Petro no mató a Miguel Uribe

A Miguel Uribe lo asesinaron. Sus asesinos deben responder ante la justicia, y ojalá este sea el primer magnicidio en Colombia que no quede en la impunidad. Eso sí que sería histórico. Pero la izquierda democrática, que hoy está en el gobierno, no mató a Miguel Uribe. No existe un solo indicio —ni mucho menos una prueba— que permita siquiera intuirlo.

Responsabilidad tiene el gobierno nacional, como la han tenido todos los gobiernos de turno cuando han ocurrido magnicidios.

Por supuesto que hay dudas —en este y en gobiernos pasados— sobre la protección efectiva de las personas, especialmente de quienes ejercen liderazgo político en la oposición. Pero es completamente falso, incendiario e irresponsable el discurso que el Centro Democrático está promoviendo, movido por un dolor que —faltaba más— muchos respetamos, y por una indignación que también compartimos.

A diferencia de las palabras de Álvaro Uribe, leídas por Gabriel Vallejo, en este caso ninguno de los grupos políticos formales y formados en Colombia ha cometido la vileza de justificar el asesinato. El propio Álvaro Uribe sí lo hizo —y no una sola vez— con la Unión Patriótica, y con los jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Otro tanto. De ese lado de la narrativa no hay posibilidad de bajar el tono.

Pero, además, ese discurso nos aleja de un punto fundamental que, a mi juicio, podría unirnos: entender la seguridad como un bien público. A diferencia de los años noventa, hoy no hay un conflicto armado entre grupos insurgentes que atacan al Estado. Ese ciclo se cerró. Y es momento de reconocer que hay responsabilidades múltiples en el resurgimiento de disidencias tras la desmovilización de las FARC, así como en la recuperación del ELN. Y como también las hay en el resurgimiento de grupos criminales post AUC que hoy operan unidos bajo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia. Como lo hemos mostrado con datos y evidencia, ese proceso comenzó se ha mantenido de forma constante, incluso cuando no mediaba ni una sola negociación ni un solo diálogo.

Al Centro Democrático le conviene hoy esa narrativa. No tienen evidencia suficiente para volver a vender en 2026 la seguridad democrática de 2002. Primero, porque el éxito del pasado no garantiza eficacia en el presente. Y segundo, porque entre 2018 y 2022 —el cuatrienio de su gobierno— intentaron reeditar esa política, y fracasaron.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2018), los homicidios intencionales se redujeron de forma sostenida: pasaron de 14.871 casos en 2010 a 11.957 en 2017, consolidando el periodo más exitoso en términos de disminución de violencia letal en lo que va del siglo.

En 2018 se inició un nuevo pico, que revirtió esa tendencia decreciente. Aunque en 2020 se registró un mínimo de 12.010 casos —probablemente influenciado por el confinamiento—, a partir de 2021 los homicidios volvieron a aumentar de forma pronunciada: 13.686 ese año, y 13.540 en 2022, al cierre del mandato. La segunda mitad del gobierno Duque estuvo marcada por una intensificación sostenida de la violencia letal.

Además, los hurtos a personas, motocicletas y comercios se dispararon, especialmente tras la pandemia; la violencia intrafamiliar creció de manera constante hasta superar las 128.000 denuncias anuales. La criminalidad urbana se intensificó. La extorsión se consolidó como una amenaza persistente, en un contexto marcado por la fragmentación del orden público, la expansión de economías criminales regionales y una institucionalidad desbordada, sin capacidad efectiva de contención ni redistribución estratégica de la Fuerza Pública.

En lo que va del gobierno de Gustavo Petro, los niveles de homicidio se han mantenido prácticamente estables: recibió el país con 13.540 casos, y las cifras para 2023 (13.555) y 2024 (13.497) confirman una meseta persistente. Aunque no se ha profundizado el deterioro, tampoco se vislumbra una reducción estructural. La violencia homicida sigue instalada como un fenómeno crónico, sin señales claras de reversión.

Algo similar ocurre con las graves violaciones de derechos humanos, particularmente en desplazamientos, confinamientos y el reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes. Las cifras revelan no solo una grave situación humanitaria, sino, sobre todo, una profundamente preocupante.

Persisten desafíos estructurales en la contención de la violencia letal, en la consolidación de una justicia territorial eficaz y en la reducción de delitos de alto impacto asociados al crimen organizado. A esto se suma otro fenómeno inquietante: en delitos cuya medición depende de la denuncia ciudadana —como la extorsión, los delitos sexuales o la violencia basada en género— se observa una caída sostenida en la confianza institucional. Especialmente en ciudades como Barranquilla, Medellín y Bogotá, donde la criminalidad se ha sofisticado al punto de cooptar los canales tradicionales de reporte ciudadano.

Como lo mostramos en nuestro balance anual, la política de seguridad del actual gobierno no puede calificarse como fallida, pero tampoco ha sido transformadora. Ha mostrado capacidad de respuesta en frentes críticos, pero sigue sin una arquitectura sólida de seguridad integral, con enfoque territorial, articulación institucional y legitimidad sostenida.

El principal problema de la seguridad no es —como asegura el Centro Democrático— que la izquierda gobierne. De hecho, en redes sociales ha sido frecuente el llamado no al cese de la violencia, sino a su incremento. La marcha de hoy no gritaba justicia. Gritaba “Petro asesino”. Y por esa misma vía volvemos a transitar un camino ya conocido: el de relajar lo que tanto nos ha costado construir, que es un país con una mejora paulatina y sostenida en distintos tipos de violencia, especialmente en la violencia política.

Desafortunadamente, parece que no vamos por ese camino.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derecho humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.