La discusión sobre la paz en Colombia no debería reducirse a negociar o combatir

Al gobierno de Gustavo Petro le queda poco tiempo. Esa constatación, tan obvia como incómoda, empieza a ordenar buena parte de la discusión pública sobre la paz. Para algunos, el cierre del mandato debería significar también el cierre de los procesos abiertos con actores armados. Para otros, la salida consiste en defenderlo todo bajo el mismo nombre, como si bastara invocar la Paz Total para resolver sus límites. Ninguna de las dos posiciones le sirve al país.

Colombia necesita una conversación más serena y exigente. No se trata de prolongar acríticamente una política de gobierno, ni de desmontar de un tajo todo lo que se ha intentado. Se trata de aceptar que, en muchos territorios, la paz no llegará como un gran acuerdo nacional, solemne y definitivo, sino como un conjunto de paces pequeñas, verificables, situadas y rodeadas por las comunidades que padecen la violencia.

El problema persiste porque los grupos armados no se han debilitado al ritmo que el país necesita. Según la Fundación Ideas para la Paz, a diciembre de 2025 las estructuras armadas ilegales sumaban más de 27.000 integrantes, con un crecimiento del 23,5 % frente al año anterior, y el Clan del Golfo o EGC lideraba ese aumento. El mismo informe advierte que 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década. Sin embargo, no hay que olvidar que en los gobiernos anteriores también se fortalecieron y atomizaron estos grupos. Esa evidencia obliga a la conclusión de que ni la acción militar por sí sola ni negociación mal diseñada han logrado frenar la recomposición de estas estructuras.

Por eso, la discusión no debería formularse como una elección simple entre negociar o combatir. La pregunta de fondo es cómo se reducen las violencias, se protegen las comunidades, se desmontan economías ilegales y se recupera la autoridad democrática en territorios donde el Estado llega tarde, llega fragmentado o llega sin capacidad de permanecer.

El marco jurídico vigente reconoce que la paz debe ser una política de Estado y vincular a las autoridades de distintos niveles. La Ley 2272 de 2022 establece la participación de la sociedad civil en las regiones de paz, la centralidad de las víctimas, la participación efectiva de las mujeres y los enfoques étnico, territorial, ambiental, religioso, de género y diferencial. Allí hay una pista clave: los procesos no pueden quedarse encerrados en el diálogo entre delegados del Gobierno y voceros de estructuras armadas. Necesitan sociedad civil, víctimas, autoridades locales, iglesias, academia, organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y mecanismos de verificación.

En el Caribe colombiano hemos visto dos aprendizajes relevantes. El primero ocurre en el Espacio de Conversación Sociojurídico con el EGC. Se trata de un proceso de impacto nacional, porque involucra a una de las estructuras armadas con mayor capacidad territorial del país. La FIP ha señalado que el EGC cuenta con cerca de 10.000 integrantes, influencia en aproximadamente 300 municipios y participación en economías como narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Negar ese poder no lo reduce y conversar con esa estructura tampoco puede significar legitimarla. El reto consiste en construir una ruta que lleve a la disminución comprobable de violencias, al desmonte de rentas criminales, a la entrega de armas, a la verdad, a la reparación de las víctimas y a la recuperación del Estado social de derecho en los territorios.

El logro del proceso con el EGC ha sido abrir una discusión que el país suele evadir por incomodidad moral ¿Qué hacer con actores armados cuya motivación principal no es insurgente, pero cuya capacidad de regulación territorial es profundamente política en la vida cotidiana de las comunidades? Su bondad está en reconocer que el sometimiento o desmantelamiento de estas estructuras no puede reducirse a capturas aisladas. Su principal reto está en evitar que el diálogo se vuelva una zona gris, sin reglas públicas, sin indicadores, sin justicia y sin participación real de quienes han sido victimizados.

El segundo aprendizaje viene de Barranquilla. Allí la paz urbana ha permitido discutir una dimensión que Colombia suele mirar de manera tardía y son las violencias de ciudad. Extorsión, homicidio selectivo, control barrial, disputas por rentas, fronteras invisibles, uso de jóvenes, miedo cotidiano y gobernanzas criminales no son asuntos menores. Son formas concretas de agencia de la violencia dentro de la vida democrática. La paz urbana, en ese sentido, no puede confundirse con una tregua entre bandas. Una tregua puede reducir temporalmente los homicidios, pero si permanecen la extorsión, el control social y el reclutamiento, lo que aparece no es paz ciudadana, sino administración criminal del daño.

En Barranquilla el logro ha sido poner la paz urbana en conversación pública, con participación de sociedad civil, instituciones, academia y actores territoriales. Su bondad consiste en mostrar que las ciudades también necesitan metodologías para la paz, y no únicamente consejos de seguridad. Su reto es pasar de la deliberación a la ejecución. El diseño de una línea base, indicadores, seguimiento periódico, análisis criminológico, protección de víctimas, compromisos verificables y participación comunitaria sostenida.

La prensa nacional y algunos académicos han señalado justamente que la paz urbana llega al final del gobierno con dificultades, entre ellas la falta de acuerdos duraderos, marcos jurídicos y verificación suficiente. Esa crítica debe ser tomada en serio, porque confirma que el problema no es hablar de paz urbana, sino hablar sin arquitectura suficiente.

Hay en el debate dos ideas que pueden ser cruciales. Desclandestinizar y desgobernalizar el diálogo. Desclandestinizar no significa transmitir una negociación en vivo ni convertir a las víctimas en espectáculo. Significa abrir una deliberación pública responsable, con pedagogía, reglas de información, protección de identidades, devolución de avances y mecanismos de seguimiento social. La clandestinidad absoluta alimenta rumores, sospechas y sabotajes. La exposición irresponsable pone en riesgo a las comunidades. Entre esos dos extremos debe construirse una transparencia cuidadosa.

Desgobernalizar tampoco significa quitarle responsabilidad al Estado. Significa impedir que los procesos dependan del ánimo, la popularidad o la duración de un gobierno. Un diálogo serio debe quedar anclado en instituciones, planes territoriales, presupuestos, consejos de paz, sistemas de monitoreo, participación de víctimas y capacidades locales. Si todo depende de la voluntad del gobierno de turno, cada elección presidencial se convierte en una amenaza de reversa. Si el proceso queda rodeado por la sociedad civil, las víctimas y los territorios, abandonarlo tendrá un costo político y moral más alto.

Ese es el punto central. La paz no se legitima solo porque el Gobierno la anuncie. Se legitima cuando las comunidades pueden constatar que disminuye la violencia, que se protege a los liderazgos, que las víctimas son escuchadas, que los jóvenes tienen alternativas, que la extorsión cede, que las instituciones responden y que los compromisos se miden. Sin sociedad civil y sin víctimas, los procesos quedan atrapados en el lenguaje de las partes armadas. Con sociedad civil y víctimas, los procesos empiezan a rendir cuentas ante quienes realmente importan.

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A pocos meses del final del gobierno Petro, la pregunta no debería ser si se salva o se sepulta la Paz Total. La pregunta debería ser qué paces territoriales merecen continuidad, cuáles deben corregirse, cuáles requieren cierre y cuáles necesitan pasar de la retórica a la verificación. El próximo gobierno tendrá derecho a revisar, ajustar y rediseñar. Lo que no debería tener es licencia para destruir aprendizajes territoriales por cálculo electoral.

Colombia no necesita una paz grandilocuente que prometa resolverlo todo. Necesita paces pequeñas que reduzcan daños reales, con víctimas en el centro, con sociedad civil alrededor, que no dependan de un presidente, que puedan ser medidas, discutidas, corregidas y defendidas por las comunidades.

Al presidente Petro se le acaba el gobierno. A los territorios no se les acaba la violencia. Por eso, si algo debiera quedar de este ciclo no es una consigna, sino una lección. La paz que no se desclandestiniza se llena de sinsabores, la paz que no se desgobernaliza se disipa con la salida del gobierno, y la paz que no se rodea de víctimas y sociedad civil termina en una retórica vacía.

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