¿Qué paso con los bienes de las FARC-EP?

Sin lugar a dudas, luego de casi diez años, este es un tema que debería estar cerrado por parte del Estado colombiano, sobre todo porque de allí deviene parte de la reparación material a miles de las víctimas del conflicto.

Al leer detenidamente el informe interno producido por la Contraloría Delegada, se puede advertir rápidamente que lo que se expresó en los micrófonos de los medios de comunicación no corresponde a las conclusiones del documento de la Contraloría; entre otras, porque sería la primera vez que una entidad de tal magnitud ejerce su control fiscal sobre una organización insurgente al margen de la ley, que obtuvo bienes producto de la ilegalidad y que desde noviembre de 2016 dejó de existir.

Contrario a lo dicho en prensa, el Informe de Seguimiento es conclusivo al advertir que no se tienen los recursos del Estado para dar cumplimiento a las primeras Sentencias de la JEP, pues se estima que se requieren más de $121.000 millones de pesos, de los cuales se cuenta con apenas $20 mil millones. La otra gran conclusión del documento es que los bienes entregados por las FARC-EP, monetizados, fueron utilizados en su totalidad para la reparación de las víctimas; informes de la misma Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas dan cuenta de que al menos 2300 personas y 25 sujetos de reparación colectiva fueron reparados con la monetización de los bienes de la extinta guerrilla.

La contribución a la reparación de las víctimas por parte de los grupos que suscriben Acuerdos con el Estado es inédita en Colombia; guardadas las proporciones políticas, del proceso con los grupos paramilitares de las AUC, entregaron una cifra de al menos 113.000 millones de pesos, sumado a que cientos de los bienes inmuebles entregados al Fondo de Reparación aún se encuentran ocupados por terceros.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, emerge un nuevo paradigma para la reparación y dignificación de todas las víctimas del conflicto. Los puntos de lo pactado, especialmente la tierra y la participación democrática, reparan en parte lo que por décadas la violencia le arrebató a miles de personas. Sumado a ello, el Acuerdo fue claro en indicar que una vez la extinta guerrilla ocupara las Zonas Veredales, debía hacer el inventario de los bienes producto de la economía de guerra para que fueran entregados con la verificación de la ONU.

Las cifras son certeras; la ONU recibió más de 9.000 armas, más de 14.000 granadas y casi 2.000.000 de municiones, material con el que se construyeron los monumentos en Nueva York, Bogotá, y un tercero pendiente por construir en La Habana. En dinero, fueron miles de dólares y de pesos entregados, sumado a cientos de kilogramos de oro y joyas subastados en diciembre de 2020, bajo el Gobierno de Iván Duque, y que ascendieron a una cifra superior a 11 millones de dólares.

Los firmantes de paz han cumplido cabalmente con sus compromisos; sin embargo, alcanzar el 100% de éxito en una labor tan compleja resulta casi imposible. La normatividad colombiana es incompetente para recibir, por ejemplo, los más de 240 bienes inmuebles identificados (muchos de ellos en zonas de baldíos), o la monetización de al menos 1800 bienes muebles y enseres, ni mucho menos para recibir miles de kilómetros de vías terciarias construidas por la extinta guerrilla en época de guerra. La reedición de la violencia ha sido otro factor: Jorge Iván Ramos, firmante de paz, fue asesinado por el ELN en cumplimiento de actividades de enlace para el proceso de identificación y entrega de bienes, y no es el único caso.

Con este panorama, uno creería que los entes de control deberían girar su mirada hacia donde realmente está el problema. La Corte Constitucional en 2018 fue enfática en indicar que las autoridades, y especialmente la Fiscalía General, debían adoptar las acciones respectivas para que tales bienes, después de entregados, cumplieran su función. ¿Esto realmente se cumplió? Lo cierto es que hoy, con o sin informes de la Contraloría, millones de víctimas esperan ser reparadas integralmente por el Estado y es el Estado el que debe solucionar sus entuertos normativos.

*Abogado defensor de Derechos Humanos y parte de la defensa de las antiguas FARC en la JEP.

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