El conflicto urbano y sus complejidades, ¿un reto para la ‘paz total’?

En Bogotá, en lo que va del año, según las cifras emitidas por la Policía Nacional, hay reportes de 22 cuerpos desmembrados y embolsados. Las primeras hipótesis apuntan a acciones conexas de grupos ilegales transnacionales para fortalecer las rentas ilícitas, mayormente provenientes de Venezuela y México. La protesta de un concejal de la ciudad, quien macabramente llevó unas bolsas negras al recinto del cabildo, generó estupor y zozobra.

De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Barranquilla suma cuatro masacres en menos de cuatro meses (la más sonada en donde murieron 6 personas, 2 de ellas víctimas inocentes). Además, dos paros de transportadores en el último año por las afectaciones ligadas al masivo fenómeno de la extorsión. El patrón de la sevicia de los actores es igual que en Bogotá: el pasado 5 de junio del presente año se hallaron partes de un cuerpo humano en tres barrios de la ciudad.

En Cali, de acuerdo con el informe realizado por Futuros Urbanos, la cifra de asesinatos está en aumento (54 homicidios por cada 100.000 habitantes). La capital del Valle es la ciudad de Colombia con mayores niveles de violencia. Durante el 2022 se han presentado 428 homicidios. Hay que tener en cuenta las acciones delictivas del negocio del narcotráfico, que tienen relación bidireccional con los grupos emergentes de Buenaventura, los cuales marcan una ruta de terror con relación a las denominadas “casas de pique”.

La paz se ha convertido en una de las principales banderas del Gobierno Nacional. Esta se concibe como un espacio para la construcción, a través del diálogo, de un nuevo pacto social por la disminución de la violencia en los territorios. Para ello, se han priorizado 48 puntos geográficos del país para el desarrollo de encuentros regionales vinculantes que le darían piso social a la estrategia; una agenda de contactos y la concertación con diferentes actores del conflicto que van desde actores políticos hasta grupos delincuenciales armados.

Para esta tarea se presentó en el Congreso de la República la reforma a la ley 418, que busca darle al gobierno herramientas jurídicas para adelantar conversaciones con organizaciones alzadas en armas: las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pachelly, la Oficina, los Shotas, los Pachencas, los Costeños, los Rastrojos Costeños y los Espartanos, entre otros.

Esta es una ambiciosa apuesta que ha generado un gran debate nacional dada la disímil procedencia de los actores con los que se busca la Paz, la diversidad geográfica de los territorios escogidos, y la conexión con el anterior proceso de paz; sus principales negociadores: Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y el mismo expresidente Santos han mostrado sus reservas sobre esta idea.

En medio de este acalorado debate y de esta compleja realidad, viene aumentando la crisis del conflicto en las ciudades. Una galopante escalada que crece con las cifras del incremento de acciones, pero, además, con el alto impacto de la violencia. Cuerpos desmembrados, sicariato, masacres… han acaparado los reflectores de la ciudadanía y autoridades.

¿Podrá la ‘paz total’ disminuir en el corto y mediano plazo esta compleja situación en las ciudades colombianas en donde reside gran parte de la población del país?

La primera dificultad es la diversidad del conflicto armado. Hay diferencias sustanciales en la evolución de la conflictividad en las diferentes ciudades, que pone un gran reto en la posibilidad de negociación con las estructuras delictivas.

Como lo señalan los académicos Trejos, Badillo y Corredor, en algunos casos las violencias urbanas vienen heredadas del conflicto rural, donde los actores del conflicto establecieron fuertes lazos con estructuras criminales urbanas, ¿en este caso el desmonte de la violencia puede ser más rápido? Es probable, pero ¿qué ocurre cuando estas estructuras tienen vuelo propio y actúan de manera desarticulada?

Esto parece estar ocurriendo con la encarnizada batalla por el tráfico de drogas y la extorsión en ciudades como Barranquilla y Cartagena. Se trata de la independencia de los pequeños -en otrora outsourcings para operación de negocios- de las más fuertes organizaciones como el Clan del Golfo (Trejos). ¿Se puede negociar con Los Caparros, pero se podrá hacer lo mismo con los Papalópez, una pequeña banda local de Barranquilla?

El segundo reto es lo lucrativo de los negocios y el rezago social en zonas vulnerables de las ciudades que se convierten en el campo por excelencia del reclutamiento y mano de obra de las organizaciones criminales. Aunque, garantizar bienes públicos puede disminuir la capacidad de los agentes violentos, ¿cuántas décadas deben pasar para consolidar la reincorporación social de densas capas de la población olvidadas por años?

Finalmente, los territorios y condiciones institucionales que han consolidado las bandas delictivas en los territorios serán difíciles de desarticular. Aunque haya un desmonte armado, sin el cambio del sendero institucional, de corrupción, transacciones con políticos y complicidad ciudadana, va a ser muy difícil desarraigar la violencia en las ciudades.

La búsqueda del cese de la violencia en el país parece una tarea que va a implicar varias décadas. Los componentes de los anuncios del gobierno sobre la ‘paz total’, en la dirección de abrir el diálogo y garantizar derechos sociales en el territorio, parecen estar dirigidos a unos territorios y grupos determinados. Sin embargo, surgen las incógnitas de si ese enfoque es suficiente para atacar fenómenos de violencias crecientes en los principales centros urbanos.

Combatir esa creciente complejidad requerirá de una nueva institucionalidad y una adaptación de las estrategias y formas para el abordaje de nuevas problemáticas. Las organizaciones transnacionales del delito están dispuestas a establecer redes que operan de formas cada vez menos visibles y en pequeñas escalas. Una muestra es el asesinato del fiscal paraguayo en Cartagena. ¿Se podrá negociar con agentes internacionales delictivos? ¿Está la ‘paz total’ contemplando esa nueva realidad urbana?

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).

En Bogotá, en lo que va del año, según las cifras emitidas por la Policía Nacional, hay reportes de 22 cuerpos desmembrados y embolsados. Las primeras hipótesis apuntan a acciones conexas de grupos ilegales transnacionales para fortalecer las rentas ilícitas, mayormente provenientes de Venezuela y México. La protesta de un concejal de la ciudad, quien macabramente llevó unas bolsas negras al recinto del cabildo, generó estupor y zozobra.

De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Barranquilla suma cuatro masacres en menos de cuatro meses (la más sonada en donde murieron 6 personas, 2 de ellas víctimas inocentes). Además, dos paros de transportadores en el último año por las afectaciones ligadas al masivo fenómeno de la extorsión. El patrón de la sevicia de los actores es igual que en Bogotá: el pasado 5 de junio del presente año se hallaron partes de un cuerpo humano en tres barrios de la ciudad.

En Cali, de acuerdo con el informe realizado por Futuros Urbanos, la cifra de asesinatos está en aumento (54 homicidios por cada 100.000 habitantes). La capital del Valle es la ciudad de Colombia con mayores niveles de violencia. Durante el 2022 se han presentado 428 homicidios. Hay que tener en cuenta las acciones delictivas del negocio del narcotráfico, que tienen relación bidireccional con los grupos emergentes de Buenaventura, los cuales marcan una ruta de terror con relación a las denominadas “casas de pique”.

La paz se ha convertido en una de las principales banderas del Gobierno Nacional. Esta se concibe como un espacio para la construcción, a través del diálogo, de un nuevo pacto social por la disminución de la violencia en los territorios. Para ello, se han priorizado 48 puntos geográficos del país para el desarrollo de encuentros regionales vinculantes que le darían piso social a la estrategia; una agenda de contactos y la concertación con diferentes actores del conflicto que van desde actores políticos hasta grupos delincuenciales armados.

Para esta tarea se presentó en el Congreso de la República la reforma a la ley 418, que busca darle al gobierno herramientas jurídicas para adelantar conversaciones con organizaciones alzadas en armas: las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pachelly, la Oficina, los Shotas, los Pachencas, los Costeños, los Rastrojos Costeños y los Espartanos, entre otros.

Esta es una ambiciosa apuesta que ha generado un gran debate nacional dada la disímil procedencia de los actores con los que se busca la Paz, la diversidad geográfica de los territorios escogidos, y la conexión con el anterior proceso de paz; sus principales negociadores: Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y el mismo expresidente Santos han mostrado sus reservas sobre esta idea.

En medio de este acalorado debate y de esta compleja realidad, viene aumentando la crisis del conflicto en las ciudades. Una galopante escalada que crece con las cifras del incremento de acciones, pero, además, con el alto impacto de la violencia. Cuerpos desmembrados, sicariato, masacres… han acaparado los reflectores de la ciudadanía y autoridades.

¿Podrá la ‘paz total’ disminuir en el corto y mediano plazo esta compleja situación en las ciudades colombianas en donde reside gran parte de la población del país?

La primera dificultad es la diversidad del conflicto armado. Hay diferencias sustanciales en la evolución de la conflictividad en las diferentes ciudades, que pone un gran reto en la posibilidad de negociación con las estructuras delictivas.

Como lo señalan los académicos Trejos, Badillo y Corredor, en algunos casos las violencias urbanas vienen heredadas del conflicto rural, donde los actores del conflicto establecieron fuertes lazos con estructuras criminales urbanas, ¿en este caso el desmonte de la violencia puede ser más rápido? Es probable, pero ¿qué ocurre cuando estas estructuras tienen vuelo propio y actúan de manera desarticulada?

Esto parece estar ocurriendo con la encarnizada batalla por el tráfico de drogas y la extorsión en ciudades como Barranquilla y Cartagena. Se trata de la independencia de los pequeños -en otrora outsourcings para operación de negocios- de las más fuertes organizaciones como el Clan del Golfo (Trejos). ¿Se puede negociar con Los Caparros, pero se podrá hacer lo mismo con los Papalópez, una pequeña banda local de Barranquilla?

El segundo reto es lo lucrativo de los negocios y el rezago social en zonas vulnerables de las ciudades que se convierten en el campo por excelencia del reclutamiento y mano de obra de las organizaciones criminales. Aunque, garantizar bienes públicos puede disminuir la capacidad de los agentes violentos, ¿cuántas décadas deben pasar para consolidar la reincorporación social de densas capas de la población olvidadas por años?

Finalmente, los territorios y condiciones institucionales que han consolidado las bandas delictivas en los territorios serán difíciles de desarticular. Aunque haya un desmonte armado, sin el cambio del sendero institucional, de corrupción, transacciones con políticos y complicidad ciudadana, va a ser muy difícil desarraigar la violencia en las ciudades.

La búsqueda del cese de la violencia en el país parece una tarea que va a implicar varias décadas. Los componentes de los anuncios del gobierno sobre la ‘paz total’, en la dirección de abrir el diálogo y garantizar derechos sociales en el territorio, parecen estar dirigidos a unos territorios y grupos determinados. Sin embargo, surgen las incógnitas de si ese enfoque es suficiente para atacar fenómenos de violencias crecientes en los principales centros urbanos.

Combatir esa creciente complejidad requerirá de una nueva institucionalidad y una adaptación de las estrategias y formas para el abordaje de nuevas problemáticas. Las organizaciones transnacionales del delito están dispuestas a establecer redes que operan de formas cada vez menos visibles y en pequeñas escalas. Una muestra es el asesinato del fiscal paraguayo en Cartagena. ¿Se podrá negociar con agentes internacionales delictivos? ¿Está la ‘paz total’ contemplando esa nueva realidad urbana?

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).