Por Renata Demichelis y Esteban Linares.
Hace cuatro años, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México se esperaba que los militares volvieran a los cuarteles y se mantuvieran lejos de las funciones civiles y de seguridad pública. Su discurso que abogaba por un desescalamiento de la militarización, y condenaba el “saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social”, se vio drásticamente transformado luego de sus primeras reuniones con altos mandos militares.
Hoy, bajo la promoción presidencial, los militares están siendo llevados a asumir funciones civiles: desde grandes construcciones; hasta la distribución de medicamentos, desazolve de alcantarillados, administración de migraciones, aduanas y puertos; y la posibilidad de tener su propia aerolínea comercial. En completa traición a sus promesas de construcción de paz duradera y cambio de estrategia, en el último mes, la Guardia Nacional, creada como una corporación de policía profesional para relevar al Ejército en las funciones de seguridad pública, fue anexada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de naturaleza militar.
Desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declarara la “guerra contra las drogas”, se ha diseminado -con mucho éxito- entre la población, la prensa y los países vecinos la narrativa de que el camino más efectivo para terminar con los problemas de México es a través del uso de las fuerzas militares. Para sus acérrimos defensores esta es la vía más eficiente para suplir las deficiencias de las instituciones civiles y las políticas defectuosas en todos los ámbitos. Consecuentemente, con las drogas no es diferente, el amplio fenómeno se aborda sin distinción por medio de la bota militar, como si el tratamiento al uso de sustancias y la violencia del crimen organizado vinculado al tráfico no tuvieran matices susceptibles de tener en cuenta.
Apenas el mes pasado, el General Luis Crescencio Sandoval González, titular de SEDENA hacía referencia a los riesgos y amenazas que actualmente atentan contra México: “[e]l enemigo se encuentra en … la delincuencia, las drogas y sus vicios”. Con esas palabras reafirmó que la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA significaba su consolidación para atender la seguridad pública, y sentenció la continuación de la guerra contra las drogas a la mexicana, de manera muy similar a como Nixon inauguraba la estrategia mundial antidrogas hace 50 años. Contrario a la evidencia que muestra el fracaso de esta estrategia, el ejército, con el beneplácito presidencial, se perpetúa y se aferra a continuar con un modelo que ya había sido calificado por el propio AMLO como “equivocado”.
Como si no fuera suficiente la evidencia de que la participación de los cuerpos militares en las tareas de seguridad pública ha llevado a un escalamiento de la violencia criminal -que ha incrementado los homicidios sin disminuir las detenciones y/o aseguramiento de armas-, hoy también tenemos pruebas de su participación directa en graves violaciones a DDHH. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya, son solo algunos ejemplos. Además, en días recientes, gracias a los #GuacamayasLeaks que revelaron información confidencial de la SEDENA #SedenaLeaks, podemos corroborar los estrechos vínculos entre personal militar y carteles de droga que evidencian grandes redes de corrupción que trascienden las tareas propias de una institución de carácter militar.
Con esto en mente podemos decir que la militarización de la seguridad pública no es la salida al problema de la violencia y el crimen organizado en México. Pero, ¿qué hay de los otros aspectos de naturaleza civil? Investigaciones de las organizaciones sociales y los recientes #SedenaLeaks confirman actos de corrupción y desvío de grandes cantidades de recursos tanto en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles como en el Tren Maya.
Aunque guardando las distancias, en Colombia ha pasado de forma similar, el ejército también asumió ser el sujeto que atendiera las falencias de un Estado con instituciones insuficientes para aliviar las problemáticas nacionales. En lugares donde se necesitaba acueductos, alcantarillado, infraestructura vial, educación, hospitales, entre otros, la institución castrense fue la única que hizo presencia. Como lo señaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV): la militarización concentró sus esfuerzos en la identificación de enemigos y su persecución por la vía de la guerra, haciendo que el Estado obviara las condiciones estructurales que contribuyen a que inseguridad y que no dependen de instituciones armadas.
Con el objetivo de atacar las guerrillas y las organizaciones del narcotráfico, y con la protección jurídica que se le concedió a los “héroes de la patria”, en algunos casos los militares actuaron en complicidad con estructuras criminales generando violaciones a DDHH, despojo, y desplazamiento forzado, en otros casos ejercieron control poblacional para atacar la base social de la guerrilla y en otros, simplemente dejaron a la población civil desprotegida en medio del conflicto y del fuego cruzado.
En una región donde seguimos arrastrando las terribles consecuencias del yugo militar debemos apostar por la desmilitarización, como el reconocimiento de que vivimos en Estados ausentes para las poblaciones. Aunque por la inmediatez que exigen las problemáticas asociadas a las limitaciones institucionales y a actores armados violentos el uso de las fuerzas militares represente una posible salida, lo cierto es que su participación no ha logrado resolver los problemas y por el contrario ha elevado los índices de violencia y a su vez las violaciones a los DDHH. En el caso particular de México, preocupa, por sobre todas las cosas, que esa posible “salida” opere sin contrapesos, sin controles, sin transparencia y sin rendición de cuentas.