Policías y militares que han decidido confesar sus crímenes ante la JEP se convierten en ‘manzanas podridas’. El Estado que los formó no asume la responsabilidad institucional y trata de evitar a toda costa que los altos mandos y los funcionarios del gobierno involucrados tengan que responder ante la justicia.
¿Qué pensarán los miles de militares y policías involucrados en procesos penales que están respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP? Muchos de ellos, soldados, suboficiales y agentes instruidos por años en medio de un discurso que señala a un enemigo interno, que vuelve sospechosos y prescindibles a estudiantes, profesores, sindicalistas, indígenas, campesinos reclamantes de tierra y cualquier otro ‘mamerto’ que esté dispuesto a reclamar sus derechos. Formados por un Estado que inclusive les ofreció dinero, días libres y viajes por cada muerto que ponían para seguir sumando en un conteo de ‘bajas’ que demostrara que se estaba ganando la guerra contra nosotros mismos.
Y ahora, son los únicos culpables. Cuando han tenido que responder ante un tribunal y sus testimonios demuestran que además de su responsabilidad individual hay una política solapada de Estado, altos mandos y políticos que han sostenido esta estructura macabra los tachan de “manzanas podridas”, de ser gente pobre sin educación ni valores, que terminó cometiendo unos crímenes por su cuenta.
El discurso del Estado se ha repetido una y otra vez. Tan pronto ocurren los hechos que los incriminan, o por lo menos, se hacen públicos, la respuesta es negarlos. “La Policía y las Fuerzas Militares no violan los derechos humanos”, al mismo tiempo que se señala a las víctimas: “Eran guerrilleros, terroristas o tenían algún vínculo con un enemigo del Estado”.
Cuando las investigaciones periodísticas o judiciales exponen sin dejar dudas la participación de miembros del Ejército o la Policía, las voces que representan las instituciones cambian. Repiten una y otra vez que son responsabilidades individuales, gente que ha “deshonrado a la institución”.
Aunque el general en retiro Mario Montoya lo ha negado, hay testigos de su recurrente argumento para explicar los asesinatos cometidos por agentes del Estado, llamados comúnmente como ‘falsos positivos’. Según las versiones, el general señala que los altos oficiales fueron engañados por una especie de horda de hombres de bajos recursos, sin educación ni escrúpulos, que llegaron a matar a cualquiera para cobrar recompensas.
Ante los testimonios de soldados, suboficiales y oficiales con rangos medios, otros oficiales no han tenido más que aceptar, al menos, la falta de diligencia para investigar las frecuentes denuncias de asesinatos, detrás de las cifras que mostraban el triunfo de la fuerza pública, sobre la ‘amenaza comunista’. Así lo hizo el general Henry Torres, que tenía un discurso similar al de Montoya y ante la presión de las investigaciones de la JEP, a mediados de 2020 terminó asumiendo que no hizo lo suficiente para evitar que se cometieran estos asesinatos, mientras fue el comandante de la Brigada XVI en Casanare. En total, la JEP ha llamado a 11 generales a rendir su versión voluntaria sobre estos crímenes.
También ha habido presiones para que la justicia solo se haga efectiva para los rangos más bajos y no siga escalando a los altos mandos militares y civiles. Como lo denunció el columnista Yohir Akerman en su columna del 21 de febrero de 2021, en la que puso en evidencia los testimonios de varios militares que denuncian que abogados del Fondo de Defensa Técnica Especializada, una entidad del Ministerio de Defensa, los han presionado para que cambien sus versiones que han entregado ante la JEP. “¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación”, fue una de las frases que, aseguran testigos, les dijo a los militares el abogado Fernando Vargas Quemba, según la columna.
La inexplicable presencia de este abogado, que participó en movimientos políticos cercanos al paramilitarismo y a grupos neonazis hace unas décadas, en esta entidad del Ministerio de Defensa merece un cuestionamiento aparte.
E insisto, ¿qué pensarán todos estos militares y policías que terminan afrontando esto, como si fueran los únicos responsables? La mayoría de ellos efectivamente vienen de sectores humildes, pero eso no los convierte en criminales. Ingresan a estas instituciones por la falta de oportunidades, pensando en tener un futuro digno, al menos en asegurar una pensión. Lo cierto es que años después de ingresar a la fuerza pública, muchos tienen en la cabeza que su rol de policías y militares es más un privilegio, que inclusive les permite actuar por encima de la ley, en vez de una obligación de servicio a la sociedad.
Policías y militares que han decidido confesar sus crímenes ante la JEP se convierten en ‘manzanas podridas’. El Estado que los formó no asume la responsabilidad institucional y trata de evitar a toda costa que los altos mandos y los funcionarios del gobierno involucrados tengan que responder ante la justicia.
¿Qué pensarán los miles de militares y policías involucrados en procesos penales que están respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP? Muchos de ellos, soldados, suboficiales y agentes instruidos por años en medio de un discurso que señala a un enemigo interno, que vuelve sospechosos y prescindibles a estudiantes, profesores, sindicalistas, indígenas, campesinos reclamantes de tierra y cualquier otro ‘mamerto’ que esté dispuesto a reclamar sus derechos. Formados por un Estado que inclusive les ofreció dinero, días libres y viajes por cada muerto que ponían para seguir sumando en un conteo de ‘bajas’ que demostrara que se estaba ganando la guerra contra nosotros mismos.
Y ahora, son los únicos culpables. Cuando han tenido que responder ante un tribunal y sus testimonios demuestran que además de su responsabilidad individual hay una política solapada de Estado, altos mandos y políticos que han sostenido esta estructura macabra los tachan de “manzanas podridas”, de ser gente pobre sin educación ni valores, que terminó cometiendo unos crímenes por su cuenta.
El discurso del Estado se ha repetido una y otra vez. Tan pronto ocurren los hechos que los incriminan, o por lo menos, se hacen públicos, la respuesta es negarlos. “La Policía y las Fuerzas Militares no violan los derechos humanos”, al mismo tiempo que se señala a las víctimas: “Eran guerrilleros, terroristas o tenían algún vínculo con un enemigo del Estado”.
Cuando las investigaciones periodísticas o judiciales exponen sin dejar dudas la participación de miembros del Ejército o la Policía, las voces que representan las instituciones cambian. Repiten una y otra vez que son responsabilidades individuales, gente que ha “deshonrado a la institución”.
Aunque el general en retiro Mario Montoya lo ha negado, hay testigos de su recurrente argumento para explicar los asesinatos cometidos por agentes del Estado, llamados comúnmente como ‘falsos positivos’. Según las versiones, el general señala que los altos oficiales fueron engañados por una especie de horda de hombres de bajos recursos, sin educación ni escrúpulos, que llegaron a matar a cualquiera para cobrar recompensas.
Ante los testimonios de soldados, suboficiales y oficiales con rangos medios, otros oficiales no han tenido más que aceptar, al menos, la falta de diligencia para investigar las frecuentes denuncias de asesinatos, detrás de las cifras que mostraban el triunfo de la fuerza pública, sobre la ‘amenaza comunista’. Así lo hizo el general Henry Torres, que tenía un discurso similar al de Montoya y ante la presión de las investigaciones de la JEP, a mediados de 2020 terminó asumiendo que no hizo lo suficiente para evitar que se cometieran estos asesinatos, mientras fue el comandante de la Brigada XVI en Casanare. En total, la JEP ha llamado a 11 generales a rendir su versión voluntaria sobre estos crímenes.
También ha habido presiones para que la justicia solo se haga efectiva para los rangos más bajos y no siga escalando a los altos mandos militares y civiles. Como lo denunció el columnista Yohir Akerman en su columna del 21 de febrero de 2021, en la que puso en evidencia los testimonios de varios militares que denuncian que abogados del Fondo de Defensa Técnica Especializada, una entidad del Ministerio de Defensa, los han presionado para que cambien sus versiones que han entregado ante la JEP. “¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del Ejército? Se les puede voltear la situación”, fue una de las frases que, aseguran testigos, les dijo a los militares el abogado Fernando Vargas Quemba, según la columna.
La inexplicable presencia de este abogado, que participó en movimientos políticos cercanos al paramilitarismo y a grupos neonazis hace unas décadas, en esta entidad del Ministerio de Defensa merece un cuestionamiento aparte.
E insisto, ¿qué pensarán todos estos militares y policías que terminan afrontando esto, como si fueran los únicos responsables? La mayoría de ellos efectivamente vienen de sectores humildes, pero eso no los convierte en criminales. Ingresan a estas instituciones por la falta de oportunidades, pensando en tener un futuro digno, al menos en asegurar una pensión. Lo cierto es que años después de ingresar a la fuerza pública, muchos tienen en la cabeza que su rol de policías y militares es más un privilegio, que inclusive les permite actuar por encima de la ley, en vez de una obligación de servicio a la sociedad.