Nuevos “gobernantes”, viejas formas de gobernar y la desazón de futuro

Las elecciones de autoridades locales y departamentales del pasado 29 de octubre evidenciaron que, no solo fue un golpe de opinión frente al gobierno del cambio de Gustavo Petro y Francia Márquez (2022-2026). También, se trató de un fuerte llamado de atención a los poderes locales que durante la pandemia y el estallido social se caracterizaron por su lentitud, corrupción, desconocimiento y ausencia de mecanismos de participación ciudadana efectivos para buscar soluciones conjuntas a las nuevas emergencias sociales resultado del Covid 19 y el cambio climático.

Aunque, algunos gobiernos locales realizaron tareas en la dirección correcta, impulsando políticas del cuidado de la vida y la naturaleza, promovieron el diálogo público y la ayuda mutua. No obstante, en las principales ciudades, la ciudadanía en general puso en duda la legitimidad y capacidad resolutiva de sus gobernantes. Las encuestas pulverizaron la gestión de sus gobernantes, tanto así que los promedios de desaprobación de las encuestas batieron récords históricos (Medellín 57%, Bogotá 60%, y Cali 83%).

Por ejemplo, en los casos de la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Cali, en particular frente al tema de las movilizaciones sociales, sus salidas fueron erráticas y politizadas. En el primer caso, con la confrontación directa con los gobiernos nacionales - Duque y Petro -. En el segundo caso, el llamado a la descentralización para la toma de decisiones efectivas, se convirtió en una cortina de humo que buscaba distraer a la opinión pública sobre los escándalos de corrupción administrativa y el desgobierno local.

En definitiva, el balance de las administraciones locales da cuenta que en Colombia aún no logramos una forma de gobierno que haga uso de una gobernanza democrática. Recordemos, que este tipo de gobernanza se caracteriza por la convergencia de múltiples actores, la cooperación, el respeto y uso de diversas formas y expresiones de participación abierta e inclusiva, así como reglas de juegos transparentes para la definición de respuestas frente a los problemas públicos. Lo que vemos hoy en día es todo lo contrario. En lo local aún existen serios problemas de cooperación y coordinación entre actores públicos y privados que los llevan a competir por el acceso al poder y por el reparto de bienes y recursos públicos en pequeños grupos y clientelas políticas, regionales y locales. El centralismo nacional y el debilitamiento de la administración pública por las presiones corporativas, rentistas y politiqueras de las últimas décadas, nos muestra que estamos en un callejón sin salida que no logra dar salidas efectivas a viejos problemas de la agenda social referidos a la desigualdad, pobreza y exclusión social.

Precisamente, la reciente campaña electoral dejó en evidencia que escasean las ideas para repensar las dinámicas de la conflictividad violenta en las ciudades. La gran mayoría de candidatos-as privilegiaron enfoques y salidas asociadas al populismo punitivo (mega cárceles, carros blindados, control de barrios bajo vigilancia militar, drones y equipamiento militar de alta tecnología). Los y las candidatos y diferentes sectores sociales y gremios económicos creen cándidamente que las dinámicas conflictivas se intervienen con mano dura, sin ver el bosque de poderes mafiosos y criminales (nacionales y trasnacionales) que establecen controles territoriales en centros urbanos mediante la intimidación, la violencia, el boleteo y la extorsión. Estos asuntos develan la alta complejidad del conflicto urbano, así como la urgente necesidad de intervenir estos problemas con políticas públicas de paz urbana y territorial.

La cita electoral también deja entrever serias dificultades en materia de cultura política en Colombia. Candidatos-as que buscaban figurar como alternativos e independientes fueron apoyados/as, tras bambalinas, por partidos seriamente cuestionados por problemas de corrupción. Además, seguimos cultivando viejas y obsoletas formas de construir poder (fracciones de partidos sin democracia interna), se recurre a la estigmatización, la burla en redes sociales, al odio, el racismo y la xenofobia, y en numerosas acciones se acude al crimen y la violencia produciendo miedo, terror y alinderamiento político de la población con la fuerza de actores armados. El matoneo mediático y en redes sociales minaron la cuestión pública con panfletos y noticias falsas que tergiversaron la orientación política de los gobiernos. La gran mayoría de candidatos-as buscaron sacar ventaja del otro/a, sin el respeto a los derechos humanos, la integridad de las autoridades públicas, la defensa del contrato social y, ante todo, buscando mancillar el respeto por el buen nombre y la honra de su contrincante.

Las valoraciones sobre los/as candidatos-as se realizaron en función de intereses económicos, religiosos, étnicos, y personales, las preferencias ciudadanas se fueron adobando con el pasar de los días, al destacar aspectos familiares y simpatías en redes sociales, en especial si eran reinas de belleza, deportista de alto nivel, artista, influencer o una personalidad de la farándula local, regional o nacional.

El pluralismo político de la cultura política actual, no se basa en la formación académica, en la discusión sobre el mundo de las ideas, en el manejo de datos claros y concretos sobre los asuntos centrales y sensibles de la gestión pública o en la capacidad directiva y técnica de los gobernantes. Al contario, las preferencias electorales se midieron por la combinación de factores más performativos que técnicos, lo que termina generando en el corto plazo una nueva insatisfacción para la ciudadanía. También predominó la idea de que los resultados de las elecciones fueron un plebiscito contra el gobierno Petro. Desconociendo que el grado de descontento de la ciudadanía va más allá del presidente y su gestión, no olvidemos que las elecciones locales tienen otra lógica y prioridades distintas a las que se juegan en las elecciones presidenciales.

El diseño institucional de los gobiernos territoriales elegidos en la pasada contienda electoral se asienta sobre lógicas altamente centralistas, donde el ámbito territorial y local tiene serias restricciones presupuestales y legales. Al final, queda la sensación que son diferentes clanes y grupos de individuos que buscan repartirse y saquear las migajas de lo que queda de los bienes públicos. Son clanes y grupos de lobbistas que expanden su poder a entidades locales con cálculos económicos, burocráticos y financieros que hacen más difícil gobernar los bienes comunales. La tarea de conducir a las sociedades se realiza a tientas, a la ciega, sin conocimiento y examen crítico de la realidad, y la crisis gubernamental derivada de los procesos electorales democráticos se relaciona más con incompetencia y letargo institucional, que con la transparencia y la integridad de los funcionarios públicos.

Los desafíos de las autoridades locales y regionales, elegidas en octubre pasado, se mueven en diversos péndulos. Una respuesta a esa grave crisis institucional y de legitimidad de las autoridades territoriales y locales se puede solucionar generando procesos amplios de participación ciudadana y comunitaria, donde el control social y las veedurías ciudadanas realicen contrapesos políticos a los poderes públicos. Se trata de procesos de democratización local con sociedades más participativas y administraciones públicas que susciten la vinculación de la ciudadanía de forma más activa en las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas. También se requiere mayor calidad gubernamental, especialmente en información, conocimiento y descentralización de lo público con enfoques territoriales orientados a la buena gobernanza.

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*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).