La aguja abre el primer hueco en el labio. El paso del metal duele menos que el hilo grueso que atraviesa la carne. Al lado las cicatrices de huelgas pasadas. Al frente un ritual similar, sin dolor físico, sin nada que perder. Empieza la huelga de hambre. Una batalla con tanta dignidad como rabia. Otro incumplimiento, el más grave, el que sabe a perfidia.
"¿Para que firmamos un acuerdo de paz si ni siquiera tenemos nuestra libertad?”, exclama un guerrillero que debió haber sido amnistiado hace seis meses.
El desdén se apodera de los prisioneros. No creen en nada de lo que dice el gobierno. Su promesa, una de las más importantes de cualquier acuerdo de paz ha sido sistemáticamente incumplida. Siguen detrás de las rejas, dentro de la catedral de la muerte que es la cárcel. En el peor de los infiernos en el que puede vivir un prisionero: el de la esperanza dosificada y efímera de que saldrá libre, con 6 meses de desalientos noticiosos en la espalda.
Las cifras son elocuentes. Al día de hoy se encuentran 1.568 guerrilleros en desobediencia, entre ellos 50 mujeres. 1.323 personas continúan en huelga de hambre, y del total de prisioneros solo han sido liberadas 22 personas entre amnistías e indultos desde el inicio de la jornada de protesta. Las FARC entregaron desde el año pasado un listado con más de 3.400 personas reconocidas por la insurgencia.
Pese a que la Ley de Amnistía, aprobada el 20 de diciembre de 2016, y el decreto 277, del mes de febrero del presente año, estipularon los mecanismos mediante los cuales los integrantes de las FARC-EP obtienen amnistías e indultos, al día de hoy 2.294 personas continúan privadas de la libertad.
El acuerdo era preciso: aquellas personas que se encontraban privadas de su libertad por acusaciones vinculadas al delito político debían ser amnistiadas inmediatamente -amnistía de IURE-, hace 6 más de meses. Quienes no contaran con este beneficio debían ser trasladados a las Zonas Veredales para ser incluidas en el proceso de reincorporación, a disposición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Nada de esto ha sucedido con eficacia, mediante trabas y obstáculos de todo tipo. Algunos funcionarios judiciales han entorpecido el procedimiento.
En la historia de Colombia, han existido alrededor de 53 amnistías. Un país de violencia política. Pese a que estamos cerrando uno de los conflictos políticos, sociales y armados más difíciles, esta ha sido la amnistía con mayores incumplimientos en la historia de los acuerdos de paz en Colombia. A finales de los 80s y principios de los 90s, a las guerrillas del M-19, EPL y la CRS, les fue otorgada una amnistía general. Para esto, el Presidente de la República se valió en varios casos de decretos de Estado de excepción para sacarlos adelante.
La amnistía hace parte de un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición que empieza por edificar una sólida confianza en la Justicia Especial de Paz que se basa en poner la verdad y las victimas en el centro. Reconstruir un relato del perdón y la reconciliación en esta Colombia maltrecha por la guerra. No hay nada que atente más contra una paz estable y duradera que la incertidumbre. Esa es la más grave consecuencia del incumplimiento frente a las amnistías.
Hace unos días, visitamos a las prisioneras en la cárcel el Buen Pastor. El reencuentro con otros compañeros y compañeras las llenó de lágrimas y esperanza. Con la dignidad en alto esperan el momento de salir en libertad para sumarse con todo el ímpetu a la construcción de la paz. Una paz sin barrotes ni palabras manchadas. Una nueva oportunidad para luchar por la democracia y honrar la vida.
No hay ninguna duda, en esta Colombia que está entrando en el tiempo más fecundo para construir la reconciliación y eliminar los rencores del alma nacional, la paz significa libertad.
La aguja abre el primer hueco en el labio. El paso del metal duele menos que el hilo grueso que atraviesa la carne. Al lado las cicatrices de huelgas pasadas. Al frente un ritual similar, sin dolor físico, sin nada que perder. Empieza la huelga de hambre. Una batalla con tanta dignidad como rabia. Otro incumplimiento, el más grave, el que sabe a perfidia.
"¿Para que firmamos un acuerdo de paz si ni siquiera tenemos nuestra libertad?”, exclama un guerrillero que debió haber sido amnistiado hace seis meses.
El desdén se apodera de los prisioneros. No creen en nada de lo que dice el gobierno. Su promesa, una de las más importantes de cualquier acuerdo de paz ha sido sistemáticamente incumplida. Siguen detrás de las rejas, dentro de la catedral de la muerte que es la cárcel. En el peor de los infiernos en el que puede vivir un prisionero: el de la esperanza dosificada y efímera de que saldrá libre, con 6 meses de desalientos noticiosos en la espalda.
Las cifras son elocuentes. Al día de hoy se encuentran 1.568 guerrilleros en desobediencia, entre ellos 50 mujeres. 1.323 personas continúan en huelga de hambre, y del total de prisioneros solo han sido liberadas 22 personas entre amnistías e indultos desde el inicio de la jornada de protesta. Las FARC entregaron desde el año pasado un listado con más de 3.400 personas reconocidas por la insurgencia.
Pese a que la Ley de Amnistía, aprobada el 20 de diciembre de 2016, y el decreto 277, del mes de febrero del presente año, estipularon los mecanismos mediante los cuales los integrantes de las FARC-EP obtienen amnistías e indultos, al día de hoy 2.294 personas continúan privadas de la libertad.
El acuerdo era preciso: aquellas personas que se encontraban privadas de su libertad por acusaciones vinculadas al delito político debían ser amnistiadas inmediatamente -amnistía de IURE-, hace 6 más de meses. Quienes no contaran con este beneficio debían ser trasladados a las Zonas Veredales para ser incluidas en el proceso de reincorporación, a disposición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Nada de esto ha sucedido con eficacia, mediante trabas y obstáculos de todo tipo. Algunos funcionarios judiciales han entorpecido el procedimiento.
En la historia de Colombia, han existido alrededor de 53 amnistías. Un país de violencia política. Pese a que estamos cerrando uno de los conflictos políticos, sociales y armados más difíciles, esta ha sido la amnistía con mayores incumplimientos en la historia de los acuerdos de paz en Colombia. A finales de los 80s y principios de los 90s, a las guerrillas del M-19, EPL y la CRS, les fue otorgada una amnistía general. Para esto, el Presidente de la República se valió en varios casos de decretos de Estado de excepción para sacarlos adelante.
La amnistía hace parte de un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición que empieza por edificar una sólida confianza en la Justicia Especial de Paz que se basa en poner la verdad y las victimas en el centro. Reconstruir un relato del perdón y la reconciliación en esta Colombia maltrecha por la guerra. No hay nada que atente más contra una paz estable y duradera que la incertidumbre. Esa es la más grave consecuencia del incumplimiento frente a las amnistías.
Hace unos días, visitamos a las prisioneras en la cárcel el Buen Pastor. El reencuentro con otros compañeros y compañeras las llenó de lágrimas y esperanza. Con la dignidad en alto esperan el momento de salir en libertad para sumarse con todo el ímpetu a la construcción de la paz. Una paz sin barrotes ni palabras manchadas. Una nueva oportunidad para luchar por la democracia y honrar la vida.
No hay ninguna duda, en esta Colombia que está entrando en el tiempo más fecundo para construir la reconciliación y eliminar los rencores del alma nacional, la paz significa libertad.