La injusticia de sobrevivir a una mina antipersonal y morir por otra

Pablo Parra Gallego*
30 de noviembre de 2022 - 04:45 p. m.
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El pasado 30 de agosto, las organizaciones de acción contra minas antipersonal que trabajamos con asociaciones de víctimas de artefactos explosivos en Nariño, recibimos la noticia del fallecimiento de Juan Quiñones, tras sufrir un accidente con una Mina Antipersonal (MAP) en el municipio de Magüí Payán.

El accidente de Juan hubiera sido otra lamentable historia del impacto mortal que tienen las MAP en Colombia, de no ser porque Juan era un afrocolombiano sobreviviente de otro accidente con artefacto explosivo en 2016. En esa ocasión sufrió heridas en varias partes del cuerpo.

Juan fue una de las decenas de víctimas de minas antipersonal que pudimos conocer durante una visita a Tumaco, que realizamos en noviembre del año pasado. Durante el encuentro nos contó con valentía sobre su proceso de rehabilitación, el invaluable apoyo que recibió de las organizaciones de acción contra minas y su persistente temor ante las amenazas generadas por un conflicto que parece no tener fin en su región.

También nos habló sobre sus anhelos de una paz total en su amado Pacífico colombiano. Tristemente Juan no pudo ver su deseo de paz convertido en realidad.

Además de formar parte de las más 12.200 víctimas de MAP registradas en Colombia hasta julio de este año, ahora también es una de las más de 2.300 vidas que han sido truncadas por los artefactos explosivos, cuyos impactos indiscriminados se están ensañando con población civil.

Desde 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz, de cada 10 víctimas de MAP en promedio seis son civiles, según las estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

Juan logró sobrevivir a un accidente con mina antipersonal. Se acostumbró a vivir y a desplazarse por su territorio con el temor a estos artefactos. Aprendió comportamientos seguros -a través de la Educación en el Riesgo de Minas (ERM)- para que no fuera víctima de un nuevo accidente. Pero esto no fue suficiente. Si bien la ERM ayuda a reducir drásticamente la posibilidad de accidentes, no es una garantía total de protección para la población. Fue doblemente victimizado con armas que nunca deben ser usadas bajo ninguna circunstancia.

Solo con el cese de la instalación de artefactos explosivos por parte de los grupos armados no estatales -que tienen la mayor responsabilidad en estas violaciones del Derecho Internacional Humanitario- y el despliegue de operaciones de desminado humanitario que eliminen este peligro, la población rural, indígena y afrocolombiana de Nariño y otros 22 departamentos de Colombia podrá transitar por sus territorios sin temor a morir en una explosión inesperada.

La muerte de Juan Quiñoñes nos recuerda a todos que debemos continuar los esfuerzos para alcanzar la meta de tener una Colombia libre de minas. En este sentido, un paso enorme y fundamental que ha dado el Gobierno de Colombia es la reiniciación de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las cuales felicitamos con entusiasmo desde el Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS). Mientras avanzan los esfuerzos para lograr la paz total, reiteramos: ¡Nunca más minas antipersonal!

*Director del programa de UNMAS en Colombia.

Por Pablo Parra Gallego*

 

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