Desde hace varias décadas, ha circulado la idea de construir un puerto de aguas profundas en Tribugá, corregimiento de Nuquí, Chocó. Hasta hace poco esta idea parecía simplemente un mero enunciado hasta que, dentro de la propuesta de Plan de Desarrollo del actual gobierno, se incluyó su construcción. Hace un año tuve la oportunidad de conocer Nuquí, a donde nos adentramos con un equipo del CIDER de la Universidad de los Andes para investigar cómo sus habitantes comprenden el bienestar y el desarrollo. Cada una de las visitas que hemos realizado desde entonces han significado un gran aprendizaje.
No deja de sorprendernos el contraste entre, por un lado, la existencia de prácticas económicas y culturales que, en condiciones precarias por la presencia de un Estado ausente, se las arreglan para la auto subsistencia; y por el otro, la incapacidad del Estado nacional, departamental y local para garantizar los derechos de la comunidad. La mayoría de los nueve corregimientos no cuentan con agua potable. La luz, tan central para una comunidad de pescadores, no funciona las 24 horas. Ni que hablar de la infraestructura de educación y salud. En corregimientos como Coquí, hay un escuálido esqueleto de centro de salud, abandonado, sin los mínimos requerimientos técnicos para atender a los pacientes, y lo que es peor, sin ningún personal.
Si alguien se enferma, como ocurrió hace poco en Partado, otro corregimiento, el enfermo debe salir a la hora que sea en lancha vía marítima hacia Nuquí, la cabecera municipal, para ser atendido en el centro de salud, donde un doctor en condiciones también precarias le atenderá de forma exprés pues otros están a la espera de ser atendidos. Este jueves el artículo que propone la construcción del Puerto fue aprobado en Cámara y Senado. En Nuquí, las autoridades indígenas y afros están a la espera de que pase un milagro que tumbe este proyecto.
Cuando uno visita las comunidades, se encuentra con una significativa porción de la población que manifiesta no estar a favor del Puerto. Temen los estragos que este tipo de obra pueda tener en su cotidianeidad, tradiciones, economía, que incluye pesca, agricultura y eco-turismo; y además, se muestran preocupados por algo que a otros colombianos no les interesa: la naturaleza, el territorio, el manglar, las ballenas, la selva. Quienes dicen Sí al Puerto, argumentan con una leve esperanza que por fin hará presencia de forma positiva el Estado, y no tan solo a través del clientelismo, las falsas promesas y la corrupción.
En medio de la presencia de ese Estado, precario y corrupto, y los anhelos de mejores condiciones de vida de los nuquiseños, parece estructurarse un tipo de chantaje perverso: ustedes permiten la construcción del Puerto, y por fin se garantizará la presencia apropiada del Estado. Por fin se materializará lo que siempre han sido sus derechos pero que se les ha negado sistemáticamente, entre otras cosas, por ser negros e indígenas. Uno de los tantos habitantes con los que hemos conversado, expresó con rabia: “¡qué hagan ese Puerto a ver si por fin el Estado hace presencia!”.
Recientemente los gobernadores de Chocó, Risaralda y Caldas, gobernaciones que tienen acciones en la posible construcción del Puerto, circularon una carta con argumentos sobre el Sí. Sus argumentos, además de sustentarse en diversas imprecisiones y ausencia de información actualizada, son fácilmente rebatibles con las experticias locales y de las ciencias sociales y naturales. Adicionalmente, apelan a reproducir promesas de trabajo y calidad de vida por décadas incumplidas, y a inflar la ilusión desarrollista que ya ha dado muestras de ser fallida en contextos como el de Buenaventura. En relación al Chocó, un departamento con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas y con un conflicto armado que va y viene y que incluye la presencia del narcotráfico, el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la Equidad, debería realmente fomentar esto último.
El Puerto no lo va a garantizar. Lo sabemos no solo por Buenaventura, sino también porque los megaproyectos, monocultivos, procesos extractivistas y de infraestructura que el partido de gobierno ha dinamizado, no favorecen a las comunidades. En tiempos de posacuerdo, la Gobernación del Chocó y el Gobierno Nacional, junto con las otras gobernaciones, deberían primero preocuparse por garantizar los derechos básicos de los nuquiseños, así como de las víctimas. Tribugá, donde pretende hoy construir el Puerto, ha sido objeto de masacres y desplazamiento. Antes de cualquier Puerto, que se aclare qué aconteció y por qué, que se repare a las víctimas y que los responsables se acojan a la justicia.
Al conocer que pasó, se pueden construir medidas de no repetición, que sin duda incluirán favorecer economías locales más que una infraestructura que destruirá la biodiversidad, la riqueza étnica y la población que allí habita. La equidad requiere de un Estado y un gobierno que favorezca a las mayorías y preserve la diversidad humana y ecológica, no la devastación ambiental ni la creciente concentración de la riqueza en pocas manos. Esta semana, la Alianza Nuquí, a la que pertenecen distintas ONGs, centros académicos y procesos organizativos de Nuquí, lanzaron un Manifiesto que insta a respetar el derecho de las comunidades indígenas y afro a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Este Manifiesto ha sido apoyado por intelectuales, académicos, organizaciones sociales, ONGs y artistas. Aquí el Manifiesto: https://drive.google.com/file/d/1d0IE85lwWIA96it3NRhMnNDYO4EaBvVm/view
*Profesora CIDER-Uniandes
Desde hace varias décadas, ha circulado la idea de construir un puerto de aguas profundas en Tribugá, corregimiento de Nuquí, Chocó. Hasta hace poco esta idea parecía simplemente un mero enunciado hasta que, dentro de la propuesta de Plan de Desarrollo del actual gobierno, se incluyó su construcción. Hace un año tuve la oportunidad de conocer Nuquí, a donde nos adentramos con un equipo del CIDER de la Universidad de los Andes para investigar cómo sus habitantes comprenden el bienestar y el desarrollo. Cada una de las visitas que hemos realizado desde entonces han significado un gran aprendizaje.
No deja de sorprendernos el contraste entre, por un lado, la existencia de prácticas económicas y culturales que, en condiciones precarias por la presencia de un Estado ausente, se las arreglan para la auto subsistencia; y por el otro, la incapacidad del Estado nacional, departamental y local para garantizar los derechos de la comunidad. La mayoría de los nueve corregimientos no cuentan con agua potable. La luz, tan central para una comunidad de pescadores, no funciona las 24 horas. Ni que hablar de la infraestructura de educación y salud. En corregimientos como Coquí, hay un escuálido esqueleto de centro de salud, abandonado, sin los mínimos requerimientos técnicos para atender a los pacientes, y lo que es peor, sin ningún personal.
Si alguien se enferma, como ocurrió hace poco en Partado, otro corregimiento, el enfermo debe salir a la hora que sea en lancha vía marítima hacia Nuquí, la cabecera municipal, para ser atendido en el centro de salud, donde un doctor en condiciones también precarias le atenderá de forma exprés pues otros están a la espera de ser atendidos. Este jueves el artículo que propone la construcción del Puerto fue aprobado en Cámara y Senado. En Nuquí, las autoridades indígenas y afros están a la espera de que pase un milagro que tumbe este proyecto.
Cuando uno visita las comunidades, se encuentra con una significativa porción de la población que manifiesta no estar a favor del Puerto. Temen los estragos que este tipo de obra pueda tener en su cotidianeidad, tradiciones, economía, que incluye pesca, agricultura y eco-turismo; y además, se muestran preocupados por algo que a otros colombianos no les interesa: la naturaleza, el territorio, el manglar, las ballenas, la selva. Quienes dicen Sí al Puerto, argumentan con una leve esperanza que por fin hará presencia de forma positiva el Estado, y no tan solo a través del clientelismo, las falsas promesas y la corrupción.
En medio de la presencia de ese Estado, precario y corrupto, y los anhelos de mejores condiciones de vida de los nuquiseños, parece estructurarse un tipo de chantaje perverso: ustedes permiten la construcción del Puerto, y por fin se garantizará la presencia apropiada del Estado. Por fin se materializará lo que siempre han sido sus derechos pero que se les ha negado sistemáticamente, entre otras cosas, por ser negros e indígenas. Uno de los tantos habitantes con los que hemos conversado, expresó con rabia: “¡qué hagan ese Puerto a ver si por fin el Estado hace presencia!”.
Recientemente los gobernadores de Chocó, Risaralda y Caldas, gobernaciones que tienen acciones en la posible construcción del Puerto, circularon una carta con argumentos sobre el Sí. Sus argumentos, además de sustentarse en diversas imprecisiones y ausencia de información actualizada, son fácilmente rebatibles con las experticias locales y de las ciencias sociales y naturales. Adicionalmente, apelan a reproducir promesas de trabajo y calidad de vida por décadas incumplidas, y a inflar la ilusión desarrollista que ya ha dado muestras de ser fallida en contextos como el de Buenaventura. En relación al Chocó, un departamento con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas y con un conflicto armado que va y viene y que incluye la presencia del narcotráfico, el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la Equidad, debería realmente fomentar esto último.
El Puerto no lo va a garantizar. Lo sabemos no solo por Buenaventura, sino también porque los megaproyectos, monocultivos, procesos extractivistas y de infraestructura que el partido de gobierno ha dinamizado, no favorecen a las comunidades. En tiempos de posacuerdo, la Gobernación del Chocó y el Gobierno Nacional, junto con las otras gobernaciones, deberían primero preocuparse por garantizar los derechos básicos de los nuquiseños, así como de las víctimas. Tribugá, donde pretende hoy construir el Puerto, ha sido objeto de masacres y desplazamiento. Antes de cualquier Puerto, que se aclare qué aconteció y por qué, que se repare a las víctimas y que los responsables se acojan a la justicia.
Al conocer que pasó, se pueden construir medidas de no repetición, que sin duda incluirán favorecer economías locales más que una infraestructura que destruirá la biodiversidad, la riqueza étnica y la población que allí habita. La equidad requiere de un Estado y un gobierno que favorezca a las mayorías y preserve la diversidad humana y ecológica, no la devastación ambiental ni la creciente concentración de la riqueza en pocas manos. Esta semana, la Alianza Nuquí, a la que pertenecen distintas ONGs, centros académicos y procesos organizativos de Nuquí, lanzaron un Manifiesto que insta a respetar el derecho de las comunidades indígenas y afro a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Este Manifiesto ha sido apoyado por intelectuales, académicos, organizaciones sociales, ONGs y artistas. Aquí el Manifiesto: https://drive.google.com/file/d/1d0IE85lwWIA96it3NRhMnNDYO4EaBvVm/view
*Profesora CIDER-Uniandes