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La barbarie le gana terreno a la paz en el mundo actual. Desde 2022, con la declaración de la guerra en Ucrania, la política armamentística ha registrado un crecimiento sin precedentes, especialmente en Europa. Países de la Unión Europea han aumentado su gasto militar en más de 60%, según comunicaron sus agencias de defensa. Las aspiraciones de Washington y la OTAN pretenden que para 2035 esos países pasen de un 2% a un 5% del PBI destinado a gastos militares. Mientras esto ocurre, empresas como Rheinmetall, Mildef, Dassault Aviation y una veintena más de empresas de la industria militar continúan con un crecimiento exponencial de la rentabilidad de sus acciones, de acuerdo con datos de la Agencia Europea de Defensa (AED).
El Derecho internacional moderno está en riesgo de desaparecer. Desde la Carta del Atlántico de 1941 y el pacto de 1945, que pretendían, mediante la voluntad de los Estados, crear una institucionalidad internacional para preservar la paz, fomentar la cooperación, limitar la expansión territorial, respetar la soberanía de los pueblos y sus formas de gobierno y renunciar al uso de la fuerza, este marco parece hoy mandado a recoger. Lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero no solo vulnera los principios de la Carta de las Naciones Unidas, sino que configura un flagrante crimen agresión, tal como lo define el Estatuto de Roma, con consecuencias inimaginables para América Latina.
De manera casi sincronizada, ese mismo día, en África Occidental, Burkina Faso era objeto de un intento de golpe de Estado. Se trata de un gobierno que, pese a algunas criticas, desde septiembre de 2022 inició un proceso de redefinición nacional y descolonización efectiva, no solo por su salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) a la que acusa de someterse a intereses neocoloniales-, sino por todo el proceso de recuperación de la soberanía nacional y el distanciamiento de la dependencia colonial Europea.
Tampoco puede olvidarse a Palestina, que durante décadas ha luchado por el respeto a su autodeterminación, la existencia misma como pueblo y el respeto por su territorio. No han servido de nada el reconocimiento de su Estado por más de 150 países, ni la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Hoy, el pueblo palestino continúa siendo objeto de acciones deliberadas: asesinatos masivos, desplazamientos y un bloque que los ha condenado al genocidio. Según datos del Ministerio de Sanidad palestino, desde 2023 han muerto más de 70 mil personas y 170 mil heridos.
El autodenominado “Don Arancel” o “John Barron” (seudónimo que utilizó Donald Trump en la década de 1980), incapaz de controlar una crisis de gran magnitud en Estados Unidos -producto de la inflación, la reducción salarial, la paralización del mercado de vivienda y el aumento de la brecha de pobreza-, ha decidido, implementando una suerte de Doctrina Monroe 2.0, extender una estela de miedo y vulneración de la soberanía en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, Cuba, Colombia y México.
Sin duda, el discurso retórico de la comunidad internacional, basado en la defensa de los Derechos Humanos y una supuesta igualdad jurídica de los Estados, se convierte -como diría Zolo- en una dualidad donde impera la jerarquía de las potencias, que gozan de “exención de facto” frente a las agresiones y la criminalidad. La Justicia Internacional forma parte de ese engranaje funcional a intereses geopolíticos.
Una vez más, los pueblos, especialmente los latinoamericanos, tendremos que ser capaces de cambiar el mundo unipolar, e impedir que el derecho imperante sea para castigar a todo aquel considerado como “Estado rebelde” e impedir que impere la Justicia de los Vencedores.
*Abogado defensor de Derechos Humanos y parte de la defensa de las antiguas FARC en la JEP.
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