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Para 2020 Colombia ya se habrá deshecho del conflicto armado interno, ese que hasta hace 10 años no existía oficialmente. Será un país más seguro, pero aún inseguro. Los intereses corporativos en la justicia impedirán reformas dirigidas a aumentar la efectividad del aparato judicial y de la política criminal.
Así, los principales dividendos de terminar el conflicto se verán limitados por la carencia de una reforma institucional que aumente esas capacidades.
Si bien es previsible que el crimen organizado logre reconfigurarse y expandirse, es también probable que sea menos violento. En Colombia ese crimen organizado ha evolucionado en un proceso de “civilización”: aprendiendo del pasado en el que organizaciones criminales cometieron el error de crecer demasiado, de politizar su enriquecimiento ilícito y hasta de atacar al Estado.
La lenta reforma de la política de lucha contra el consumo y el tráfico de narcóticos, hacia la descriminalización de la producción para el autoconsumo y la reducción del encarcelamiento de consumidores, significará que parte de las rentas producto de la prohibición se reducirán.
No sólo el conflicto armado será pues asunto del pasado, sino que la violencia del narcotráfico comenzará a serlo para 2020. Es probable que para entonces la tasa de homicidios en el país esté más cerca de diez por cien mil habitantes que de veinte por cien mil habitantes.
¿Dónde estarán entonces las amenazas a la seguridad?
Primero, en el crecimiento de la corrupción organizada. Las organizaciones criminales que fijan su objetivo en la captura de rentas del Estado: aduanas, impuestos, grandes presupuestos de compra, salud pública y educación seguirán siendo fuente de inseguridad y daño. Pero con menos violencia.
Muchos ven la negociación con las Farc como la semilla de la inseguridad durante la próxima década. Se oponen a la negociación por los supuestos peligros que trae, porque repetiríamos una supuesta tragedia centroamericana en Colombia. A eso no hay que temerle, pues marchitará. No se desmontarán instituciones de policía y las fuerzas militares como resultado de la negociación, como allá y como en Irak, por ejemplo.
Sí hay que temerle es a la oferta de servicios violentos de resolución de conflictos que puedan hacer grupos de autodefensa: el riesgo de paramilitarismo sigue latente.
No descarto que en aquellas regiones donde hay conflictos serios por la tierra y sus rentas, y demanda de protección armada, por carencia de seguridad pública, pueda crecer el neoparamilitarismo.
Es probable que muchos líderes sociales y políticos morirán como resultado de la violencia política asociada. Sin embargo, no creo que esto nos lleve a reanudar el conflicto. Habrá que ver si la oferta de justicia logra conjurar ese enorme riesgo. Dudo que el aparato judicial colombiano lo logre con sus actuales dirigentes y estructura.
Es probable también que persistan los problemas de inseguridad ciudadana, principalmente aquellos relacionados con el hurto callejero, la apropiación del espacio público y la extorsión continuada.
El cobro rutinario de servicios de protección será la principal fuente de rentas del crimen organizado, y se convertirá en un obstáculo serio al desarrollo, afectando más a las clases populares y a los pobres. Si bien la extorsión continuada no generará un aumento del homicidio, sí traerá un daño enorme para los pobres: esta trampa de pobreza, la de la inseguridad, seguirá impidiendo el desarrollo de quienes más lo necesitan.
* Profesor de la Universidad Javeriana y director de CERAC.