No podemos pasar la página de la restitución de tierras
Por Alejandro Abondano.
El tiempo vuela y los tres años que le quedan a la Restitución de Tierras lo demuestran. En 2021 se acaba esta política que impulsó el expresidente Juan Manuel Santos y tenía una duración de 10 años. Ahora, con el nuevo gobierno hay una cierta incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el Acuerdo y con la transición a la paz. Una de ellas es justamente esta política, que según anunció el presidente electo, no recibirá más solicitudes en el tiempo que le queda de vigencia ¿Acaso podemos decir hoy que ya casi cumplimos la tarea?
La realidad es que aún nos falta mucho para poder afirmar que hemos revertido la situación de despojo y abandono forzado en Colombia. De acuerdo con el informe de gestión (2017) de la URT, de las 110.457 solicitudes recibidas hasta el año 2017, apenas 9.380 (8,49 %) han pasado a etapa judicial y cuentan con una sentencia de fondo. Esto no es algo inesperado, pues ya en la publicación “Un Trancón Fenomenal” (2013) Francisco Gutiérrez pronosticaba este avance lento debido al diseño institucional de la restitución.
En lo que va de su implementación, la política cuenta como resultado la adopción de al menos 3 666 sentencias que resuelven al menos 6 822 de las solicitudes de restitución. Quizás su mayor logro ha sido el reconocer el fenómeno del despojo propiciado en Colombia por el conflicto armado y la necesidad de revertirlo y reparar a sus víctimas. Hay mucho que rescatar de la labor que se ha hecho, pero también queda mucho por hacer en este tema. Últimamente el Estado se ha preocupado menos por esto que por encontrar la manera de mostrarse exitoso ante la mirada del público.
Esto es lo que nos demostró la CCJ en su informe “Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017” (2018). La URT ha mostrado una mejora notable en su rendimiento desde el año 2015 pero esto podría deberse tan sólo a que ha cambiado la manera de medir el cumplimiento de sus metas. En el periodo 2012-2014, la URT manejaba como indicador el número de “actos administrativos de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas” (RTDAF), es decir, de respuesta favorables a las solicitudes de restitución. En cambio, para el periodo 2015-2017, comenzó a medir su propio progreso con un indicador de “actos administrativos que dan respuesta a las solicitudes de restitución”, lo cual incluye decisiones de inclusión o de no inclusión en el RTDAF. Esta modificación en la medición de cumplimiento de metas coincide además con un notable incremento de solicitudes negadas por la URT.
Además de intentar mostrar las solicitudes negadas en etapa administrativa como casos de éxito de la restitución, ahora el Estado ha optado por iniciar el cierre de esta política faltando tres años para su finalización. En julio los ministros de defensa y de agricultura firmaron el Decreto 1167 de 2018, que establece que los reclamantes contarán con únicamente 3 meses contados a partir de que se habilite la zona en que se encuentre su predio para realizar su solicitud de restitución.
El Decreto afecta a muchas víctimas de despojo (sobre todo a las recientes) que por su situación de vulnerabilidad no van a alcanzar a acudir a las autoridades a tiempo para hacer su solicitud. En muchos casos lo más urgente para estas personas tras sufrir el despojo y el desplazamiento es encontrar un lugar seguro y los medios económicos para subsistir. También afecta a quienes puedan ser víctimas en un futuro pues no podrán realizar su solicitud en los territorios en los que ya se haya cumplido el término de 3 meses. De acuerdo con la Unidad de Víctimas este es un fenómeno que sigue ocurriendo; tan sólo en el año 2017 se desplazaron forzosamente 82.285 personas y en lo corrido del año 2018 la cifra es de 42.003 personas (Fuente: Red Nacional de Información).
Ocultar las tareas pendientes y establecer estos nuevos límites temporales no va a conseguir que se cumpla el objetivo de la política de restitución. Estas medidas son una zancadilla que el Estado se hace a sí mismo. Quizás le permitan crear la apariencia de que la restitución es una labor cumplida y es hora de ir cerrando pero en realidad dejan pendiente el objetivo de revertir el despojo en Colombia. Tampoco le permiten aprovechar las capacidades estatales que los jueces de restitución y los funcionarios de la URT han venido desarrollando desde el 2011.
Cerrar la restitución anticipadamente es tomar la decisión de desperdiciar todos los aprendizajes que se han obtenido durante este tiempo. En su lugar, podríamos utilizarlos para impulsar la transición hacia la paz en el campo, es decir, para transformar las condiciones que permitieron el despojo en primer lugar. Es verdad que el tiempo vuela pero hay metas que debemos culminar con calma. En lo que respecta a la restitución, todavía nos hace falta para pasar la página.
Por Alejandro Abondano.
El tiempo vuela y los tres años que le quedan a la Restitución de Tierras lo demuestran. En 2021 se acaba esta política que impulsó el expresidente Juan Manuel Santos y tenía una duración de 10 años. Ahora, con el nuevo gobierno hay una cierta incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el Acuerdo y con la transición a la paz. Una de ellas es justamente esta política, que según anunció el presidente electo, no recibirá más solicitudes en el tiempo que le queda de vigencia ¿Acaso podemos decir hoy que ya casi cumplimos la tarea?
La realidad es que aún nos falta mucho para poder afirmar que hemos revertido la situación de despojo y abandono forzado en Colombia. De acuerdo con el informe de gestión (2017) de la URT, de las 110.457 solicitudes recibidas hasta el año 2017, apenas 9.380 (8,49 %) han pasado a etapa judicial y cuentan con una sentencia de fondo. Esto no es algo inesperado, pues ya en la publicación “Un Trancón Fenomenal” (2013) Francisco Gutiérrez pronosticaba este avance lento debido al diseño institucional de la restitución.
En lo que va de su implementación, la política cuenta como resultado la adopción de al menos 3 666 sentencias que resuelven al menos 6 822 de las solicitudes de restitución. Quizás su mayor logro ha sido el reconocer el fenómeno del despojo propiciado en Colombia por el conflicto armado y la necesidad de revertirlo y reparar a sus víctimas. Hay mucho que rescatar de la labor que se ha hecho, pero también queda mucho por hacer en este tema. Últimamente el Estado se ha preocupado menos por esto que por encontrar la manera de mostrarse exitoso ante la mirada del público.
Esto es lo que nos demostró la CCJ en su informe “Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017” (2018). La URT ha mostrado una mejora notable en su rendimiento desde el año 2015 pero esto podría deberse tan sólo a que ha cambiado la manera de medir el cumplimiento de sus metas. En el periodo 2012-2014, la URT manejaba como indicador el número de “actos administrativos de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas” (RTDAF), es decir, de respuesta favorables a las solicitudes de restitución. En cambio, para el periodo 2015-2017, comenzó a medir su propio progreso con un indicador de “actos administrativos que dan respuesta a las solicitudes de restitución”, lo cual incluye decisiones de inclusión o de no inclusión en el RTDAF. Esta modificación en la medición de cumplimiento de metas coincide además con un notable incremento de solicitudes negadas por la URT.
Además de intentar mostrar las solicitudes negadas en etapa administrativa como casos de éxito de la restitución, ahora el Estado ha optado por iniciar el cierre de esta política faltando tres años para su finalización. En julio los ministros de defensa y de agricultura firmaron el Decreto 1167 de 2018, que establece que los reclamantes contarán con únicamente 3 meses contados a partir de que se habilite la zona en que se encuentre su predio para realizar su solicitud de restitución.
El Decreto afecta a muchas víctimas de despojo (sobre todo a las recientes) que por su situación de vulnerabilidad no van a alcanzar a acudir a las autoridades a tiempo para hacer su solicitud. En muchos casos lo más urgente para estas personas tras sufrir el despojo y el desplazamiento es encontrar un lugar seguro y los medios económicos para subsistir. También afecta a quienes puedan ser víctimas en un futuro pues no podrán realizar su solicitud en los territorios en los que ya se haya cumplido el término de 3 meses. De acuerdo con la Unidad de Víctimas este es un fenómeno que sigue ocurriendo; tan sólo en el año 2017 se desplazaron forzosamente 82.285 personas y en lo corrido del año 2018 la cifra es de 42.003 personas (Fuente: Red Nacional de Información).
Ocultar las tareas pendientes y establecer estos nuevos límites temporales no va a conseguir que se cumpla el objetivo de la política de restitución. Estas medidas son una zancadilla que el Estado se hace a sí mismo. Quizás le permitan crear la apariencia de que la restitución es una labor cumplida y es hora de ir cerrando pero en realidad dejan pendiente el objetivo de revertir el despojo en Colombia. Tampoco le permiten aprovechar las capacidades estatales que los jueces de restitución y los funcionarios de la URT han venido desarrollando desde el 2011.
Cerrar la restitución anticipadamente es tomar la decisión de desperdiciar todos los aprendizajes que se han obtenido durante este tiempo. En su lugar, podríamos utilizarlos para impulsar la transición hacia la paz en el campo, es decir, para transformar las condiciones que permitieron el despojo en primer lugar. Es verdad que el tiempo vuela pero hay metas que debemos culminar con calma. En lo que respecta a la restitución, todavía nos hace falta para pasar la página.