Paz: Sumatoria de todas las verdades

La Verdad como valor y como derecho se instituye como uno de los pilares fundamentales de toda sociedad que aspira a pasar la página del conflicto y sentar las bases hacia nuevos horizontes de paz y reconciliación. Esta es, quizás, una de las mayores aspiraciones del Acuerdo de Paz de La Habana, superar el manto de impunidad que cobijó a miles de crímenes por décadas enteras. Es una oportunidad sin precedente alguno en la historia del país y quizás del mundo, gracias al punto quinto del Acuerdo Final de Paz, la sociedad colombiana ha escuchado la voz de miles de testimonios sobre secuestros, la crueldad de los llamados “falsos positivos”, el horror vivido en la retoma del palacio de Justicia, la historia de miles de desaparecidos y la política que generó el genocidio político contra la Unión Patriótica que impidió la posibilidad de Paz desde los años 80′.

Con todos estos avances, aún está ausente esa otra verdad por años negada por la justicia ordinaria y el marco legal para las víctimas. José Ariel era hermano de Alfonso López Méndez, conocido en las FARC-EP como Efrén Arboleda, comandante del Frente 27 (Bloque Oriental); José vivía desde el año 1997 en la vereda " El encanto” de Vista Hermosa, Meta, y no tenía ninguna relación orgánica con la organización guerrillera, en 2005 mientras transitaba por el sitio conocido como “Herradura” fue detenido por una patrulla del ejército, quienes lo hicieron descender del vehículo, lo asesinaron y posteriormente enterraron; los habitantes del sector narraron horrorizados todas las torturas y vejámenes recibidos por José antes de su asesinato; su único delito fue ser hermano de un comandante guerrillero.

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Este es apenas uno de los miles de relatos ocultos por años en la trágica y dolorosa historia de este país, por esa razón y atendiendo a los procedimientos de la JEP, miles de firmantes del Acuerdo de las extintas FARC-EP decidieron en marzo del año pasado radicar un voluminoso informe bajo el título “Colombia, Estado contrainsurgente. Crímenes de guerra y de Lesa Humanidad en el marco del conflicto armado interno” que narra esos episodios no contados que tuvieron que sufrir familiares de guerrilleros e incluso militantes de esa extinta guerrilla en el marco del conflicto colombiano. Curiosamente la mayoría de los relatos no reclaman una reparación económica, todos coinciden que su máxima aspiración es a ser reconocidos, dignificados como víctimas y que se conozca toda la verdad.

Muchos sectores políticos y económicos del país pueden sonrojarse e incluso les despierta enojo el solo hecho de pensar que un exguerrillero sea considerado como víctima, y es que precisamente esas expresiones de odio fueron el sustento para mantener la doctrina del “enemigo interno” que deshumaniza y estigmatiza todo asomo de oposición política. Fue a partir de esa doctrina que los crímenes por consanguinidad, el desplazamiento, la amenaza, la tortura, la pena de muerte y las infracciones al DIH se convirtieron en legitimas en este país.

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Hoy la JEP tiene en sus manos el gran reto de escuchar y darle preponderancia a todas las verdades. El compromiso ético y político de los firmantes del Acuerdo Final de Paz ha quedado demostrado en los cientos de versiones individuales y colectivas en 7 de los 10 casos abiertos por la Sala de Reconocimiento que involucran a los y las comparecientes FARC, sin duda alguna ellos son más del 80% de la actividad judicial de la jurisdicción, pero es válido recordar que la JEP no se creó como tribunal penal para juzgar solamente a las extinta guerrilla, el Acuerdo es claro en indicar que las responsabilidades también están del lado del Estado que desde altos funcionarios armados, no armados y terceros, auspiciaron la guerra u ordenaron la comisión de graves crímenes.

Ya es hora de superar la indignación selectiva y dar apertura al macrocaso contra el Estado colombiano. Las víctimas y la verdad lo reclaman.