La existencia de convenios de cooperación entre instituciones como la Fiscalía o el Ejército, y empresas petroleras o mineras, es una situación que según varios líderes sociales puede generar un contexto de violación de derechos humanos para ellos y sus comunidades. De esos convenios preocupan dos cosas: la ámplia relación económica entre privados y estatales —especialmente cuando se trata de las instituciones que ejercen la fuerza y la justicia—; y la asimetría jurídica que suponen los pleitos en que una de las partes puede financiar al ente investigador.
Hace pocos meses se dieron a conocer por Rutas del Conflicto los casos de los líderes ambientales y sindicales Gustavo Carrión y Héctor Sánchez, señalados por cargos de terrorismo y concierto para delinquir. Meses más tarde fueron puestos en libertad. Carrión había protestado junto a su comunidad en Castilla la Nueva, Meta, por la supuesta contaminación del agua que Ecopetrol estaba causando en la zona. Héctor solicitaba mejores condiciones salariales para él y muchos otros empleados de la petrolera Pacific Rubiales. Los dos casos ejemplifican procesos en los que una de las partes, la empresa, resulta financiando a la Fuerza Pública y a la Fiscalía.
Aunque el primer registro que se tiene de estos convenios es de 1996, más de dos décadas después, en 2019 sigue siendo una tarea titánica la de acceder a esta información que debería ser totalmente pública. Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio construyeron una base de datos con 200 de estos convenios de cooperación, bajo el nombre de ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, que está disponible para la libre consulta. La investigación reveló, no sólo que más de 70 empresas del sector minero-energético firman estos acuerdos con el sector público, sino que los montos transados están entre los 22 y los 61.000 millones de pesos.
Aunque queda mucha tela por cortar, las preguntas que surgen son de carácter urgente. Por ejemplo, si los convenios se celebran en pro de la defensa nacional ¿por qué los dineros se están invirtiendo en adquisición de paquetes turísticos y tiquetes aéreos para militares, entre otros? Es el caso de convenio 12-031, firmado entre Ecopetrol y las Fuerzas Militares, y que tuvo vigencia en Arauca, Putumayo y Nariño. Del monto total, más de 1.400 millones de pesos fueron destinados a la compra de pasajes aéreos; otros 470 millones de pesos se destinaron a la adquisición de planes turísticos.
La pita se enreda más cuando estos convenios se celebran entre privados y la Fiscalía. Según los documentos obtenidos, ésta se compromete a adoptar “criterios de priorización de situaciones y casos, procurando una especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa”, es decir, la Fiscalía agiliza los procesos en los que Ecopetrol es la víctima en el caso. La abogada de DDHH Liria Manrique se pregunta “¿cómo no es esto un conflicto de intereses?” La empresa, por una parte, financia el funcionamiento de las estructuras de apoyo EDA de la
Fiscalía, y por el otro, funge como la víctima en procesos judiciales. Cabe preguntarse si estamos ante la privatización de la fuerza y de la justicia en Colombia y cuál es el futuro para los líderes sociales en un panorama como este.
En un clima como el reciente, en el que el Ejército Nacional ha estado en el ojo del huracán por denuncias de corrupción y desvío de dineros, entre otros, la opinión pública no puede dejar de percatarse de los pequeños detalles. En el acta de liquidación del convenio 12-006, con fecha del 31 de marzo de 2017, la minera Touchstone Colombia solicita que se ordene una investigación por el no aporte documental del certificado del ingreso al presupuesto por valor de 20 millones de pesos, que habían sido asignados a la Cuarta Brigada del Ejército, recientemente señalada por la Revista Semana por los “torcidos” que presuntamente ocurren al interior.
En la actualidad, exmiembros de esta unidad militar están vinculados a las investigaciones por los cargos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.
La existencia de convenios de cooperación entre instituciones como la Fiscalía o el Ejército, y empresas petroleras o mineras, es una situación que según varios líderes sociales puede generar un contexto de violación de derechos humanos para ellos y sus comunidades. De esos convenios preocupan dos cosas: la ámplia relación económica entre privados y estatales —especialmente cuando se trata de las instituciones que ejercen la fuerza y la justicia—; y la asimetría jurídica que suponen los pleitos en que una de las partes puede financiar al ente investigador.
Hace pocos meses se dieron a conocer por Rutas del Conflicto los casos de los líderes ambientales y sindicales Gustavo Carrión y Héctor Sánchez, señalados por cargos de terrorismo y concierto para delinquir. Meses más tarde fueron puestos en libertad. Carrión había protestado junto a su comunidad en Castilla la Nueva, Meta, por la supuesta contaminación del agua que Ecopetrol estaba causando en la zona. Héctor solicitaba mejores condiciones salariales para él y muchos otros empleados de la petrolera Pacific Rubiales. Los dos casos ejemplifican procesos en los que una de las partes, la empresa, resulta financiando a la Fuerza Pública y a la Fiscalía.
Aunque el primer registro que se tiene de estos convenios es de 1996, más de dos décadas después, en 2019 sigue siendo una tarea titánica la de acceder a esta información que debería ser totalmente pública. Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio construyeron una base de datos con 200 de estos convenios de cooperación, bajo el nombre de ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, que está disponible para la libre consulta. La investigación reveló, no sólo que más de 70 empresas del sector minero-energético firman estos acuerdos con el sector público, sino que los montos transados están entre los 22 y los 61.000 millones de pesos.
Aunque queda mucha tela por cortar, las preguntas que surgen son de carácter urgente. Por ejemplo, si los convenios se celebran en pro de la defensa nacional ¿por qué los dineros se están invirtiendo en adquisición de paquetes turísticos y tiquetes aéreos para militares, entre otros? Es el caso de convenio 12-031, firmado entre Ecopetrol y las Fuerzas Militares, y que tuvo vigencia en Arauca, Putumayo y Nariño. Del monto total, más de 1.400 millones de pesos fueron destinados a la compra de pasajes aéreos; otros 470 millones de pesos se destinaron a la adquisición de planes turísticos.
La pita se enreda más cuando estos convenios se celebran entre privados y la Fiscalía. Según los documentos obtenidos, ésta se compromete a adoptar “criterios de priorización de situaciones y casos, procurando una especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa”, es decir, la Fiscalía agiliza los procesos en los que Ecopetrol es la víctima en el caso. La abogada de DDHH Liria Manrique se pregunta “¿cómo no es esto un conflicto de intereses?” La empresa, por una parte, financia el funcionamiento de las estructuras de apoyo EDA de la
Fiscalía, y por el otro, funge como la víctima en procesos judiciales. Cabe preguntarse si estamos ante la privatización de la fuerza y de la justicia en Colombia y cuál es el futuro para los líderes sociales en un panorama como este.
En un clima como el reciente, en el que el Ejército Nacional ha estado en el ojo del huracán por denuncias de corrupción y desvío de dineros, entre otros, la opinión pública no puede dejar de percatarse de los pequeños detalles. En el acta de liquidación del convenio 12-006, con fecha del 31 de marzo de 2017, la minera Touchstone Colombia solicita que se ordene una investigación por el no aporte documental del certificado del ingreso al presupuesto por valor de 20 millones de pesos, que habían sido asignados a la Cuarta Brigada del Ejército, recientemente señalada por la Revista Semana por los “torcidos” que presuntamente ocurren al interior.
En la actualidad, exmiembros de esta unidad militar están vinculados a las investigaciones por los cargos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir.