Por Jorge Forero Neme
La alternancia del poder es uno de los principios más importantes de las democracias representativas, es por eso que cada 4 años vemos como en una larga ceremonia un presidente saliente entrega el cargo y uno nuevo ostenta la banda presidencial. Sin embargo, a veces esta alternancia se convierte más en trámite que en una realidad, como sucede en el congreso, donde siempre hemos tenido un alto porcentaje de renovación en nombres, pero las fuerzas políticas se han mantenido casi idénticas y los clanes se perpetúan cambiando de caras.
Hoy, aunque el Consejo Nacional Electoral no ha entregado aún el escrutinio completo en algunas cámaras y Senado, ya es claro que la próxima semana se posesionará lo que parece ser un congreso muy distinto a los anteriores, con una fuerte representación de movimientos sociales, populares, ambientalistas y, en general, de sectores de la sociedad que habían tenido poca o ninguna participación en la rama legislativa. Si bien estos nuevos congresistas no son los suficientes para garantizar las mayorías en el congreso del nuevo gobierno, sí son una fuerza importante que cambiará la agenda legislativa del país en los próximos años hacia temas que antes habían estado ausentes o pasado de agache.
De este modo, es muy probable que en los próximos cuatro años sea más usual ver un congreso debatiendo temas ambientales, sociales y de derechos fundamentales, que esperamos logren desplazar las largas horas que se suelen gastar en honores, festividades y condecoraciones como las que se tomaron los últimos días del congreso vigente, donde se condecoró al Ministro de Defensa y al mismo presidente del Senado.
Varios de estos temas tendrán una relación directa con los intereses del gobierno nacional, pues los cambios estructurales que el próximo presidente, Gustavo Petro, ha anunciado, requieren en su mayoría ser tramitados por el congreso, bien como reformas constitucionales o como leyes. En este orden de ideas, en los próximos años veremos un congreso discutiendo reformas importantes en temas tributarios, de salud y pensiones, así como las reformas que ya se han puesto sobre la mesa al sistema de justicia, la procuraduría, la policía y las fuerzas militares, temas que hacen parte de la ambiciosa agenda del presidente electo.
Además de estos cambios, otro reto que tendrá el nuevo congreso, así como el próximo gobierno, será subsanar los incumplimientos de la implementación de los acuerdos de paz y ponerle el acelerador a las leyes que no se aprobaron en los últimos 4 años. Cabe recordar que según el Instituto Kroc, a noviembre de 2021, sólo el 30% de los acuerdos de paz se habían cumplido en su integridad, el 19% se encuentran en estado intermedio de cumplimiento, el 37% en estado mínimo y el 15% aún no han iniciado. Algunos de los puntos más críticos son la reforma rural integral (punto 1) -con un cumplimiento completo del 4%-, la participación en política (punto 2) -con un 14%- y la solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4) -21%-.
(Lea: Política de drogas en segunda vuelta)
Ponerle freno a la implementación de los acuerdos de paz claramente fue una política del gobierno de Iván Duque, sin embargo, el congreso también tuvo injerencia en estos resultados, pues en 4 años tan sólo se aprobaron 5 proyectos de ley encaminados a cumplir con los acuerdos de paz, hecho que tendrá que corregirse en las próximas legislaturas. Así pues, quedará en manos del nuevo congreso recuperar los proyectos que se cayeron, como el de especialidad agraria o el de tratamiento penal diferenciado para agricultores de cultivos ilegalizados, así como apoyar la realización y aprobación de los proyectos que nunca fueron presentados por el gobierno ni por el congreso.
Una herramienta importante que podría contribuir a la implementación de los acuerdos de paz, así como a combatir la corrupción y a proteger el medio ambiente y a los líderes ambientales del país son los Acuerdos de Escazú, los cuales fueron aprobados por el gobierno de Iván Duque pero no han entrado a regir en Colombia puesto que la ratificación, que debe ser tramitada por el congreso, fue entorpecida ante un menguado apoyo del presidente. A principios de este año, los congresistas Feliciano Valencia e Iván Cepeda lograron la aprobación de éste en el primer debate en la comisión primera de Senado, sin embargo, desde entonces fue engavetado por el presidente del Senado, y a hoy aún falta su aprobación en 3 debates para la ratificación de los Acuerdos.
Hasta acá, los desafíos del nuevo congreso son mayúsculos. Especialmente si tenemos en cuenta que la pobreza, el desempleo, la desigualdad, el hambre, la corrupción, la transición hacia energías limpias, y el fortalecimiento de la producción agrícola e industrial también son temas que se han puesto sobre la mesa del nuevo gobierno, y, si bien muchos de estos asuntos pueden trabajarse desde el ejecutivo, para crear cambios que perduren en el tiempo seguramente se requieran leyes que ahonden en estos asuntos, lo que implicará que el gobierno tendrá que escoger y priorizar las batallas a librar en el congreso, más cuando el capital político se suele agotar con los días.
Un caso que ejemplifica lo anterior es el viraje en el enfoque prohibicionista de la política de drogas que ha propuesto el presidente electo. Pues, si bien las decisiones presidenciales de no retomar las aspersiones aéreas con glifosato o de fortalecer las políticas de reducción de riesgos y daños, serían cambios significativos que no requerirían de un trámite en el congreso, las modificaciones que blindarían este nuevo enfoque en el tiempo deberán pasar por el congreso, como la prohibición de la fumigación aérea con glifosato a nivel legal, la implementación de salas de consumo supervisado y la regulación del uso del cannabis y los derivados de la hoja de coca.
Los retos son muchos, así como las expectativas, por esto es que en las últimas semanas hemos visto continuos acercamientos entre distintos partidos con el presidente electo, pues el gobierno aún no cuenta con las mayorías absolutas en ambas cámaras que requerirá para aprobar todas estas iniciativas, y las bancadas tendrán hasta el 7 de septiembre para definir su posición como gobierno, oposición o independientes, lo cual no sólo tendrá un peso simbólico de apoyo o contradicción al presidente, sino que también determinará la oportunidad de participar o no en el gobierno y de acceder a los beneficios del estatuto de la oposición.