitarios y se le está dejando a Dios y a la oración, la “voluntad” frente a las carencias, la inestabilidad y los desgobiernos.

Aquí hay serias disyuntivas que incluso están obligando a las autoridades tradicionales a tomar distancias y guardar silencios frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derechos Internacional Humanitario, en un macizo montañoso que no necesita plantaciones de coca, pero que esa es la visión capitalina, mientras los violentos se adentran más a la minería ilegal y las zonas indígenas para ampliar la bonanza del turismo.

Hace unos días, la Defensoría del pueblo formalizó la alerta Temprana 020-25 para la Sierra Nevada de Santa Marta y hay al menos 4 recomendaciones de las 38 que quiero traer para este escrito. Vale la pena decir que esta Alerta es quizá la más completa que el Ministerio Publico ha elaborado en los últimos años.

No. 5 a la Consejería Comisionada de Paz, que es declarar la Sierra Nevada de Santa Marta como Región de Paz.

No. 7 a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa: recomendación principio constitucional de autonomía de los pueblos indígenas

No. 25 al Ministerio de Relaciones Exteriores, : informar sobre el estado de implementación de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH al Pueblo Wiwa.

No. 28 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH): elaborar de manera coordinada un diagnóstico que permita identificar las causas que han limitado el cumplimiento de las órdenes contenidas en la Sentencia 004 de 2018 del Juzgado de Restitución de Tierras de Santa Marta, respecto del Resguardo Issa Oristunna y los asentamientos Ette Buteriya, Nara Kajamanta, Itti Takke y Diiwuana.

Finalmente, el asedio, la restricción a la movilidad, los asesinatos, el confinamiento y el estar en la mitad de una disputa que no pidieron y que tampoco les pertenece, los esta llevando a la extinción física, con imposiciones que afectan la cultura y los usos y costumbres dentro en un panorama multiverso de violencias.

Esto también implica decisiones de los mayores que intentan mantener la unidad cultural, pero estás decisiones pueden llegar a ser moralmente cuestionables, desde una visión no indígena, porque favorecer acciones de los grupos armados ilegales y estoy seguro de que eso no lo hacen con ese objetivo.

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