Nos queda regular el cannabis y defender la coca tradicional

Vamos a acabar el 2025 sin mayores avances en política drogas. En particular, sin mayores avances en lo que refiere a la regulación del cannabis de uso adulto. Ni hablar del estancamiento, o mejor, retroceso en el debate en torno a la cocaína. El PNIS siguió tímidamente y se comenzaron a implementar otros programas similares sin la aspirada transformación territorial. La idea de la fumigación con glifosato volvió a la discusión pública sin que este gobierno derogara el decreto que aún le da viabilidad y ahora debatimos sobre la validez o no de los bombardeos en el Pacífico y el Caribe. Nos enfrascamos en la discusión sobre la medición de hectáreas y la cocaína potencial. En el ámbito de la cocaína todo debate sensato parece cerrado.

Hablemos mejor del cannabis. En Estados Unidos, el mercado del cannabis en los estados donde este está regulado tuvo ventas aproximadas de $30,1 mil millones de dólares (Departamento de Regulación del Cannabis del Condado de Los Ángeles, California, 2025) y un recaudo en impuestos estatales cercanos a $4,4 mil millones de dólares en 2024 (Hasse, J., 2025). Aunque a nivel federal el mercado sigue prohibido, el gobierno Trump no repara en este tema.

Mientras tanto en Colombia seguimos estancados. A pesar de que el autocultivo, el porte y el consumo está permitido actualmente, su mercado es ilegal. Sin embargo, todo el mundo sabe que el epicentro de a la producción nacional está en el Norte del Cauca, donde aproximadamente 3.000 hectáreas benefician a más de 15.000 productores (Indepaz, 2024: Restrepo y Cuellar, 2025) y pese a los esfuerzos de algunos legisladores de incluirlos en el mercado legal, hoy siguen en el mercado ilegal. Esto significa entre otras cosas, que son los grupos armados y no el Estado los que regulan este mercado y se lucran de su comercialización.

Sin embargo, la regulación del cannabis medicinal sigue avanzando, y lo hace, lamentablemente, sin solucionar la ilegalidad del mercado de cannabis para uso recreativo lo cual va en detrimento de cultivadores (campesinos e indígenas) y promueve el comportamiento estratégico de los consumidores que no quieren participar en un mercado ilegal.

En octubre se aprobó el Decreto 1138 del Ministerio de Salud, el cual modifica el marco existente para el cannabis medicinal en Colombia, ajustando aspectos clave como la trazabilidad, la vigilancia sanitaria y los requisitos para la comercialización. Específicamente este decreto aprueba la venta de flor para usos medicinales. La idea detrás de este decreto es permitir el acceso para pacientes o usuarios que la buscan para usos medicinales y que actualmente, a menos de que tengan autocultivos, no tienen un conducto legal para obtenerla.

Aunque el decreto inicialmente estipula a las farmacias como lugares donde se podría acceder a la flor, aún falta desarrollar las condiciones sobre cómo se puede dispensar y como se puede acceder a la flor. En teoría es un avance para los consumidores, sin embargo, los productores del Norte del Cauca alertaron sobre este decreto. Este nuevo marco normativo exige una articulación más efectiva entre las entidades competentes, especialmente los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, para garantizar que la implementación no se convierta en una barrera más para el acceso de los cultivadores a un mercado legal.

Este decreto de facto le abre la puerta al mercado de uso recreativo que tanto se ha querido regular, pero deja por fuera a los productores tradicionales que no tienen licencia medicinal ni producen flor con características farmacéuticas. Este decreto mantiene los costosos requerimientos burocráticos de licenciamiento y no plantea ninguna estrategia diferencial de inclusión productiva territorial.

En palabras del Alcalde de Toribío, Cauca (uno de los epicentros de producción):

“Quiero manifestar una gran preocupación ante el avance de los procesos que ha tenido el tema de la cannabis en Colombia. En el año 2016 se expidió la ley 1687 que pretendía legalizar el tema de la cannabis medicinal y una de las condiciones para llegar a ese proceso tenía que ver con productos terminados previo proceso de transformación. Sin embargo, nueve años después vemos con preocupación que se expide un decreto donde se le da el reconocimiento a la flor seca como uso medicinal. En ello quedamos totalmente desconcertados y bastante preocupados porque científicamente cómo demostrarían que la flor seca se puede dar para uso medicinal. Esto afectaría gravemente el comercio que existe del cannabis recreativo porque parece ser que la intención es dar vía libre a licencias expedidas en esos años o en años anteriores; situación en la cual los productores preexistentes, indígenas, campesinos que han sufrido todas las consecuencias del conflicto armado y son víctimas del narcotráfico pues quedarían totalmente excluidos y tranquilamente una empresa licenciada tomaría el mercado del uso recreativo.”

Si bien estos ajustes normativos abren posibilidades, también existe el riesgo de que sean aprovechados principalmente por grandes actores farmacéuticos, profundizando las brechas de acceso y excluyendo a quienes han trabajado históricamente desde una economía campesina o comunitaria.

Varias voces han pedido que se derogue o modifique este decreto para no excluir a los productores tradicionales. En paralelo, el gobierno nacional intenta avanzar en la consulta previa de la política nacional de drogas para desarrollar el plan de acción, 6 meses antes de que se acabe este cuatrienio; una consulta con varias de las mismas comunidades que protestaron por el decreto medicinal—¿qué puede salir mal?

Es muy importante no perder de vista que, avanzar en una política integral del cannabis implica no solo regular el uso medicinal, sino también abrir el debate sobre su uso adulto, abordando de manera transparente los dilemas regulatorios, sanitarios y sociales que aún persisten.

Los reclamos válidos sobre el fracaso de la paz total, la percepción del deterioro de la seguridad en el país y la relaciones con Estados Unidos harán muy difícil que un próximo gobierno avance en una política de drogas diferente.

Este gobierno parece perder la oportunidad de hacer alguna reforma realmente radical y factible. Hubo algunos avances en la política de reducción de riesgos y daños y le quedan al menos dos temas que aún pueden sobrevivir a la nueva guerra contra las drogas: un avance en la regulación del cannabis que no excluya a los productores tradicionales, lo cual puede incluir un piloto del mercado o avanzar en la formalización de los clubes cannábicos; y un empujón a los usos no psicoactivos de la hoja de coca a nivel nacional.

Desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud no recomendó la reclasificación de la hoja de coca, que actualmente está en la lista 1 de sustancias prohibidas junto con la heroína y otras sustancias de alto riesgo por falta de evidencia científica y por el criterio de convertibilidad (facilidad de producir cocaína). Sin embargo, y pese a estas decisiones internacionales que parecen estancadas en el tiempo, el país aún puede definir un marco claro para la regulación interna de los usos alternativos de la hoja de coca para avanzar entre otras en la reparación de los pueblos andino-amazónicos y campesinos.

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