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16 Jul 2022 - 6:24 p. m.

Pandemia, inseguridad y pobreza: lecciones desde las comunidades

Instituto Capaz*

Están equivocados quienes creen que la pandemia del COVID-19 ha sido la preocupación central de las comunidades rurales en Colombia. La inseguridad y el aumento de la pobreza siguen estando a la orden del día. La pandemia ahondó aún más estas situaciones y las comunidades rurales, ante la poca presencia del Estado, una vez más debieron hacer frente. ¿Qué debemos aprender de ellas?

Entre marzo de 2020 y abril de 2021, mientras se intentaba responder institucionalmente para proteger la vida, aumentaban los índices de pobreza, violencia e inseguridad en ciertas regiones. De forma desigual coincidieron, por un lado, la urgencia de responder a la pandemia, desde la perspectiva de provisión de servicios de salud; y, por el otro, la necesidad de satisfacer socioeconómicamente a la población, en particular aquella permanentemente marginada.

Pero, ¿qué hicieron las comunidades rurales? Como estrategia de autoprotección, decidieron implementar una serie de medidas para contener el COVID-19 y afrontar sus múltiples consecuencias. Vale la pena poner sobre la mesa los primeros resultados y hallazgos parciales de la investigación que desarrollan en tres territorios PDET y el Sumapaz las universidades del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Leipzig, Alemania, para tratar de entender los efectos de la pandemia en comunidades rurales de Colombia y sus respuestas para afrontarlos. De estas medidas poco se ha hablado, pero el país, el Estado y el gobierno entrante tienen mucho que aprender de estas apuestas comunitarias en el contexto de la pandemia.

La pandemia no es la causa de las condiciones precarias del sistema de salud o de la violencia en la ruralidad. Estos son resultado de años de abandono en ciertos territorios del país. Un ejemplo lo da el Plan Nacional de Salud Rural, sobre el acceso desfavorable a la salud de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas en cuyos territorios hay, en promedio, 36 profesionales de la salud por cada 10 mil habitantes, mientras que en las zonas urbanas hay 109. Un indicador importante y no muy tenido en cuenta son los medios de transporte que permitan el acceso a centros de salud. Según el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional, para 2016 solo el 6% de las vías terciarias estaba pavimentado y solo el 25% del total se encontraba en buen estado. Esto ya se había diagnosticado en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET y las iniciativas consignadas en estos por las comunidades rurales apuntaban a su solución. Sin embargo, el ritmo de implementación de estas medidas ha sido cuando menos insuficiente, como la misma pandemia demostró.

(Lea: Contener la palabra)

Durante los primeros meses de la pandemia, el gobierno nacional fortaleció los sistemas de salud en zonas rurales, equipando hospitales como el de Fusagasugá, Santander de Quilichao, Florencia o Buenaventura. De 71 municipios con camas UCI, se pasó a más de 107. Asimismo, crecieron las inversiones en las zonas PDET, tanto para proyectos productivos como para los sistemas de salud; y se implementó el “Ingreso Solidario”, un subsidio de transferencias monetarias de 190 mil pesos mensuales. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para contener los efectos sociales y económicos de la pandemia: el impacto a la salud mental, el deterioro en la atención médica a otras enfermedades, el aumento de la pobreza y la violencia afectaron a muchas zonas rurales en el norte del Cauca, el Pacífico o el Caquetá.

De ahí que estrategias para evitar la llegada del virus y mitigar sus impactos estuvieran en buena parte en manos de las comunidades. En Cabrera, municipio del Sumapaz, localidad rural de Bogotá; en La Montañita, Caquetá; o en Consejos Comunitarios como Cisneros, Alto y Medio Dagua o Chucheros en Buenaventura, las comunidades designaron grupos pequeños para recoger productos agrícolas, venderlos en la ciudad y traer remesas y mercados a la zona rural. De esta forma se garantizó que la gente local tuviera menos contactos en las grandes ciudades, y reducir así las posibilidades de contagio. A esta estrategia se sumó la coordinación local para definir el bloqueo al acceso a los territorios de personas no habitantes de la comunidad y cuarentenas para quienes debían ir a las ciudades.

En Toribío, Cauca, los tres cabildos indígenas del municipio coordinaron la implementación de medidas similares. Médicos tradicionales aplicaban alcohol, jabón antibacterial, sahumerios, baños con aguas de yerbas medicinales, entre otras formas tradicionales, para desinfectar los mercados que entraban y las personas que cumplían estas tareas. Estas medidas fueron determinantes para garantizar que, en el municipio, solo hasta junio de 2020 se presentara el primer caso de COVID-19 y que en octubre del mismo año llegaran solo a 15 casos por mes.

Muchas familias rurales fortalecieron la producción de alimentos para el autoconsumo, ante las restricciones de movilidad y el encarecimiento en los mercados urbanos. En Toribío, algunas familias habían descuidado la chagra (huerta) familiar y los cabildos indígenas incentivaron el aumento de los cultivos, caso similar se vio en municipios del Sumapaz como Pandi y Venecia, o en Consejos Comunitarios de Buenaventura. En este último, la afectación del turismo llevó a que muchas familias se dedicaran a la agricultura para autoconsumo, trueque y pequeños mercados internos entre vecinos. Las economías familiares se fortalecieron con la agricultura gracias al retorno de personas que habían migrado a las ciudades. Ante el aumento de la desocupación en los centros urbanos y la profundización de la pobreza como efecto de la pandemia, la ruralidad se convirtió en un refugio.

(Vea también: Drogas y verdades: ¿Qué sigue después del Informe?)

Si no fuera por la solidaridad de las zonas rurales, el hambre en las ciudades hubiera podido ser peor. En las ciudades principales de las cuatro regiones mencionadas se identificó una afectación profunda de la seguridad alimentaria. Las comunidades en Sumapaz, el norte del Cauca, Buenaventura y el piedemonte caqueteño respondieron con el envío solidario de alimentos a Bogotá, Popayán, Cali y Florencia, respectivamente. La amplia generosidad ha sido uno de los hallazgos más significativos en lo que va de la investigación y, en este aspecto, han sido fundamentales las organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas y de firmantes de la paz, como en Icononzo o La Montañita. En resguardos, veredas, consejos comunitarios o desde las relaciones entre vecinos se generaron o resurgieron redes de comercio, intercambio y cuidado, y fueron coordinadas medidas de contención de la pandemia. Incluso con el envío de alimentos del campo a zonas de ciudades afectadas por el hambre.

Para cumplir su promesa de implementación del Acuerdo Final, el nuevo gobierno de Colombia debe aprender de estas acciones comunitarias que se evidenciaron en la pandemia, fortalecer la ruralidad y el desarrollo territorial. Las redes de solidaridad, el comercio de alimentos y los aprendizajes positivos en este sentido deben ser el punto de partida para los programas de la Reforma Rural Integral. De igual manera, deben ser tenidos en cuenta procesos organizativos como las guardias indígenas y cimarronas, las organizaciones y asociaciones campesinas, para pensar alternativas que permitan la superación de la violencia en las zonas en las que persiste. La dimensión de los aportes al fortalecimiento del sistema de salud desde la ruralidad va más allá y seguramente es aplicable a otros lugares del mundo: los estados y gobiernos deben aprender de las formas de afrontamiento y resiliencia de las comunidades.

Esta columna hace parte del proyecto sobre democracia de la educación y la ciencia del Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ.

*Laura Camila Barrios Sabogal. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, directora de la Maestría en Conflicto, Memoria y Paz de la Universidad del Rosario. laurac.barrios@urosario.edu.co Twitter: LauraC_Barrios

*Pablo Ramos Barón. Ecólogo y Profesor Asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. P.ramos@javeriana.edu.co Twitter institucional: Facultad de Estudios Ambientales y Rurales PUJ

*Solveig Richter. Profesora de Relaciones Internacionales y Política Transnacional de la Universidad de Leipzig, Alemania, miembro asociado del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ). Solveig.richter@uni-leipzig.de Twitter: SolveigRichter

*Leonardo Salcedo. Antropólogo. Investigador de la Universidad de Leipzig, Alemania. Leonardo.salcedo@uni-leipzig.de Twitter: @leonardosalce12

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