Los retos del nuevo gobierno en materia de transparencia presupuestal

Recientemente, la organización International Budget Partnership (IBP) publicó la Encuesta sobre Presupuesto Abierto 2021. Esta medición independiente, realizada en 120 países, mide el nivel de transparencia del gasto público. En el caso de Colombia, la Encuesta fue realizada por Foro Región Central, como organización aliada.

De acuerdo con IBP, Colombia ocupa el lugar 54 entre los 120 países, además fue el país con el peor desempeño en transparencia presupuestal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el contexto Latinoamericano, apenas supera a Paraguay y Venezuela. De hecho, esa posición refleja las pocas oportunidades efectivas que tiene la ciudadanía para participar de forma efectiva en la gestión del presupuesto, la entrega de información sobre las cuentas públicas es limitada y el control político al gasto del gobierno, no es visible ni genera confianza en la población. Adicionalmente, los resultados de la Encuesta muestran un panorama frustrante. Por un lado, la lentitud del gobierno Duque en la promoción de medidas para abrir el presupuesto público de la nación a la ciudadanía y, de otro lado, el aumento de casos de corrupción, desvío de dineros e inadecuada ejecución de los recursos públicos en un contexto de pandemia.

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Uno de los temas de mayor preocupación para IBP es la gestión del presupuesto público. Para la encuesta, el país tiene tres problemas en materia de transparencia: las diferentes modalidades de corrupción en el manejo de las inversiones públicas, la excesiva centralización de la gestión fiscal que desconoce las necesidades de los territorios y la escasa rendición de cuentas.

Un caso preocupante es la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, del que el expresidente Duque no sólo se opuso a los principales programas necesarios para avanzar en la construcción de la paz, sino también se mostró reacio a incluir a las víctimas y los grupos vulnerables en la distribución de los recursos girados para el postconflicto y tuvo muy poca voluntad política para contribuir al esclarecimiento de las denuncias sobre irregularidades en la administración de los recursos asignados al OCAD Paz.

De cara, a corto plazo, la Encuesta de Presupuesto Abierto plantea seis retos para mejorar la transparencia presupuestal en el país, que deben ser asumidos por el presidente Gustavo Petro. El primer se relaciona con el cumplimiento de la legislación nacional y los acuerdos internacionales en materia de derecho a la información pública. Es urgente promover la apertura de datos abiertos, desagregados y sin atajos o limitaciones en el acceso para las organizaciones, sectores sociales y ciudadanos interesados en conocer los datos sobre ingresos, gastos e inversiones implementadas por el gobierno en todas las fases del ciclo presupuestal.

El segundo reto para el gobierno y el Congreso es fortalecer espacios de participación, más efectivos, más sustantivos, para que las organizaciones y sectores sociales participen en la formulación del presupuesto público y, a través de ejercicios de control ciudadano, en la ejecución de los recursos en los territorios. Con la finalidad de complementar la construcción de paz, se deben incluir un diálogo con los Grupos Motor, las veedurías a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y otras formas de organización, sobre el manejo y la asignación de los recursos para la paz.

El tercer reto tiene que ver con la articulación de las plataformas de divulgación de información sobre el presupuesto general de la nación. En Colombia existen cerca de 15 plataformas de este tipo, sin embargo, ofrecen información distinta, poco amigable y con limitaciones en los datos que publican. El ciudadano se desgasta con tantas plataformas, no encuentra la información que requiere al estar fraccionada en varias páginas web y se confunde con los esquemas que tiene cada entidad para presentar la información. Esta tarea es una prioridad para el país en los planes de acción de la iniciativa de Gobierno Abierto. El reto, es llevarla a la práctica y tener la iniciativa y liderazgo de hacerlo.

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El cuarto reto, es garantizar la autonomía de la Contraloría General de la República para investigar fiscalmente los casos de corrupción y las denuncias de malos manejos de los recursos públicos. Durante el gobierno Duque, el país presenció un escenario de deslegitimación y cooptación de las entidades de control por parte del ejecutivo, lo que debilita la democracia y pone en duda las acciones que realizan estas entidades. Esto hace que sus determinaciones puedan verse sesgadas y que no cumplan su función constitucional.

Como quinto reto, se debe implementar la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OTAP) en el Congreso de la República, establecida en la Ley 1985 de 2019, como una instancia independiente del legislativo encargada de liderar los estudios, análisis y recomendaciones a los Congresistas de las Comisiones Económicas, tanto en la formulación del presupuesto general de la nación como en la elaboración de informes sobre su ejecución. Un tema importante de apoyo que puede prestar esta Comisión al Congreso es el análisis sobre la priorización, asignación y el traslado de los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz teniendo en cuenta los casos de corrupción presentados en los últimos años.

Finalmente, es importante que el Ministerio de Hacienda publique a tiempo el presupuesto ciudadano y el Informe de Mitad de año, porque es un documento que contribuye a que la población se entere de la conformación final de los ingresos y los gastos, genera claridad sobre las inversiones para los grupos más vulnerables y ofrece un panorama sobre los destinatarios de los recursos y los programas que tiene el Estado. De otra parte, es un instrumento que ayuda a la evaluación sobre la eficiencia del gobierno en la ejecución del presupuesto en el primer semestre y permite establecer las acciones de mejora para que los gastos no se realicen a última hora sin la planeación requerida.

Además de los retos señalados, la Encuesta hace un llamado al gobierno entrante a tener mayor apertura al diálogo para discutir con la ciudadanía la mejor manera de avanzar en la gestión de un esquema de presupuesto público más abierto, incluyente y participativo. Estas recomendaciones tienen como propósito, contribuir a las tareas que enfrenta el país en tres campos: uno, solucionar los problemas que dejó la pandemia; dos, fortalecer y darle mayor legitimidad a la democracia; tres, darle un estímulo a la paz. La ciudadanía por su parte, no puede bajar los brazos, tiene un rol importante, tanto en la exigencia de transparencia y participación ciudadana en el ciclo presupuestario como en el control social al manejo de los recursos que manejan las entidades gubernamentales.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).