Por qué proteger y abrir al público el archivo de la Comisión de la Verdad

Por: Daniel Ospina Celis*

El archivo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) podría estar en riesgo. Así lo alertó la semana pasada Mauricio Katz, secretario general de la entidad. Aparentemente, la labor de organizar, digitalizar y poner a disposición del público el fondo documental de la CEV no está ni cerca de terminar, pero la CEV tiene hasta el 28 de febrero para hacerlo. Por eso, en diciembre Katz y su equipo le solicitaron al presidente Petro que extendiera la vigencia de la CEV en Liquidación (la entidad creada para acabar con los asuntos pendientes de la CEV) por otros seis meses.

Si el presidente no extiende el periodo de la CEV en Liquidación, o si la entidad no logra organizar y catalogar toda la información que recogió durante su mandato, el archivo de derechos humanos más importante del país podría perderse. Y no porque se borre o pierda indefinidamente la información, sino porque si los millones de documentos no están organizados, en la práctica consultarlos sería casi imposible. La situación es especialmente preocupante porque el archivo de la CEV juega un papel muy importante en la transición.

Durante sus casi cuatro años de trabajo, la CEV recopiló más de 14.000 entrevistas y sus transcripciones, cientos de documentos de inteligencia, decenas de documentos desclasificados del gobierno estadounidense, informes presentados por actores armados, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, expedientes de la justicia ordinaria y de la JEP y documentos de varias entidades estatales.

Toda esa información fue la base sobre la que se construyó el Informe Final. Esa información, además, constituye un archivo de derechos humanos que da cuenta de gran parte del conflicto armado y del trabajo mismo de la CEV. Como dijo Francisco de Roux en el lanzamiento del Informe, el fondo documental de la Comisión es un legado para la sociedad colombiana.

Y es que la CEV, a diferencia de otras comisiones de la verdad, tiene una apuesta transicional que supera la redacción y divulgación de un informe final. Al declarar su fondo documental como un archivo de derechos humanos, la Comisión se propuso garantizar y fomentar el acceso casi irrestricto a su archivo, en donde está toda la información que recogió durante su investigación. Maximizar el acceso a este archivo de derechos humanos incide positivamente en la transición al menos por dos motivos.

Primero, el archivo de la Comisión de la Verdad contiene múltiples voces, historias, narrativas y relatos que no necesariamente se ven reflejados en el informe. Las contradicciones y matices entre ellas no solo aportan a una construcción histórica más robusta, sino que además permiten materializar el derecho a la verdad, tanto a nivel individual como colectivo. Las experiencias de Sudáfrica, Chile y Perú muestran que al garantizar que la ciudadanía acceda a los archivos de las comisiones, inevitablemente se iluminan asuntos, situaciones o temas sobre los cuales el informe había callado. En algunos países, los archivos han servido incluso para nutrir reivindicaciones sociales en torno a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas.

Segundo, el archivo en sí mismo es un espacio vivo, en constante movimiento y reinterpretación. Un espacio que condensa la memoria del conflicto armado colombiano y que puede dar significado a las experiencias de las víctimas. No es un simple repositorio de información, sino una apuesta por construir una sociedad en la que distintas voces y narrativas coexistan en paz.

A diferencia del informe, que es un texto fijo, el archivo permite que distintas personas reinterpreten sus contenidos y encuentren múltiples narrativas y verdades al consultar millones de documentos. Es un vehículo para la memoria porque consultarlo trae el pasado al presente, permite recordar a las víctimas y promueve una cultura en la que distintos actores reinterpretan su historia y reimaginan su futuro.

La transición en Colombia perdería mucho si no contamos con un acceso amplio al archivo de la Comisión de la Verdad. No se trata únicamente de que contenga documentos públicos que nunca ha visto la ciudadanía y que son fundamentales para entender el conflicto. Su valor también reside en que el archivo abre la puerta a que voces olvidadas, en ocasiones contradictorias, sean rescatadas en un espacio en donde víctimas y perpetradores puedan compartir en paz. Ni lo uno ni lo otro será posible si la CEV en Liquidación no entrega un fondo documental ordenado y sistematizado al Archivo General de la Nación. Tampoco lo será si el Archivo General de la Nación limita el acceso de la ciudadanía al archivo. Por ahora, es urgente que el presidente Petro le dé a la Comisión el tiempo necesario para cumplir su labor y que esta, más allá de la decisión presidencial, haga todo lo posible por organizar su información.

* Investigador de Dejusticia