Por una Reforma Rural Integral descentralizada

La misión para la transformación del campo, adelantada por el Departamento Nacional de Planeación en pleno proceso de negociación del Acuerdo de Paz en la Habana, propuso categorizar los municipios colombianos en ciudades (y aglomeraciones), entidad de carácter intermedio, rural y rural dispersos.

En estas dos últimas categorías hay poco menos de 700 municipios, algo así como el 64% del total de municipios del país. En zonas rurales (y rurales dispersas) siguen coincidiendo los mayores niveles de pobreza, déficits de infraestructura, de servicios y en general una alta precariedad social. De manera diferenciada también se encuentra la presencia de actores armados. En muchos hay cultivos ilícitos o se desarrollan actividades de economía criminal como minería ilegal y deforestación. Esta es la fotografía que, dicho sea de paso, está tomada hace mucho tiempo y no se modifica.

El Acuerdo de Paz se convirtió en la narrativa esperanzadora en estos territorios, pero hoy es de todos sabido los pocos avances que se han dado en el primer punto dedicado a la Reforma Rural Integral. El actual gobierno ha hecho énfasis en ponerse al día en la implementación del Acuerdo de Paz y además ha prometido una reforma rural progresiva, con mucho énfasis en la distribución de la tierra y en la seguridad alimentaria. De hecho, al parecer algunas de las motivaciones para la renovación en el equipo de la cartera de Agricultura estuvieron relacionadas con la poca satisfacción del Presidente con el ritmo en las tareas de la reforma.

En esto hay una pieza que falta considerar. El desarrollo rural, como sector de gasto del gobierno ha sido históricamente hiper centralizado, paquidérmico y enredado en términos de procedimientos. De tal suerte que, si bien es cierto quien ocupe la cartera de agricultura tienen algún juego, al final muchas de las intencionalidades terminan ahogándose en un océano de burocracias y procedimientos en el centro de Bogotá. Existen varias alternativas que podrían ayudar a desconcentrar y sobre todo descentralizar el sector y por ende permitirían lograr ejecutorias más ágiles y además más pertinentes. Aquí proponemos algunas.

La vivienda rural es un tema que impacta la calidad de vida de miles de familias campesinas. Esta tarea bien podría estar en cabeza de los departamentos y no dejarla en los ministerios, cuya poca capacidad de llegar a los territorios más apartados les impide ser eficientes. Lo propio podría hacerse con la asistencia técnica agropecuaria que es indispensable para mejorar la productividad rural pero hoy sigue enredada en los laberintos institucionales del gobierno central. Otros temas que podrían ser delegados a entidades territoriales son la gestión de la comercialización y la logística, en algunos casos la adecuación de tierras, la formalización de la propiedad rural y el fomento de la asociatividad de productores.

Hoy es evidente que más que ofertas nacionales no necesariamente están generando mayor desarrollo rural, lo que se requiere es poder construir sistemas agroalimentarios en el territorio que logren avanzar tanto en provisión de alimentos para la seguridad alimentaria, como también en productividad rural para la generación de empleo y desarrollo económico regional.

En muchas partes de esta ecuación pueden entrar los departamentos, los municipios o los esquemas asociativos de entidades territoriales (provincias, asociaciones de municipios, regiones) que con toda seguridad tienen un conocimiento más cercano de los problemas y de las potencialidades del desarrollo rural.

Tener un enfoque territorial y concentrarse en la producción de bienes públicos rurales son acciones necesarias para una reforma rural, pero no son frentes de trabajo en los cuales se vaya a avanzar si se continua con el hiper centralismo que caracteriza al sector.

Ahora bien, claramente no se trata de girar un cheque en blanco a todas las entidades territoriales, las investigaciones de diversos centros de pensamiento han mostrado la captura de gobiernos territoriales en varias regiones, por parte de clanes y mafias. Frente a esto hoy el gobierno cuenta con esquemas técnicos y sistemas de información cada vez más precisos para hacer asignaciones eficientes de recursos y adelantar seguimiento a los resultados. Adicionalmente este es un tema alrededor del cual hay un gran tejido social que puede activarse para hacer seguimiento y control a los recursos desde las organizaciones ciudadanas.

Por suerte hoy la Misión de Descentralización del DNP está revisando el tema en sus propuestas de ajustes al modelo de descentralización. Ojalá la descentralización en el desarrollo rural pueda utilizarse como una herramienta que sin duda multiplicaría los esfuerzos y resultados en esos 700 municipios donde sus habitantes rurales siguen esperando tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

*Director - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural -Rimisp-