Por Paula Aguirre Ospina
A las 8:00 a.m. del 29 de mayo de 2022, Iván Duque, el presidente de Colombia hasta el próximo 6 de agosto, salió a votar bajo el despliegue de una alfombra roja que lo llevó hasta la mesa de votación número 1 en la Plaza de Bolívar -al mejor estilo de la realeza inglesa-. Mientras tanto, a más de 900 km por carretera, en el departamento de Sucre, las personas luchaban por ejercer su derecho al voto en puestos inundados como consecuencia del desbordamiento del Río Cauca.
Así de grande puede leerse la distancia existente entre la actual clase política que gobierna y las comunidades a lo largo y ancho del país que actualmente exigen un sinnúmero de garantías de derechos humanos como la superación de la pobreza, seguridad alimentaria, acceso a salud, educación y vivienda digna, garantías de seguridad, protección del medio ambiente, igualdad de trato y de oportunidades, respeto por la vida y cumplimiento del Acuerdo de Paz, entre otros.
En el marco de las anteriores exigencias se encuentra también la política de drogas como un tema que ha sido transversal a las campañas y debates tanto a Congreso como a la Presidencia de la República, por lo que es importante tener en cuenta que el país se encuentra ante un cambio de paradigma regional e internacional en el que se reconoce que la “guerra contra las drogas” se perdió hace décadas y es necesario que nos pensemos alternativas que respondan a este cambio y a la realidad propia de los países, sin seguir necesariamente una línea impuesta por otros.
Ahora, ¿los candidatos entienden esta necesidad de cambio? Si hacemos una búsqueda rápida en los programas de gobierno, la palabra “drogas” sale 5 veces en el programa de Gustavo Petro, mientras que no sale ni una sola vez en el de Rodolfo Hernández. Las menciones del programa de Petro se enmarcan bajo el capítulo quinto titulado “dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz”, refiriéndose a un tránsito hacia la regulación de las drogas de la mano de la reparación de las víctimas, al reconocimiento de una guerra perdida, la importancia de incorporar una agenda con enfoque de derechos humanos, la prohibición expresa del glifosato y el tránsito a economías productivas.
Por su parte, el programa de Hernández, bajo el apartado de “el campo” se refiere únicamente a los usos medicinales del cannabis, coca y amapola al proponer la implementación de modelos asociativos entre pequeños, medianos y grandes productores que contribuirán a la erradicación de cultivos de uso ilícito.
Respecto al consumo de sustancias psicoactivas, el término se encuentra 1 vez en el programa de Rodolfo Hernández, mientras que está 4 veces en el de Gustavo Petro. En cuanto al primero, este se enmarca bajo la política de juventud, reconociendo el consumo como una problemática social. Por su parte Petro, lo nombra bajo diferentes subapartados dedicados al deporte, poblaciones vulneradas y excluidas, salud y lucha contra las economías ilegales acompañado del concepto de reducción de riesgos y daños.
Más allá de lo anterior, es importante leer las propuestas como un todo, dialogando y articulándose entre sí, ya que estas responden no solo a promesas plasmadas en un documento, sino a una visión de país. Por lo que, aunque algunos analistas políticos concluyeron tras la primera vuelta que las y los votantes piden un cambio, existen diferencias sustanciales entre uno y otro candidato a la hora de asegurar la posibilidad de cumplir con lo propuesto, que nos exigen una mayor responsabilidad a la hora de elegir el próximo 19 de junio.
Ante este panorama, las diferencias y los matices entre uno y otro candidato contribuirán para que los próximos 18 días sean decisivos en términos de que las propuestas lleguen al mayor número de personas y que esta posibilidad se traduzca en un mayor número de votos al que cada uno logró el 29 de mayo, en el que hubo una participación del 54.91% del potencial electoral para 2022 y la abstención más baja en los últimos 20 años, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Así que, bajo la expectativa de que la participación aumente significativamente para la segunda vuelta electoral, esperamos que el próximo gobierno sea capaz de responder al llamado de un país que pide a gritos un cambio y que, al mismo tiempo, este cambio incluya una reforma a la política actual de drogas, dejando de lado la discriminación, la criminalización, el clasismo y todos los defectos que la prohibición ha incorporado, apostando por un verdadero enfoque de derechos humanos y una política de drogas a la colombiana.
*Integrante de Elementa DDHH
Por Paula Aguirre Ospina
A las 8:00 a.m. del 29 de mayo de 2022, Iván Duque, el presidente de Colombia hasta el próximo 6 de agosto, salió a votar bajo el despliegue de una alfombra roja que lo llevó hasta la mesa de votación número 1 en la Plaza de Bolívar -al mejor estilo de la realeza inglesa-. Mientras tanto, a más de 900 km por carretera, en el departamento de Sucre, las personas luchaban por ejercer su derecho al voto en puestos inundados como consecuencia del desbordamiento del Río Cauca.
Así de grande puede leerse la distancia existente entre la actual clase política que gobierna y las comunidades a lo largo y ancho del país que actualmente exigen un sinnúmero de garantías de derechos humanos como la superación de la pobreza, seguridad alimentaria, acceso a salud, educación y vivienda digna, garantías de seguridad, protección del medio ambiente, igualdad de trato y de oportunidades, respeto por la vida y cumplimiento del Acuerdo de Paz, entre otros.
En el marco de las anteriores exigencias se encuentra también la política de drogas como un tema que ha sido transversal a las campañas y debates tanto a Congreso como a la Presidencia de la República, por lo que es importante tener en cuenta que el país se encuentra ante un cambio de paradigma regional e internacional en el que se reconoce que la “guerra contra las drogas” se perdió hace décadas y es necesario que nos pensemos alternativas que respondan a este cambio y a la realidad propia de los países, sin seguir necesariamente una línea impuesta por otros.
Ahora, ¿los candidatos entienden esta necesidad de cambio? Si hacemos una búsqueda rápida en los programas de gobierno, la palabra “drogas” sale 5 veces en el programa de Gustavo Petro, mientras que no sale ni una sola vez en el de Rodolfo Hernández. Las menciones del programa de Petro se enmarcan bajo el capítulo quinto titulado “dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz”, refiriéndose a un tránsito hacia la regulación de las drogas de la mano de la reparación de las víctimas, al reconocimiento de una guerra perdida, la importancia de incorporar una agenda con enfoque de derechos humanos, la prohibición expresa del glifosato y el tránsito a economías productivas.
Por su parte, el programa de Hernández, bajo el apartado de “el campo” se refiere únicamente a los usos medicinales del cannabis, coca y amapola al proponer la implementación de modelos asociativos entre pequeños, medianos y grandes productores que contribuirán a la erradicación de cultivos de uso ilícito.
Respecto al consumo de sustancias psicoactivas, el término se encuentra 1 vez en el programa de Rodolfo Hernández, mientras que está 4 veces en el de Gustavo Petro. En cuanto al primero, este se enmarca bajo la política de juventud, reconociendo el consumo como una problemática social. Por su parte Petro, lo nombra bajo diferentes subapartados dedicados al deporte, poblaciones vulneradas y excluidas, salud y lucha contra las economías ilegales acompañado del concepto de reducción de riesgos y daños.
Más allá de lo anterior, es importante leer las propuestas como un todo, dialogando y articulándose entre sí, ya que estas responden no solo a promesas plasmadas en un documento, sino a una visión de país. Por lo que, aunque algunos analistas políticos concluyeron tras la primera vuelta que las y los votantes piden un cambio, existen diferencias sustanciales entre uno y otro candidato a la hora de asegurar la posibilidad de cumplir con lo propuesto, que nos exigen una mayor responsabilidad a la hora de elegir el próximo 19 de junio.
Ante este panorama, las diferencias y los matices entre uno y otro candidato contribuirán para que los próximos 18 días sean decisivos en términos de que las propuestas lleguen al mayor número de personas y que esta posibilidad se traduzca en un mayor número de votos al que cada uno logró el 29 de mayo, en el que hubo una participación del 54.91% del potencial electoral para 2022 y la abstención más baja en los últimos 20 años, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Así que, bajo la expectativa de que la participación aumente significativamente para la segunda vuelta electoral, esperamos que el próximo gobierno sea capaz de responder al llamado de un país que pide a gritos un cambio y que, al mismo tiempo, este cambio incluya una reforma a la política actual de drogas, dejando de lado la discriminación, la criminalización, el clasismo y todos los defectos que la prohibición ha incorporado, apostando por un verdadero enfoque de derechos humanos y una política de drogas a la colombiana.
*Integrante de Elementa DDHH