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23 Feb 2022 - 9:38 p. m.

Obispos, paramilitarismo y aborto

Miguel Estupiñán / @HaciaElUmbral

Existe una contradicción inherente a la visión de derechos humanos de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC). Recientemente, su presidente, el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, rodeó las denuncias sobre alianzas paramilitares en Chocó y en el occidente antioqueño, difundidas por Juan Carlos Barreto y otros líderes sociales y religiosos. El anterior fue un gesto importante, si se tienen en cuenta las presiones que dichos líderes están recibiendo por parte de sectores del Ejército interesados en una retractación.

El año pasado varios miembros de la CEC participaron en misiones humanitarias en municipios como Dabeiba y Frontino, durante las cuales defensores de derechos humanos, diplomáticos y periodistas comprobaron en terreno el avance del dominio paramilitar en zonas codiciadas por empresas de capital transnacional, entre ellas grandes mineras de oro y de cobre como la Anglogold Ashanti. Para Hugo Torres, obispo de Apartadó, quien lideró una de dichas misiones, fue evidente la tolerancia de sectores de la fuerza pública frente a la presencia de paramilitares del Clan del Golfo sobre las obras de la Autopista al Mar 2, a la altura de Dabeiba. Durante la más reciente asamblea de la CEC, el prelado ratificó su llamado a acabar con esas formas de connivencia.

“Ahora más que nunca somos sensibles a los derechos humanos”, dijo esta semana monseñor Rueda, presidente de la CEC, pero, esta vez, rechazando la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 24. “La razón nos muestra que defender la vida en las etapas más frágiles desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia”, agregó.

En mi opinión, la coherencia del episcopado con relación a la defensa de los derechos humanos no le vendrá de su posición frente al aborto, sino de cómo actúe, también, dentro de la institución eclesiástica para proteger la integridad de las mujeres y de los niños. La Iglesia católica todavía no es un lugar absolutamente seguro. Las investigaciones del periodista Juan Pablo Barrientos han demostrado cómo en diversos sitios del país, además de curas violadores, hay obispos que encubren sus delitos. Dos mujeres encargadas de la protección de los menores en la Arquidiócesis de Villavicencio fueron marginadas de la entidad cuando se negaron a quedarse calladas frente a la red de prostitución infantil revelada por las denuncias de una de las víctimas. Ello comprueba cómo la opinión de las mujeres dentro de la Iglesia es respetada mientras estas no critiquen las formas de corrupción de sus superiores.

El episcopado será coherente en su rechazo al reclutamiento de menores el día en que garantice que no habrá más niños ni adolescentes siendo abusados por parte de religiosos. Será coherente en su defensa de la vida si contrata una investigación independiente sobre pederastia y encubrimiento clerical, como lo han hecho obispos en países como Alemania y Australia. Será coherente en su rechazo a la guerra si protege a quienes son perseguidos por denunciar las formas de violencia que tienen lugar también en parroquias y en conventos. Y lo será, si deja de creer que la Iglesia está por encima de la Corte Constitucional.

No se trata de que los obispos abandonen sus posiciones. En toda democracia importa qué piensan quienes abrazan la religión. Se trata, más bien, de no pactar, por ejemplo, con personajes de origen incierto que se declaran “activistas provida” pero hacen parte de redes transnacionales encargadas de estigmatizar a sectores de la población femenina y LGBTI. Verdaderos conspiradores contra el Estado Social de Derecho, algunos de los cuales campean muy tranquilamente por las oficinas de la Conferencia Episcopal, a pesar de los nuevos aires que se perciben en la institución.

Colombia les agradece a los obispos que defienden a los pueblos étnicos víctimas de despojo. Pero también espera que la Conferencia Episcopal contribuya a la defensa de la vida comenzando por casa.

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