El triunfo del “NO” no fue una victoria exclusiva del Centro Democrático; ni el éxito del “odio y del rencor”, como manifestó Rodrigo Londoño; y tampoco fue producto de la indiferencia de las regiones más urbanizadas y ciudades principales con el padecimiento de la periferia.
Si se tiene en cuenta que, parte de los puntos negociados en La Habana, representan aspectos fundamentales tendientes a la inclusión y la justicia social; y que, ya estamos familiarizados con amnistías y estrategias de justicia alternativa –como sucedió con los ‘Paras’ y el M19–; entonces, vale la pena preguntarse: ¿Por qué ganó el NO y sigue generando resistencia en la oposición lo acordado con las FARC?
Varios aspectos fueron los que más resistencia causaron en la opinión pública. Y en esto influyó la imagen impopular que trasmitieron las FARC, por su aspiración a una relativa impunidad y a una participación política en medio de las condenas; así como por la resistencia a pedir perdón; y la demora en aceptar el compromiso con las indemnizaciones. Aunque la fiscal Bensouda, afirmara que el Estatuto de Roma solo indicaba que las condenas debían ser acordes con los crímenes, sin especificar que implicaran cárcel, se puede suponer que cuando se trata de delitos de lesa humanidad, tal precisión resulta innecesaria.
Pero, en medio del anhelo de paz, no fue solo la laxa interpretación de la legislación internacional lo que terminó por definir la balanza hacia el “NO”. El punto que generó mayor resistencia, fue la eventualidad de que condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos. Estos dos factores, al lado de la sospecha de impunidad para otros actores como en el caso de los militares sindicados por los “falsos positivos”, constituyen, en su conjunto, acrobacias jurídicas de difícil aceptación, incluso para muchos corazones munificentes.
Por otra parte, la amenaza subyacente a la acusación de que votar por el “NO” significaba estar en contra de la paz, porque conllevaría a más muertes, fue entendido como una extorsión, a través del peor de los medios: las vidas humanas. Adicionalmente, está el tema relativo a las víctimas, a su escaso nivel de participación en el proceso; y a las posturas ambiguas respecto a las indemnizaciones.
Y, por último, hay que hacer obligada referencia a la pregunta del plebiscito, con calificativos para inducir la opinión del votante; a la sanción para que los empleados del Estado participaran en el proselitismo por el “SÍ”; a la propaganda por parte del gobierno; y a la firma de la negociación en Cartagena, ante la comunidad internacional, antes de que dichos acuerdos recibieran el respaldo en el plebiscito.
Llegados al actual momento, la primera solución para que el proceso de paz culmine exitosamente, requiere de un acto de mesura por parte de las FARC; es indispensable que sea capaz de trasmitir confianza. Y esta coyuntura constituye el momento ideal para que demuestre su reciente compromiso con la democracia, no solo atendiendo al reclamo de los colombianos del “NO”; sino respetando el requisito de la vigencia de los acuerdos a partir de un apoyo mayoritario, cosa que ya no sucedió.
Además, es importante que la guerrilla renuncie a cualquier posibilidad de que los condenados queden habilitados para participar en política, como mínimo, durante el tiempo en que cumplan sus penas. Y que la restricción a la libertad sea efectiva, así se trate de penas alternativas fuera de la cárcel.
Asimismo, es indispensable que no se exija más que eso, por legítimas que sean otras aspiraciones en materia punitiva. Insistir en lo contrario, sí podría condenar al fracaso, lo hasta ahora conseguido por el Gobierno del presidente y ahora Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.
Por último, es esencial que quede claro, de una vez por todas, que son las propias FARC las que tienen el deber de reparar a las víctimas e indemnizarlas, y no el Estado, porque lo que no puede ser es que sean las propias víctimas, las encargadas de resarcir a las víctimas.
Finalmente, ojalá la implementación de los ajustes a los acuerdos estuviera acompañada en esta ocasión de compromisos más sólidos con la justicia social; porque, nos guste o no, los guerrilleros son revolucionarios fieles a su ideología, el marxismo, y a un correspondiente proyecto político-económico. Y recordemos que sobran razones para el descontento en un país con tan altos niveles de corrupción y desigualdad.
Por lo tanto, dichos ajustes constituyen una oportunidad histórica para que se atiendan aquellos aspectos mínimos de justicia jurídica, institucional y social, que, en su conjunto, resultan indispensables para que se alcance esa anhelada paz “estable y duradera”.
*María del Rosario Vázquez Piñeros, Profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
El triunfo del “NO” no fue una victoria exclusiva del Centro Democrático; ni el éxito del “odio y del rencor”, como manifestó Rodrigo Londoño; y tampoco fue producto de la indiferencia de las regiones más urbanizadas y ciudades principales con el padecimiento de la periferia.
Si se tiene en cuenta que, parte de los puntos negociados en La Habana, representan aspectos fundamentales tendientes a la inclusión y la justicia social; y que, ya estamos familiarizados con amnistías y estrategias de justicia alternativa –como sucedió con los ‘Paras’ y el M19–; entonces, vale la pena preguntarse: ¿Por qué ganó el NO y sigue generando resistencia en la oposición lo acordado con las FARC?
Varios aspectos fueron los que más resistencia causaron en la opinión pública. Y en esto influyó la imagen impopular que trasmitieron las FARC, por su aspiración a una relativa impunidad y a una participación política en medio de las condenas; así como por la resistencia a pedir perdón; y la demora en aceptar el compromiso con las indemnizaciones. Aunque la fiscal Bensouda, afirmara que el Estatuto de Roma solo indicaba que las condenas debían ser acordes con los crímenes, sin especificar que implicaran cárcel, se puede suponer que cuando se trata de delitos de lesa humanidad, tal precisión resulta innecesaria.
Pero, en medio del anhelo de paz, no fue solo la laxa interpretación de la legislación internacional lo que terminó por definir la balanza hacia el “NO”. El punto que generó mayor resistencia, fue la eventualidad de que condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos. Estos dos factores, al lado de la sospecha de impunidad para otros actores como en el caso de los militares sindicados por los “falsos positivos”, constituyen, en su conjunto, acrobacias jurídicas de difícil aceptación, incluso para muchos corazones munificentes.
Por otra parte, la amenaza subyacente a la acusación de que votar por el “NO” significaba estar en contra de la paz, porque conllevaría a más muertes, fue entendido como una extorsión, a través del peor de los medios: las vidas humanas. Adicionalmente, está el tema relativo a las víctimas, a su escaso nivel de participación en el proceso; y a las posturas ambiguas respecto a las indemnizaciones.
Y, por último, hay que hacer obligada referencia a la pregunta del plebiscito, con calificativos para inducir la opinión del votante; a la sanción para que los empleados del Estado participaran en el proselitismo por el “SÍ”; a la propaganda por parte del gobierno; y a la firma de la negociación en Cartagena, ante la comunidad internacional, antes de que dichos acuerdos recibieran el respaldo en el plebiscito.
Llegados al actual momento, la primera solución para que el proceso de paz culmine exitosamente, requiere de un acto de mesura por parte de las FARC; es indispensable que sea capaz de trasmitir confianza. Y esta coyuntura constituye el momento ideal para que demuestre su reciente compromiso con la democracia, no solo atendiendo al reclamo de los colombianos del “NO”; sino respetando el requisito de la vigencia de los acuerdos a partir de un apoyo mayoritario, cosa que ya no sucedió.
Además, es importante que la guerrilla renuncie a cualquier posibilidad de que los condenados queden habilitados para participar en política, como mínimo, durante el tiempo en que cumplan sus penas. Y que la restricción a la libertad sea efectiva, así se trate de penas alternativas fuera de la cárcel.
Asimismo, es indispensable que no se exija más que eso, por legítimas que sean otras aspiraciones en materia punitiva. Insistir en lo contrario, sí podría condenar al fracaso, lo hasta ahora conseguido por el Gobierno del presidente y ahora Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.
Por último, es esencial que quede claro, de una vez por todas, que son las propias FARC las que tienen el deber de reparar a las víctimas e indemnizarlas, y no el Estado, porque lo que no puede ser es que sean las propias víctimas, las encargadas de resarcir a las víctimas.
Finalmente, ojalá la implementación de los ajustes a los acuerdos estuviera acompañada en esta ocasión de compromisos más sólidos con la justicia social; porque, nos guste o no, los guerrilleros son revolucionarios fieles a su ideología, el marxismo, y a un correspondiente proyecto político-económico. Y recordemos que sobran razones para el descontento en un país con tan altos niveles de corrupción y desigualdad.
Por lo tanto, dichos ajustes constituyen una oportunidad histórica para que se atiendan aquellos aspectos mínimos de justicia jurídica, institucional y social, que, en su conjunto, resultan indispensables para que se alcance esa anhelada paz “estable y duradera”.
*María del Rosario Vázquez Piñeros, Profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas