Movilizaciones sociales en favor de la paz no deben cesar
La protesta ciudadana en Colombia tuvo una fuerte estigmatización y señalamiento durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien no dudaba en asegurar que todo el que se atreviera a invitar a alguna manifestación en favor de la solución del conflicto armado por la vía del diálogo, estaba relacionado con las guerrillas.
Para ese entonces el país venía de sufrir una fuerte arremetida guerrillera durante la administración de Andrés Pastrana y comenzó a presentarse también la expansión paramilitar a lo largo y ancho del territorio. En 2002, el 70 o 75% del total de municipios del país tenía presencia guerrillera importante y las ciudades capitales no escapaban a este fenómeno, al tiempo en que se intensificaban las masacres promovidas por las Autodefensas al mando de Carlos Castaño.
Las cifras de la Federación Colombiana de Municipios indican que entre 1998 y 2002 fueron secuestrados 17 alcaldes, amenazados 554 y asesinados 54. La cifra de alcaldes que despacharon fuera de su municipio era de 300 en noviembre de 2002.
A partir de ese momento todo aquel que se atreviera a hablar de diálogo de paz o de invitar a una marcha en favor de esta causa, inmediatamente era tildado de aliado de la guerrilla. Aun así la movilización social durante los primeros seis años del mandato uribista, según estudios elaborados por el Cinep, no cesó. “Un total de 1.120 municipios del país (cifras del Dane), 554 sirvieron de escenario para las protestas.
La movilización social alcanzó en 2007 el mayor auge observado desde 1975, cuando se reportaron 800 protestas y en el año 2008 la cifra llegó a 950. Las capitales de los departamentos fueron las mayores concentradoras de las manifestaciones, debido a la visibilidad que poseen”.
Ante el constante señalamiento a las protestas sociales en Colombia de estar infiltradas por la ilegalidad, voces de la misma sociedad civil pidieron respetar las manifestaciones públicas y colectivas como parte del conjunto de los derechos establecidos por la Constitución de 1991, en su artículo 37.
Hoy, luego de que en Colombia fue posible hablar de diálogos de paz y tras la derrota del Sí en el plebiscito, la movilización social que en el pasado fue señalada de estar infiltrada por la ilegalidad, hoy tiene carta abierta para pedir la implementación de los Acuerdos de Paz, con el ánimo de evitar a toda costa que municipios y veredas en donde se ha vivido con mayor intensidad el conflicto armado, se vean expuestos a una nueva ola de violencia producto de una nueva guerra entre las Farc y el Estado.
Es así como en las últimas semanas, millones de personas se han manifestado en toda Colombia después de la estrecha victoria del No en el plebiscito, en las mayores movilizaciones que recuerde el país a favor de la paz.
Estas movilizaciones son motivadas por el cansancio de una guerra de décadas, a un costo humano bastante alto. Pero el resultado del plebiscito del domingo 2 de octubre, incluyendo la altísima abstención de 63 por ciento, lo puso en tela de juicio pese a la apretada diferencia de votos existente entre las opciones del Sí y el No.
Ante esta creciente movilización ciudadana en favor de la paz, Gobierno y Farc deben escuchar el clamor de estos miles de ciudadanos que se han manifestado en contra de que Colombia retorne a la guerra y nuestros territorios se vean inmersos en una especie de “No futuro”, evitando de paso que estos logren el progreso que durante décadas se les ha negado por el miedo a la violencia.
La estabilización del país tras la firma de una paz estable y duradera es un tema que no da espera, y es a la sociedad civil a quien le corresponde elevar esta exigencia al Gobierno Nacional y a las Farc, para que no permitan que lo logrado en materia de paz se caiga por dilaciones de la oposición política.
Las movilizaciones sociales que se han dado en las últimas semanas en favor de la paz, no deben cesar, por el contrario, estas deben aumentar en mayor cantidad en las distintas ciudades de Colombia, para que así quede demostrado que el número de personas que anhelan la paz es muchísimo mayor, al que se manifestó en contra de estas en el plebiscito.
*Óscar Sevillano
La protesta ciudadana en Colombia tuvo una fuerte estigmatización y señalamiento durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien no dudaba en asegurar que todo el que se atreviera a invitar a alguna manifestación en favor de la solución del conflicto armado por la vía del diálogo, estaba relacionado con las guerrillas.
Para ese entonces el país venía de sufrir una fuerte arremetida guerrillera durante la administración de Andrés Pastrana y comenzó a presentarse también la expansión paramilitar a lo largo y ancho del territorio. En 2002, el 70 o 75% del total de municipios del país tenía presencia guerrillera importante y las ciudades capitales no escapaban a este fenómeno, al tiempo en que se intensificaban las masacres promovidas por las Autodefensas al mando de Carlos Castaño.
Las cifras de la Federación Colombiana de Municipios indican que entre 1998 y 2002 fueron secuestrados 17 alcaldes, amenazados 554 y asesinados 54. La cifra de alcaldes que despacharon fuera de su municipio era de 300 en noviembre de 2002.
A partir de ese momento todo aquel que se atreviera a hablar de diálogo de paz o de invitar a una marcha en favor de esta causa, inmediatamente era tildado de aliado de la guerrilla. Aun así la movilización social durante los primeros seis años del mandato uribista, según estudios elaborados por el Cinep, no cesó. “Un total de 1.120 municipios del país (cifras del Dane), 554 sirvieron de escenario para las protestas.
La movilización social alcanzó en 2007 el mayor auge observado desde 1975, cuando se reportaron 800 protestas y en el año 2008 la cifra llegó a 950. Las capitales de los departamentos fueron las mayores concentradoras de las manifestaciones, debido a la visibilidad que poseen”.
Ante el constante señalamiento a las protestas sociales en Colombia de estar infiltradas por la ilegalidad, voces de la misma sociedad civil pidieron respetar las manifestaciones públicas y colectivas como parte del conjunto de los derechos establecidos por la Constitución de 1991, en su artículo 37.
Hoy, luego de que en Colombia fue posible hablar de diálogos de paz y tras la derrota del Sí en el plebiscito, la movilización social que en el pasado fue señalada de estar infiltrada por la ilegalidad, hoy tiene carta abierta para pedir la implementación de los Acuerdos de Paz, con el ánimo de evitar a toda costa que municipios y veredas en donde se ha vivido con mayor intensidad el conflicto armado, se vean expuestos a una nueva ola de violencia producto de una nueva guerra entre las Farc y el Estado.
Es así como en las últimas semanas, millones de personas se han manifestado en toda Colombia después de la estrecha victoria del No en el plebiscito, en las mayores movilizaciones que recuerde el país a favor de la paz.
Estas movilizaciones son motivadas por el cansancio de una guerra de décadas, a un costo humano bastante alto. Pero el resultado del plebiscito del domingo 2 de octubre, incluyendo la altísima abstención de 63 por ciento, lo puso en tela de juicio pese a la apretada diferencia de votos existente entre las opciones del Sí y el No.
Ante esta creciente movilización ciudadana en favor de la paz, Gobierno y Farc deben escuchar el clamor de estos miles de ciudadanos que se han manifestado en contra de que Colombia retorne a la guerra y nuestros territorios se vean inmersos en una especie de “No futuro”, evitando de paso que estos logren el progreso que durante décadas se les ha negado por el miedo a la violencia.
La estabilización del país tras la firma de una paz estable y duradera es un tema que no da espera, y es a la sociedad civil a quien le corresponde elevar esta exigencia al Gobierno Nacional y a las Farc, para que no permitan que lo logrado en materia de paz se caiga por dilaciones de la oposición política.
Las movilizaciones sociales que se han dado en las últimas semanas en favor de la paz, no deben cesar, por el contrario, estas deben aumentar en mayor cantidad en las distintas ciudades de Colombia, para que así quede demostrado que el número de personas que anhelan la paz es muchísimo mayor, al que se manifestó en contra de estas en el plebiscito.
*Óscar Sevillano